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N° 4.437 Fecha: 26-I-2005
Doña XX., en representación de la firma A y S Ingenieros Consultores Ltda., se ha dirigido a la Contraloría General para solicitar se abstenga de tomar razón de la resolución N° 229 de 2004, de la Dirección General de Obras Públicas que la elimina del Registro de Consultores del Ministerio de Obras Públicas. Lo anterior, por cuanto tiene interpuestas demandas civiles en contra de la Dirección de Vialidad relativas a los contratos cuyo incumplimiento motivó la eliminación, por lo que a su juicio, no corresponde que esta Entidad de Control se pronuncie respecto de dicho acto administrativo.
Agrega la recurrente que los motivos para aplicar dicha eliminación fueron los mismos que originaron la suspensión del mencionado Registro por 24 meses, de que da cuenta el ORD. R.C.C. N° 878, de 2002, del Jefe del Depto. de Registro de la Dirección General de Obras Públicas dirigido a su Empresa, por lo que se estaría actuando sobre una situación ya juzgada.
Finalmente hace presente que nunca llegaron a su poder las copias de los informes de los Inspectores Fiscales de los contratos según lo dispuesto en los artículos 90 y 93 del Reglamento del Registro aludido lo cual, a su juicio, invalidaría las calificaciones realizadas.
Sobre el particular, esta Contraloría General cumple con señalar que analizada la normativa aplicable contenida en el Decreto Supremo N° 48, de 1994, del MOP, “Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría”, así como el informe emitido al respecto por el Director General de Obras Públicas, mediante ORD. D.G.O.P. N° 2.064, de 2004, a petición de esta Entidad de Control, lo siguiente:
En primer término, a diferencia de lo sostenido por la recurrente en su presentación, la circunstancia de encontrarse un asunto sometido al conocimiento de los Tribunales de Justicia, no inhibe a esta Entidad de Control, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales para pronunciarse sobre la juridicidad de un decreto o resolución a través del trámite de toma de razón. Lo anterior por cuanto el artículo 6° de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de esta Contraloría General que establece que este Organismo debe abstenerse de intervenir en asuntos de naturaleza litigiosa o entregados al conocimiento de los Tribunales de Justicia no dice relación con la función de control preventivo de legalidad sino con la emisión de dictámenes. Aplica dictamen N° 366 de 2000.
Enseguida, frente al reclamo de la empresa A y S Ingenieros Consultores, respecto a que los hechos que motivan su eliminación del Registro de Consultores del Ministerio de Obras Públicas corresponden a los mismos que dieron origen a la suspensión por 24 meses ya mencionada, con lo cual se le estaría sancionando dos veces por las mismas situaciones, cabe precisar que a través de la Resolución D.G.O.P. N° 174, de 5 de septiembre de 2002, la recurrente fue suspendida de todas las especialidades inscritas en el Registro de Contratistas y Consultores de la Dirección General de Obras Públicas, por graves y reiterados incumplimientos en tres de los cinco contratos que originan su eliminación en esta ocasión. Dicha suspensión se aplicó en conformidad al artículo 97 letra f) del Reglamento que estipula dicha sanción “si la Comisión del Registro establece que ha cometido falta grave o le acredita infracciones reiteradas a lo dispuesto en este Reglamento”, hechos plenamente comprobados.
Ahora bien, la eliminación del Registro que se aplica en esta oportunidad tiene como fundamento lo establecido en el artículo 97 letra c) del Reglamento aludido, el cual dispone que: “El Consultor que obtenga tres calificaciones dentro de un período cualquiera de 5 años, con notas iguales o inferiores de 4,5 en cada caso, será eliminado del Registro de Consultores” es decir existió una causal diferente a la antes aludida.
Por otra parte, cabe consignar que el hecho de que en tres de los cinco contratos cuya calificación insuficiente da origen a la sanción que se reclama se hubiere impuesto previamente la de suspensión, no constituye impedimento para que se aplique la eliminación, por cuanto según la última disposición citada habría bastado mala ponderación en tres de ellos; además, este antecedente junto a incumplimientos acreditados en otros dos contratos, denominados: “Estudio de Ingeniería Puentes: Titinvilo, La Escuela Quilpoco, El Sauce, Eloisa y El Negro, Provincias de Linares, Cauquenes y Curicó, VII Región del Maule” y “Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-86, Sector cruce Ruta V-40 -Nueva Braunau: V-86 Sector El Gato- Tres Cumbres y T-85 Lago Ranco-Riñihue-Puente Calcurrupe, X Región”, obligaron a la autoridad administrativa a aplicar la sanción aludida a la Empresa A y S por cuanto, continuó sus incumplimientos en otros contratos en ejecución, situación que este Organismo de Control tuvo oportunidad de comprobar con ocasión de reclamos de la misma empresa que dieron origen, entre otros, al dictamen N° 34.469 de 2004.
Por último, corresponde precisar que el hecho de que no hayan llegado a poder de la recurrente copia de los informes que debe emitir el Inspector Fiscal a que se refieren los artículos 90 y 93 del Reglamento aludido, no invalida por sí las calificaciones practicadas a la recurrente, teniendo en consideración el cúmulo de atrasos e incumplimientos debidamente comprobados en la realización de sus trabajos, sin perjuicio de que la Dirección de Vialidad arbitre las medidas que correspondan para que dichos documentos lleguen a los consultores oportunamente y se determinen las eventuales responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en tales actuaciones.
De conformidad con lo antes expuesto, con fecha 18 de octubre último, esta Contraloría General al efectuar el control de juridicidad de la Resolución N° 229 de 2004, de la Dirección General de Obras Públicas, que eliminó del Registro de Contratistas del MOP a la empresa recurrente, procedió a tomar razón de ella, por ajustarse a derecho. Por ende, se desestima la petición de la empresa A y S Ingenieros Consultores Ltda.