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N° 49.745 Fecha: 3-XII-2002
Ex funcionario del Instituto de Desarrollo Agropecuario, exonerado político, ha reclamado a esta Contraloría General de la determinación de la pensión no contributiva, por gracia, de que disfruta conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.234, modificada por las Leyes N° 19.350 y 19.582, toda vez que, a su entender, aparte de haberse aplicado, en lugar del inciso segundo, el inciso tercero del artículo 12 de dicho cuerpo legal, la asimilación practicada al 10 de marzo de 1990 respecto del cargo en que cesó en actividad el 1 de octubre de 1973, no guardaría ninguna equivalencia con las funciones que tenía asignadas al 11 de septiembre de ese último año.
Requerido acerca del particular, el Instituto de Normalización Previsional, mediante oficio ordinario S.G. N° 8402-02-3./, de 2002, al que ha adjuntado el oficio ordinario EXO/AL N° 026/, de igual año, de su Oficina Proyecto Exonerado Político, y el respectivo expediente previsional, ha manifestado que el beneficio en cuestión se encontraría correctamente determinado, ya que, sin perjuicio de haberse encuadrado en la regla legal invocada por el recurrente, no correspondería modificar la asimilación de que se trata en los términos del inciso sexto del artículo 12 de la Ley de Exonerados en vigor, por no haberse comprobado en autos las condiciones de desempeño alegadas por el recurrente.
Sobre el problema planteado, cabe advertir que, de los antecedentes tenidos a la vista, tanto los aportados por el propio peticionario y por aquella Entidad Previsional, como los que obran en poder de este Organismo Contralor, a la luz de las normas legales y reglamentarias pertinentes, se evidencia que sólo es posible acceder en parte al reclamo formulado en esta oportunidad.
Esto, en razón de que en los referidos documentos, registros y anotaciones consta que, no obstante haberse liquidado la cuestionada pensión no contributiva, por gracia, con sujeción a lo previsto en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley N° 19.234, con sus ulteriores modificaciones legales, como ha sido posible verificar a través de la revisión practicada por esta Institución Fiscalizadora, no ha ocurrido lo mismo en lo concerniente al grado de asimilación que ha debido considerarse al 10 de marzo de 1990 para el recién anotado propósito.
Lo anterior, por cuanto a diferencia de lo argumentado por el Instituto de Normalización Previsional, como se acredita, además de otros instrumentos examinados en esta ocasión, con la información sumaria de testigos para perpetua memoria aprobada por el Primer Juzgado Civil de San Miguel en causa rol V-64-2002, que se acompaña, el interesado se desempeñó entre el 7 de mayo de 1971 y el 30 de septiembre de 1973, como Asistente de Desarrollo Social, ejerciendo, en el marco interno del Instituto de Desarrollo Agropecuario, funciones que excedieron por demás a las inherentes a las categorías X y IX profesionales en las cuales trabajó allí sucesivamente a contrata entre las dos indicadas fechas.
De ahí, entonces, que lo descrito en el párrafo precedente permite inferir que el afectado se encontraba al 11 de septiembre de 1973 en la situación contemplada en el inciso sexto del artículo 12. de la Ley de Exonerados en actual vigencia, de suerte tal que se hace necesario modificar la asimilación de que ha sido objeto hasta el presente la plaza ocupada a esa data por recurrente.
Ahora bien, considerando no sólo lo estipulado en el precitado precepto legal y en el Reglamento del antes mencionado texto legal, contenido en el decreto supremo N° 39, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificado por el decreto supremo del mismo origen N° 1, de 2000, sino también lo señalado en el decreto supremo N° 3.965, de 1962, del Ministerio de Hacienda, reglamentario de la parte final del inciso tercero del artículo 132 del DFL N° 338, de 1960, y la Planta del Personal del Instituto de Desarrollo Agropecuario consultada en el artículo 46 de la Ley N° 18.827, la asimilación del caso debe practicarse al 10 de marzo de 1990 en relación a la plaza de Jefatura A, Nivel I, grado 9° de la Escala Unica de Sueldos.
En consecuencia, habida consideración de los fundamentos de hecho y de derecho que anteceden, esta Contraloría General acoge en definitiva del modo reseñado la presentación, por su asidero jurídico, y la remite, por consiguiente, con toda la documentación que se le anexa, incluido el expediente previsional acompañado, a fin de que, a la mayor brevedad, ese Instituto de Normalización Previsional adopte las medidas conducentes a regularizar, en el menor tiempo posible, la situación previsional de que se da cuenta en el cuerpo de este pronunciamiento.