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N° 62.113 Fecha: 27-XII-2006
La Coordinadora Nacional del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político del Ministerio del Interior se ha dirigido a esta Contraloría General solicitando que se determine la admisibilidad de la información para perpetua memoria que establecen los artículos 909 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, como un medio de prueba útil para acreditar los hechos en que se fundamenta el otorgamiento de los beneficios que concede la Ley N° 19.234 a los exonerados políticos, toda vez que, conforme lo precisa, esta Entidad de Control no ha mantenido un criterio uniforme sobre el particular.
Al respecto, y tal como lo señala la ocurrente en su presentación, es dable hacer presente que si bien esta Entidad de Control reconoció, por medio de dictámenes Nos. 49.527, de 2000; 26.726, de 2001 y 49.745, de 2002, entre otros, la idoneidad de la información para perpetua memoria, para acreditar, en el marco de, la citada Ley N° 19.234, el desempeño en un cargo o función precisa en una época o fecha determinada, de sus oficios Nos 25.769 y 28.208, ambos del presente año, se desprende que tal información fue desechada en otros casos como medio apto para acreditar el ejercicio de un cargo que habilite para percibir los beneficios previsionales que concede ese texto normativo.
Previo al análisis de la cuestión planteada, resulta necesario recordar que, tal como ya lo ha expresado esta Contraloría General en su dictamen N° 42.238, de 2006, compete a esta Entidad Fiscalizadora, en ejercicio de su función de control de la juridicidad de los actos de la Administración, revisar si en éstos concurren todos los requisitos objetivos previstos por la ley para conceder los beneficios que otorga la señalada Ley N° 19.234, incluido el hecho objetivo de haberse efectuado la calificación de exonerado político, pero sin que esto último importe revisión del mérito conforme al cual el Jefe de Estado ha llegado a la convicción de la naturaleza política de los motivos de la exoneración, atendido lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 19.234, que concede al Presidente de la República la facultad de resolver privativamente sobre esta materia.
Efectuada la precisión que antecede, es útil señalar, en primer término, que examinada la preceptiva contenida en el referido cuerpo legal, no se advierte norma alguna que establezca de un modo general la forma cómo se acreditarán los hechos que sirven de fundamento a los derechos que en ella se contemplan.
Por el contrario, sólo para determinadas materias el legislador se ocupó de señalar normas sobre el particular.
En efecto, el artículo 3° de la Ley N° 19.234 otorga a los ex funcionarios y trabajadores que menciona, que hayan sido exonerados por motivos políticos durante el lapso que señala, el derecho de solicitar del Presidente de la República los abonos de años de afiliación y los beneficios de pensiones no contributivas que prescribe, agregando el artículo 7° del mismo texto normativo, que para acreditar la calidad de exonerado político los interesados deberán presentar, una solicitud en la que indicarán las circunstancias de la exoneración, especialmente las relativas a sus motivos políticos, las que se probarán en la forma que se indica en los artículos siguientes.
A su turno, el artículo 8° de la citada ley dispone, en lo que interesa, que para los efectos antes mencionados, se considerará como exonerados políticos a los ex trabajadores que hayan sido despedidos por causas que se hubieren motivado en consideraciones de orden político y que consten de algún modo fehaciente, tales como la figuración del exonerado en los documentos que señala como activista político o como miembro de partidos políticos proscritos o declarados en receso o que hubieren sido privados de libertad en la forma que el precepto legal en cuestión establece.
Asimismo, es menester hacer presente que el artículo 9° de la Ley N° 19.234, expresa que podrá admitirse, sin necesidad de ninguna otra acreditación, que la exoneración tuvo motivos políticos si ella ocurrió en el lapso comprendido entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973.
El inciso segundo del indicado precepto legal señala que en los demás casos, será materia de acreditación por el interesado si la exoneración pudo o no tener motivos políticos, para cuyo efecto se considerarán todos los instrumentos públicos o auténticos disponibles, tales como aquellos que, de manera ilustrativa, enumera esa disposición.
