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DICTAMEN N° 034469

se ajusto a derecho liquidacion unilateral de contrato de consultoria realizada por la direccion de vialidad, dado que el consultor no ha dado cumplimiento cabal a lo dispuesto en las bases administrativas y terminos de referencia, segun consta de documento que liquida el contrato que contiene expresamente los incumplimientos que originaron la liquidacion anticipada, entre ellos: falta de entrega del diseno definitivo de cuatro puentes con cepa, de los cinco contratados, de los antecedentes de la licitacion de la obra y del proyecto corregido y completo y a entera satisfaccion de esa direccion. asimismo, en las bases administrativas se establecieron las multas en que incurriria la contratista en caso de retraso, por lo que la administracion estaba facultada para imponerlas por los reiterados atrasos en que incurrio la consultora en la ejecucion del estudio. el hecho que el art/50 del dto 48/94 de obras publicas prevea que los contratos, sus modificaciones o liquidaciones se entenderan perfeccionados por las resoluciones o decretos respectivos, una vez que estos se encuentren totalmente tramitados, no es obice para que los aumentos de plazo que se convengan no tengan periodos de vacancia y se agreguen a continuacion del plazo anterior, independientemente de la fecha efectiva de dictacion del acto administrativo que apruebe la correspondiente modificacion. la apelacion formulada por la consultora a la comision de registro de contratistas y consultores, por la calificacion obtenida conforme al art/96 del dto 48, no suspende los efectos de la liquidacion ya aprobada, porque dicho precepto no lo establece asi, maxime si dicha apelacion no tuvo como fundamento la calificacion deficiente

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N° 34.469 Fecha: 8-VII-2004 Doña NN., en representación de la empresa A. y S Ingenieros Consultores Limitada, solicita a la Contraloría General un pronunciamiento que determine la ilegalidad de la medida adoptada por la Dirección de Vialidad, al liquidar unilateralmente el contrato denominado "Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41 Ch- Sector Juntas del Toro - Límite IV Región", cuya ejecución se le encomendara mediante la resolución N° 619, de 1998. Al efecto expresa, en resumen, que el precitado contrato, después de varias modificaciones, fue liquidado unilateralmente mediante resolución N° 519, del año pasado, del referido Servicio, por incumplimiento del consultor, sin señalar las causales efectivas del mismo, por lo cual la medida se tornaría injustificada por carecer del debido fundamento. Asimismo, señala que durante la vigencia del contrato se habrían producido diversas irregularidades cometidas por dicho Servicio que transgreden la normativa del decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas que sancionó el Reglamento para Contratos de Consultoría. Agrega la empresa peticionaria que se habría vulnerado el artículo 50° del cuerpo reglamentario precitado y la jurisprudencia de esta Contraloría General vigente sobre la materia -dictamen N° 57.309 de 2003-, puesto que en el convenio celebrado con fecha 14 de julio de 2000, por el que se otorgó una nueva ampliación de plazo -330 días adicionales- sólo se sancionó 339 días después de la suscripción del convenio -resolución N° 454, de 2001-. Asimismo, manifiesta que presentó una apelación a la Comisión del Registro de Contratistas respecto de la calificación efectuada. Requerida de informe la Dirección de Vialidad, lo evacuó por ORD N° 19.317, de 2003, en el cual expresa, en síntesis, que su actuar se ajustó a la normativa aplicable, a diferencia de lo sostenido por la empresa recurrente, que estaba en pleno conocimiento de los atrasos en los que incurrió en la ejecución del contrato. Añade, respecto de la apelación que la consultora reclamante interpuso ante la Comisión del Registro de Contratistas y Consultores de la Dirección General de Obras Públicas, que su mala calificación no fue causal para la liquidación unilateral del contrato. Sobre el particular, cumple manifestar en primer término, que el estudio sobre el cual versa el reclamo se reguló por las bases administrativas y términos de referencia en el marco del decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, a cuyos términos se atenderá para el análisis de la presentación en examen. Al efecto, corresponde anotar que el monto original del contrato era de $ 302.000.000, con un plazo de ejecución de 360 días, el cual fue objeto de cuatro modificaciones sancionadas por resoluciones N°s 383, de 1999 y 402 y 730, de 2000 y N° 454, de 2001, todas de la Dirección de Vialidad. Ahora bien, en lo que concierne a la eventual improcedencia de la liquidación unilateral efectuada por el Servicio referido corresponde señalar que mediante la resolución N° 519, de 7 de