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DICTAMEN N° 042238

Declaración de quiebra que pudo afectar a una Empresa del estado o de aquellas empresas privadas en que el Estado o sus organismos hubieren tenido participación directa superior al 50 por ciento del capital, durante el lapso comprendido entre el 11/9/73 y el 10/3/90, no incide en el otorgamiento de los beneficios del art/3 de la ley 19234. Ello, porque las normas legales que regían la quiebra entre el 11/9/73 y el 10/3/90, corresponden a las leyes 4558 y, luego, a la 18175, cuyos artículos 61 y 64 inc/2 , respectivamente, contenían el mismo precepto, a saber, "el desasimiento no transfiere la propiedad de los bienes del fallido a sus acreedores, sino sólo la facultad de disponer de ellos y de sus frutos hasta pagarse de sus créditos". Por ende, la declaración de quiebra no significaba para la persona natural o jurídica propietario de la empresa, la pérdida del dominio de sus bienes, de manera que si continuaba siendo dueño de su patrimonio y la personalidad jurídica de que gozaba antes de la declaratoria debió subsistir en todo su vigor luego de la sentencia, pues de otro modo no sería posible atribuirle dicha titularidad de dominio. Al subsistir dicha personalidad jurídica del fallido, se entiende también que la sentencia declaratoria de quiebra tampoco podía alterar los estatutos sociales ni el régimen societario de propiedad anterior a dicha resolución judicial, por lo cual, no puede sostenerse que tal fallo haya podido ser causa idónea para alterar la cualidad de tratarse de aquellas empresas señaladas en el citado art/3 de la ley 19234. No obstante, no existen antecedentes que precisen la naturaleza jurídica de la empresa IMMAR S.A., por lo cual no basta la sola aseveración de la autoridad administrativa, en cuanto a que la empresa en cuestión era estatal o privada de aquellas que permiten otorgar el beneficio del citado art/3, debiendo aportarse elementos suficientes para fundar ese aserto

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N° 42.238 Fecha: 06-IX-2006 El Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, mediante ordinario N° 1.473/05, de 2005 ha remitido nuevamente para su examen de legalidad la resolución 1797/2005 del Ministerio del Interior, en cuya virtud se declara la calidad de exonerado político y se concede pensión no contributiva, por gracia, a don XX ex empleado de Industrias Mecánicas y Metalúrgicas Reunidas, "IMMAR SA, solicitando, asimismo, a esta Contraloría General reconsiderar su oficio N° 24.212, de 2005, que devolvió sin tramitar la señalada resolución N° 1.797, de 2005: Funda su petición el Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, del Ministerio del Interior, en que la empresa IMMAR S.A. habría tenido la calidad de empresa del Estado a la época en que se produjo la desvinculación de don XX y no la de empresa privada intervenida como lo sostiene el oficio N° 24.212, de 2005, de esta Entidad de Control, motivo por el cual, la declaración de quiebra de dicha empresa no obstaría al otorgamiento de los beneficios que consagra la ley N° 19.234. En relación con lo anterior, cabe recordar que en el dictamen N° 24.212 de 2005, este Organismo Contralor sostuvo que atendido que a la época de la desvinculación del señalado trabajador, 31 de julio de 1976, la empresa en la que prestaba servicios había sido declarada en quiebra mediante resolución judicial del 4° Juzgado Civil de Santiago, de fecha 23 de julio de 1976, no sería procedente reconocerle el carácter de exonerado político, puesto que el juicio de quiebra regulado por la ley N° 18.175 -actual Libro IV del Código de Comercio-, constituye un procedimiento sustanciado por los Tribunales de Justicia en que pese a admitirse la intervención de la autoridad administrativa representada por la Superintendencia de Quiebras, no supone decisiones políticas, sino meramente judiciales y económicas. Sobre la materia de que se trata, conviene tener presente que el inciso primero del artículo 3° de la ley N° 19.234, dispone, en lo que interesa, que los ex funcionarios de las empresas autónomas del Estado, que hayan sido exonerados por motivos políticos, durante el lapso comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, tendrán derecho a solicitar del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio del Interior, los abonos de años de afiliación y los beneficios de pensiones no contributivas por gracia, que se autorizan en los artículos siguientes. Agrega el inciso segundo, que en el concepto de empresas autónomas del Estado a que se refiere el inciso anterior, se entenderán incluidas las empresas privadas en que el Estado o sus organismos hubieren tenido una participación directa superior al 50% del capital a la fecha de la respectiva exoneración. Ahora bien, como se logra desprender de la norma legal antes citada, los beneficios a que ella alude, favorecen, entre otros, a los ex trabajadores de las empresas autónomas