Finalmente, el inciso tercero del citado artículo 9°, reemplazado por la Ley N° 19.582, prescribe que, "en caso de inexistencia, pérdida o destrucción de dichos instrumentos que aparezca debidamente justificada, podrá admitirse cualquier documento o instrumento que constituya principio de prueba por escrito y que demuestre, en forma fehaciente, la existencia de los móviles políticos de la exoneración. Estos podrán complementarse con informaciones sumarias de a lo menos tres testigos contestes en los hechos de que se trate, la que será igualmente materia de calificación privativa".
De igual manera, es dable expresar que el inciso quinto del artículo 12 de la citada Ley N° 19.234 reglamenta también la forma de acreditar las remuneraciones de los trabajadores a que dicho precepto alude.
Como puede apreciarse, la Ley N° 19.234 sólo se ocupó de prescribir los medios de prueba útiles para la acreditación de la motivación política de la exoneración y las remuneraciones antes referidas, sin establecer normas acerca de la forma de acreditar los otros hechos que interesan.
Consignado todo lo anterior, conviene hacer presente enseguida, para los efectos de resolver el asunto planteado, y tal como lo señala la autoridad requirente, que las "informaciones sumarias", entre ellas las de testigos, son diversas de las "informaciones para perpetua memoria" por las que se consulta.
En efecto, si bien no existe en el ordenamiento jurídico administrativo una definición de "información sumaria", sirve para ilustrar su significado lo prescrito en el artículo 818 del Código de Procedimiento Civil, precepto este último que señala que "se entiende por información sumaria la prueba de cualquiera especie, rendida sin notificación ni intervención de contradictor y sin previo señalamiento de término probatorio". .
Luego, la información sumaria de testigos a que alude el artículo 9° de la Ley N° 19.234 consiste en una simple declaración de la cantidad de testigos que ese precepto legal indica -sin otra formalidad que la de constar, por escrito-, que se encuentren contestes en el hecho que a través de ese medio se puede acreditar, esto es, la motivación política de la exoneración, información que, en todo caso, y tal como lo prescribe el señalado precepto legal, sólo es útil como complemento de los documentos o instrumentos que constituyan un principio de prueba por escrito de la motivación política de la exoneración, en aquellos casos en que tal circunstancia no sea factible de ser acreditada con los instrumentos públicos o auténticos que la misma norma señala, por inexistencia, pérdida o destrucción de ellos.
Por su parte, conforme a lo establecido en el Título XIV del Libro Cuarto del mismo código procesal, compuesto de los artículos 909 a 914, la "información para perpetua memoria" corresponde a un medio de prueba testimonial revestido de mayor formalidad que la simple información sumaria, pues requiere que su producción sea admitida por un Tribunal, luego de oír al Defensor Público, órgano jurisdiccional que accederá a ello sólo en la medida que no se refiera a hechos de que pueda resultar perjuicio a una persona conocida y determinada, información que, en todo caso, y conforme se prescribe en el artículo 914 del señalado Código, tiene el valor de una presunción legal.
Precisado lo anterior, es menester tener en consideración que esta Entidad de Control ha resuelto, en términos generales, a través de sus dictámenes Nos 40.462, de 1972; 32.421, de 1981; 18.013, de 1982 y 8.252, de 1983, que carecen de relevancia probatoria las informaciones para perpetua memoria en aquellos casos en que la propia ley ha señalado una forma precisa y, por cierto, diversa, de acreditar alguna situación o circunstancia, o bien cuando dicha información no cumple con los requisitos especiales que la normativa legal ha podido prever cuando la ha considerado expresamente.
En todo caso, no puede dejarse de tener en consideración que esta Contraloría General, a través de sus dictámenes Nos 40.241, de 1966; 1.160, de 1967 y 22.344, de 1983, ha señalado que en aquellos casos en que resulta imposible acreditar algún hecho por los medios más idóneos, por haberse éstos extraviado o destruido, procede aceptar como prueba la información para perpetua memoria.
Como puede apreciarse, y no existiendo una norma especial sobre la forma de acreditar los hechos en que se fundamentan los derechos que se reclaman frente a la Administración del Estado, ni menos aún acerca del mérito probatorio de las probanzas, este Organismo Fiscalizador ha admitido las informaciones para perpetua memoria en aquellas situaciones en que se han extraviado o destruido los documentos más idóneos para tener por establecido un hecho, como pueden ser las copias de los respectivos actos administrativos o los registros en que consta aquello que debe ser certificado por una autoridad.