julio de 2003, se aprobó un aumento por reajustes por la suma de $ 11.259.804 y la liquidación unilateral, anticipada y con cargo del contrato en comento en virtud del artículo 64 letra b) del Reglamento para Contratación de Contratos de Consultoría. Al respecto, cabe puntualizar que en el precitado acto administrativo se establece que el consultor no ha dado cumplimiento cabal a lo dispuesto en las bases administrativas y términos de referencia, según se detalla en documento adjunto, denominado "Liquidación de Contrato", de 9 de abril de 2003, firmado por el Jefe del Departamento de Proyectos Viales Interurbanos, por el Jefe de la Unidad de Ingeniería y el Inspector Fiscal del contrato", en el cual constan expresamente - N° 8 - los incumplimientos que originaron la liquidación anticipada, entre los cuales figuran : falta de entrega del diseño definitivo de cuatro puentes con cepa, de los cinco contratados, de los antecedentes de la licitación de la obra ( partida 4.2.f) y del proyecto corregido completo y a entera satisfacción de la Dirección de Vialidad, incluido en la partida N° 6, "Aprobación Proyecto Definitivo". Es decir, quedaron claramente consignados los incumplimientos que dieron origen a la liquidación del contrato, hecho que no puede ser desconocido por la recurrente. En lo que concierne a las multas aplicadas a la consultora por sus reiterados atrasos en la entrega dentro de los plazos acordados, cumple señalar que en el N° 11 de las bases administrativas respectivas se preceptuó que "el no cumplimiento de cualquiera de los plazos parciales o del plazo final estipulado; dará origen a multas diarias de acuerdo a lo prescrito en el artículo 87, del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría". Agrega la disposición que "la multa por atraso será de 0,4% del valor de la etapa, reajustada al mes anterior al del cobro de la multa, por cada día calendario de atraso, ya sea en la entrega de una etapa intermedia o en el caso de la entrega de la etapa final". Por ende la Administración estaba plenamente facultada, acorde con la normativa que rigió el contrato de que se trata, para imponer multas por los reiterados atrasos en que incurrió la consultora en la ejecución del estudio, y en tales circunstancias, luego del análisis de juridicidad pertinente, este Organismo procedió a razón del instrumento objetado el 18 de julio de 2003, por encontrarse ajustado a derecho. Por otra parte, en lo que respecta a la eventual transgresión al artículo 50 del Reglamento de Consultorías y a la jurisprudencia vigente sobre la materia, corresponde puntualizar que si bien el tenor del artículo referido prevé que "los contratos, sus modificaciones o liquidaciones se entenderán perfeccionados por las resoluciones o decretos respectivos, una vez que éstos se encuentren totalmente tramitados", ello no es óbice para que los aumentos de plazo que se acuerden no tengan períodos de vacancia y se agreguen a continuación del plazo anterior independientemente de la fecha efectiva de dictación del acto administrativo que sancione la correspondiente modificación. Ahora bien, en la especie, es útil anotar que la empresa recurrente aceptó los términos del convenio ad referéndum de 14 de julio de 2000, en el cual se estableció la readecuación del estudio en cuestión, lo que generó un aumento de plazo y del monto del contrato primitivo. En el convenio referido se acuerda "aumentar el plazo total del estudio en 390 días corridos, por lo que el nuevo plazo total del estudio es de 990 días corridos", lapso este último que rige desde que la resolución de adjudicación del estudio esté totalmente tramitada, -resolución N° 619 de 4 de noviembre de 1998- y no desde la tramitación de la resolución modificatoria, lo cual debido al claro tenor literal del convenio aludido no transgrede el artículo 50 del decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, ni la jurisprudencia administrativa como la contenida en el oficio N° 57.309 de 2003, que se refiere a un análisis general del Reglamento para Trabajos de Consultoría pero no a un caso de aplicación práctica y concreta de esa normativa a un contrato determinado y con hechos precisos que se han producido en las diversas etapas de su desarrollo. ( Aplica dictamen N° 19.152 de 2004). Finalmente, en lo que atañe a la apelación formulada por la consultora a la Comisión del Registro de Contratistas y Consultores por la calificación obtenida, resulta preciso manifestar que la evaluación fue efectuada acorde con lo consignado en el articulo 96 del reglamento aplicable en la especie, norma que contempla la posibilidad de, apelar, lo cual en ningún caso suspende los efectos de la liquidación sancionada por la resolución N° 519, de 2003, de la Dirección de Vialidad, máxime si ella no tuvo como fundamento la calificación deficiente contrariamente a lo que argumenta la firma reclamante.