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N° 51.817 Fecha: 15-X-2004
Se ha dirigido a esta Contraloría General, funcionario de la Municipalidad de San Miguel, reclamando su reincorporación y el pago de las remuneraciones correspondientes, en atención a lo concluido en el dictamen 31.146 de 2003, que ordenó que se dispusiera la reapertura de su proceso sumarial retrotrayéndolo al estado de formular nuevamente los cargos.
Requerido informe a la Municipalidad de San Miguel, ésta por oficios 29/414 y 29/537, ambos de 2004, ha manifestado en lo relativo a su reincorporación, que se le indicó a su representante legal que debía efectuar los trámites pertinentes ante el Departamento de Personal y no ante el fiscal del sumario, sin que hasta el mes de Junio de 2004 se hubiere recibido dicha solicitud.
El Municipio agrega, que sólo el día 17 de Julio de este año, se recibió una solicitud de reincorporación de los abogados del recurrente, a quienes con anterioridad se les había revocado el patrocinio y poder, siendo esa la primera presentación al respecto.
Sobre el particular, útil resulta recordar, como cuestión previa, que la Municipalidad de San Miguel como consecuencia de un sumario administrativo instruido en contra del recurrente dictó el decreto 195 de 2002, aplicando la medida disciplinaria de destitución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 18.883.
Con ocasión del trámite de registro del citado acto administrativo esta Contraloría General mediante el dictamen 51.680 de 2002, concluyó que se debía dejar sin efecto aquél y disponer la reapertura del proceso administrativo, a fin de que se consideraran los antecedentes que pudieren modificar el criterio sancionatorio respecto del señor CB atendido que el cargo imputado consistía en la no presentación oportuna de la licencia médica, pero no su ausencia injustificada, razón por la cual resultaba improcedente la aplicación del artículo 69 de la Ley 18.883.
En dicha oportunidad el recurrente no hizo uso, ante esta Entidad de Control, del recurso especial previsto en el artículo 156 de la Ley 18.883, para impugnar el proceso sumarial instruido por el Municipio dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde que tuvo conocimiento de la situación que lo afectaba, por lo cual la sanción expulsiva rige desde su notificación al mismo.
Por otra parte, esta Entidad de Fiscalización, en ejercicio de sus funciones de control de legalidad, que le confieren los artículos 1, 6 y 9 de la Ley 10.336 y 51 y 52 de la ley 18.695, se pronunció respecto de los vicios de que pudiera adolecer el decreto 195 de 2002, concluyendo que debía reabrirse el proceso sumarial y retrotraerlo al estado de formularse nuevamente los cargos, por lo que dicho proceso no puede considerarse afinado, siendo la data en que a la Municipalidad se le notificó del dictamen 51.680 de 2002, la oportunidad en que .debió reincorporar al afectado, aún cuando este último no hubiere efectuado ninguna solicitud respecto de esa materia, debiendo investigarse la responsabilidad administrativa de los funcionarios que no dieron cumplimiento al referido pronunciamiento.
Posteriormente, el Municipio remitió para su correspondiente trámite de registro el decreto 111 de 2003, que incurrió en los mismos vicios precedentemente anotados, aplicando nuevamente al interesado la sanción de destitución, oportunidad en que esta Contraloría General ratificó, a través del dictamen 31.146 de 2003, el anterior pronunciamiento en orden a que efectivamente, en la especie, no se configuró una falta proporcional a la sanción aplicada, razón por la cual. debía dejarse sin efecto dicho decreto y disponerse la reapertura del sumario retrotrayéndolo al estado de formular nuevamente los cargos, dado que la aludida medida expulsiva acorde al artículo 69 de la Ley 18.883, sólo procede en el caso de ausencias injustificadas.
En cuanto al derecho para percibir las remuneraciones planteado por el recurrente, dable es manifestar que el dictamen 38.203 de 2004, ha concluido que en el caso de que este Organismo detecte irregularidades legales en la instrucción del sumario y/o en la aplicación de la medida de destitución, debe ordenar invalidar los actos viciados y retrotraer las cosas al estado anterior a la dictación de los mismos, lo cual significa pagar las remuneraciones al servidor afectado durante el tiempo que estuvo alejado de sus funciones, pues se entiende que no las cumplió por un acto de autoridad que configuró una causal de fuerza mayor no imputable a él.
No obstante lo anterior, la jurisprudencia contenida en el dictamen 10.223 de 2003, ha manifestado que cuando se configura una causal de fuerza mayor, se requiere además del acto viciado de la autoridad, que el afectado con esa medida reclame oportunamente por todos los medios a su alcance ante la autoridad administrativa o la Contraloría de su situación anómala.
Ahora bien, en la especie, de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, no consta que el recurrente haya reclamado en reiteradas oportunidades y por todos los medios ante el Municipio o ante este Organismo de Control de su situación, pues como da cuenta en una de sus presentaciones, desempeñó sus funciones hasta el 17 de Octubre de 2002 y sólo en el mes de Enero de 2004, en conocimiento de que el Municipio -en el mes de Diciembre de 2003- le había enviado una notificación a su domicilio particular, se apersonó ante dicha Entidad Edilicia para informarse sobre su proceso sumarial, dándosele a conocer, en esa ocasión, que su reincorporación debía ser solicitada al Departamento de Personal, reclamando de esa situación y además, del pago de remuneraciones, en el mes de Marzo de 2004, ante esta Entidad de Fiscalización.
Así entonces, si bien al interesado le asiste el derecho a ser reincorporado a la Municipalidad de San Miguel desde la data en que esta última fue notificada de la emisión del dictamen 51.680 de 2002, sólo se genera en su favor el derecho al pago de las remuneraciones del cargo que servía, a contar del mes de Marzo de 2004, puesto que no habiendo prestado servicios desde que se le notificó la correspondiente sanción, no reclamó de su situación funcionaria, desde esa data.
Por consiguiente, en mérito de lo expuesto, es necesario concluir que la Municipalidad de San Miguel deberá proceder a reincorporar al recurrente a la mayor brevedad posible, asistiéndole el derecho a percibir remuneraciones únicamente a contar del mes de Marzo de 2004; debiendo además, proceder a investigar la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en el incumplimiento de los dictámenes 51.680 de 2002 y 31.146 de 2003.