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N° 52.127 Fecha: 7-XI-2005
Don Luis Riveros Ortega se ha dirigido a esta Contraloría General, reclamando en contra de la Municipalidad de Recoleta, por cuanto ésta no le habría dado cumplimiento a los dictámenes N°s 54.545, de 2004, y 2.928, de 2005.
Como cuestión previa, cabe recordar, que el primero de los pronunciamientos citados, fue emitido con ocasión del registro del decreto N° 339, de 2004, de esa Entidad, oportunidad en la que se concluyó, en lo que interesa, que en los casos en que se decida la instrucción de un procedimiento administrativo en contra de un docente, como ocurrió en la especie, éste se rige por las normas del artículo 72, letra b), de la ley N° 19.070, y por el artículo 145, inciso segundo, del decreto N° 453, de 1991, del Ministerio de Educación, por lo que corresponde al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, ordenar la instrucción de los procesos sumariales del personal docente de su dependencia, lo que no sucedió en la situación de que trata.
Por su parte, mediante el dictamen N° 2.928, de 2005, esta Contraloría General advirtió, que la observación que fuera formulada en el dictamen N° 54.545, de 2004, no había sido subsanada por ese Municipio, razón por la cual, indicó la manera en que aquél debía proceder, esto es, retrotrayendo el procedimiento sumarial en comento, a la etapa de su instrucción por la autoridad competente.
Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que a esta data, esa Entidad Edilicia no ha dado cumplimiento a los pronunciamientos emitidos por este Órgano Fiscalizador, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 9, inciso final, de la ley N° 10.336, conforme al cual, los informes que por escrito emita el Contralor General en el ejercicio de sus facultades legales, serán obligatorios para los servicios y funcionarios correspondientes, en el caso o casos concretos a que se refieran.
En consecuencia, ese Municipio deberá proceder a dar cumplimiento a los dictámenes N°s 54.545, de 2004, y 2.928, de 2005, informando de ello a esta Entidad Fiscalizadora en el plazo de 10 días.
Sin perjuicio de lo anterior, cumple con precisar -dado que este Organismo Contralor detectó irregularidades legales en la instrucción del sumario administrativo en comento y, como consecuencia de ello, ordenó retrotraer las cosas al estado anterior a la dictación del mismo-, que ese Municipio deberá, además, reincorporar al servidor afectado y pagar las remuneraciones correspondientes al período en que éste ha estado alejado de sus funciones, toda vez que no las ha cumplido por un acto de autoridad que configuró una causal de fuerza mayor no imputable a él. (Aplica criterio contenido en los dictámenes N°s 38.203, y 51.817, ambos de 2004).