del Estado y de aquellas empresas privadas en que el Estado o sus organismos hubieren tenido una participación directa superior al 50% del capital de las mismas, y que hubieren sido exonerados por motivos políticos en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Luego, es posible colegir que los requisitos previstos por la ley N° 19.234 para impetrar la pensión de la especie, son que el interesado haya prestado servicios en alguna de las entidades a que se refiere el artículo 3° de ese texto, que dicha persona haya sido exonerada dentro del período temporal que allí se indica y que la exoneración se haya debido a motivaciones políticas, materia esta última cuya calificación corresponde de manera privativa al Presidente de la República, de conformidad al artículo 10 del mismo cuerpo legal. De este modo, corresponde dejar establecido que compete a esta Entidad Fiscalizadora, en ejercicio de su función de control de juridicidad de los actos de la administración, revisar si en los actos que se le presentan concurren todos los requisitos objetivos previstos por la ley para conceder los beneficios como los que por el acto en trámite se otorgan, incluido el hecho objetivo de haberse efectuado la calificación de exonerado político, pero sin que esto último importe revisión del mérito conforme al cual el Jefe de Estado ha llegado a la convicción de la naturaleza política de los motivos involucrados en la exoneración. Precisado lo anterior, y en cuanto a la incidencia de la declaratoria de quiebra de que fue objeto la empresa IMMAR S.A. respecto de la posibilidad de considerar a sus trabajadores como exonerados políticos para lo efectos de configurar el beneficio impetrado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.234, cabe expresar que luego de un nuevo estudio de los antecedentes, esta Contraloría General estima que la declaración de quiebra que pudo afectar a una empresa del Estado o de aquellas empresas privadas en que el Estado o sus organismos hubieren tenido una participación directa superior al 50% del capital, durante el lapso comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, no obsta al otorgamiento de los beneficios que prevé la ley N° 19. 234, como se explica a continuación. En efecto, las normas legales que regían la quiebra en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, corresponden a las leyes N° 4.558 y, luego, a la N° 18.175, cuyos artículos 61 y 64, inciso segundo, respectivamente, contenían el mismo precepto, a saber, que "el desasimiento no transfiere la propiedad de los bienes del fallido a sus acreedores, sino sólo la facultad de disponer de ellos y de sus frutos hasta pagarse de sus créditos". De tal norma, es posible desprender que la declaración de quiebra no significaba para la persona natural o jurídica propietario de la empresa, la pérdida del dominio de sus bienes, de lo que se sigue que si continuaba siendo dueño de su patrimonio, la personalidad jurídica de que gozaba antes de la declaratoria debió subsistir en todo su vigor luego de la sentencia, pues no de otro modo sería posible atribuirle titularidad de dominio sobre sus bienes. Establecida la subsistencia de la personalidad jurídica del fallido, cumple entender también que la sentencia declaratoria tampoco tenía la virtud de alterar los estatutos sociales ni el régimen societario de propiedad anterior a dicha resolución judicial, razón por la cual, no resulta posible sostener que la sentencia de quiebra de la empresa haya podido ser causa idónea para alterar la cualidad de tratarse de una empresa autónoma del Estado o de extinguir la eventual participación directa que el Estado o sus organismos hayan tenido respecto del 50% o más del capital de dicha empresa. En este sentido, entonces, ha sido improcedente objetar resolución 1797 de interior, en razón de que la empresa de que se trata hubiere sido declarada en quiebra con anterioridad a la exoneración del funcionario, motivo por el cual se deja sin efecto en ese aspecto el oficio N° 24.212, de 2005 de esta Contraloría General. No obstante lo expuesto, dado que en la especie no obran antecedentes que precisen la naturaleza jurídica de la empresa a la época de la desvinculación del trabajador, no es posible dar por satisfecha la exigencia legal de tratarse de alguna de las entidades que taxativamente exige la ley, lo que impide dar curso al acto en trámite. Ello, por cuanto no basta la sola aseveración de la autoridad administrativa requirente, en orden a que la empresa en cuestión era estatal o privada de aquellas que según el artículo 3° de la ley N° 19.234 permiten configurar el beneficio que se concede, sino que se deben aportar elementos de juicio suficientes que permitan fundar ese aserto y que habiliten a esta Entidad de Control calificar la legalidad del acto en ese aspecto. En consecuencia, en mérito de las consideraciones anteriores, cumple esta Contraloría General, con devolver sin tramitar la resolución N° 1.797, de 2005.