Sobre el particular, es dable agregar que el criterio antes expuesto se encuentra actualmente contenido en el artículo 35 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos -texto normativo que entró en vigor el 29 de mayo de 2003, data de su publicación en el Diario Oficial-, que prescribe que "los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia".
Luego, del claro tenor de la norma antes transcrita se colige que, en la medida que no exista una disposición legal que determine la manera precisa de acreditar un hecho, y su valoración como medio de prueba, existe hoy en día, y desde la data antes referida, una norma legal de carácter general que permite acreditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho, aquellos hechos relevantes para que la autoridad resuelva lo que corresponda en un procedimiento administrativo, añadiendo que el grado de convicción de la prueba será apreciado en conciencia por esta última.
En consecuencia, desde la entrada en vigor de la señalada Ley N° 19.880, y encontrándose regulada la información para perpetua memoria en los artículos 909 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sólo es dable concluir que ésta resulta del todo admisible en los procedimientos administrativos, salvo, por cierto, que exista una norma legal que establezca de un modo preciso y diverso la manera de acreditar un hecho.
Al respecto, cabe añadir que la circunstancia de que la autoridad administrativa pueda apreciar en conciencia el mérito probatorio de los medios de prueba producidos en un procedimiento administrativo, no significa, tal como lo precisa la doctrina, que no deba quedar consignado en el acto decisorio los antecedentes o razonamientos que han conducido a la autoridad a dar por establecidos los hechos respectivos, toda vez que lo contrario importaría confundir la discrecionalidad que concede el ordenamiento jurídico con la arbitrariedad.
Además, y atendido que los actos administrativos terminales deben necesariamente ser fundados, conforme se prescribe en el inciso cuarto del artículo 41 de la referida Ley N° 19.880, corresponde a la autoridad que los dicta señalar de qué manera llegó a la convicción de la veracidad de los hechos que se dan por acreditados, para lo cual deberá ponderar debidamente todos los medios de prueba que se hayan hecho valer y aquellos de que disponga.
Lo expuesto, resulta particularmente aplicable en la especie, en lo que se relaciona con la necesidad de verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el otorgamiento de las pensiones no contributivas y la determinación de su monto, función que los artículos 12 y 20 de la Ley N° 19.234 encargan, según corresponda, al Instituto de Normalización Previsional y a las respectivas Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional.
En efecto, y no obstante que la Ley N° 19.234 señala que corresponde privativamente al Jefe de Estado, tanto la calificación de la motivación política de la exoneración como el otorgamiento de los beneficios de cargo fiscal de que se trata, lo prescrito en las normas legales citadas precedentemente obliga a la autoridad respectiva, en relación con la concesión de los indicados beneficios, a señalar cuáles fueron los elementos de convicción para entender satisfechos los requisitos necesarios para su otorgamiento.
Precisado todo lo anterior, y teniendo en consideración que la Ley N° 19.234 no contiene normas generales acerca de la forma de acreditar los hechos en que se fundamentan los derechos que ese texto legal concede, salvo las excepciones antes revisadas, sólo cabe colegir que la información para perpetua memoria resulta plenamente válida para esos fines, tanto en situaciones verificadas antes como después de la citada Ley N° 19.880.
En este orden de ideas, cumple esta Entidad de Control con añadir finalmente que, para los efectos de lo dispuesto en el citado inciso tercero del artículo 9° de la Ley N° 19.234, procede aceptar que la motivación política de la exoneración pueda acreditarse con una información para perpetua .memoria, pues ésta constituye una declaración de testigos revestida de mayores formalidades que la simple información sumaria que en esa norma se acepta, pero en todo caso, siempre ha de tener el carácter complementario de los documentos o instrumentos que allí se señalan, al igual que la información sumaria de testigos.
Reconsidérense los oficios N°s. 25.769 y 28.208, ambos de 2006, de esta Entidad de Control y devuélvanse a la División de Toma de Razón y Registro, con sus antecedentes, las resoluciones N°s 4.403; 5.108 y 8.326, todas de 2006 y del Ministerio del Interior, para los efectos que procedan.