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DICTAMEN N° 000366

circunstancia de encontrarse un asunto sometido al conocimiento de los tribunales de justicia no impide que contraloria, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, se pronuncie sobre la juridicidad de un decreto o resolucion a traves de la toma de razon. a su vez, el art/6 de ley 10336, que establece que este organismo debe abstenerse de intervenir en asuntos de naturaleza litigiosa o entregados a los tribunales de justicia, no dice relacion con la funcion de control de legalidad. finalmente, conforme los articulos 87 y 88 de la constitucion, la potestad de tomar razon o de representar la inconstitucionalidad o la ilegalidad de los decretos y resoluciones, radica exclusivamente en el contralor general de la republica, gozando de autonomia de rango constitucional, lo cual le garantiza la independencia respecto de los demas organos del estado, acorde lo reconoce el senado al conocer de las contiendas de competencia

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N° 366 Fecha: 6-I-2000 El 14° Juzgado Civil de Santiago pone en conocimiento de esta Contraloría General, que se tramita ante ese Tribunal un juicio de jactancia, causa rol N°- C-5631-1999, caratulado A-R y solicita se abstenga de tomar razón del decreto N° 759 de 1999, del Ministerio de Bienes Nacionales, cuya interesada es doña I.R., demandada en los autos precedentemente singularizados. Sobre el particular, cabe señalar en primer término, que a la fecha, el decreto N°- 759 de 1999, del Ministerio de Bienes Nacionales, no ha ingresado a esta Entidad Fiscalizadora. Seguidamente, y en lo que respecta al trámite de toma de razón del mencionado acto administrativo, este Organismo de Control cumple con hacer presente que la circunstancia de encontrarse un asunto sometido al conocimiento de los Tribunales de Justicia no constituye impedimento para que la Contraloria General, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, se pronuncie sobre la juridicidad de un decreto o resolución a través del trámite de toma de razón. Al respecto, corresponde señalar que el artículo 6° de la ley N° 10.336, que establece que este Organismo debe abstenerse de intervenir en asuntos de naturaleza litigiosa o que se encuentren entregados a los Tribunales de Justicia, no dice relación con la función de control de legalidad, sino con la emisión de otra clase de pronunciamientos. En este sentido, corresponde manifestar que en conformidad con lo preceptuado en los artículos 87 y 88 de 1a Carta Fundamental, la potestad de tomar razón o de representar la inconstitucionalidad o la ilegalidad de los decretos y resoluciones, está radicada en forma exclusiva y excluyente en el Contralor General de la República, gozando de autonomía de rango constitucional, lo cual le garantiza la más absoluta independencia respecto de los demás órganos del Estado, conforme lo ha reconocido el Senado al conocer de las contiendas de competencia.