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N° 43.990 Fecha: 17-IX-2008
Mediante el oficio N° 6.803, de 2008, de la Cámara de Diputados, el Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, a petición del Diputado señor Mario Bertolino Rendic, solicita a esta Contraloría General se le informe si se ajustó a derecho la elección del señor Alfonso Cortés Cofré como concejal de la Municipalidad de Monte Patria.
Sobre el particular, cumple manifestar que el artículo 96 de la Constitución Política dispone que habrá Tribunales Electorales Regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos. Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley.
Pues bien, es del caso señalar que la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en sus artículos 115 y 119 y siguientes, otorga competencia a los Tribunales Electorales Regionales para conocer materias relacionadas con la declaración de candidaturas, el escrutinio general y la calificación de las elecciones municipales.
En tanto, el artículo 10 de Ley N° 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, dispone en su inciso final que la resolución de las calificaciones y reclamaciones de que conozcan comprenderá también el conocimiento de cualquier vicio que afecte la constitución del cuerpo electoral o cualquier hecho, defecto o irregularidad que pudiera influir en el resultado general de la elección o designación, sea que haya ocurrido antes, durante o después del acto eleccionario de que se trate.
En ese contexto, la reiterada jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s 26.075, de 1992 y 36.675, de 2007, ha manifestado que a este Organismo de Control no le corresponde pronunciarse sobre aspectos relacionados con la elección de alcaldes y de concejales, cualquiera sea la forma y oportunidad en que ello acontezca, pues ni la Constitución Política ni las leyes orgánicas de Municipalidades, de Votaciones Populares y Escrutinios y de esta Contraloría General, le han conferido facultades, en esta materia, las que, en cambio, han sido radicadas en los Tribunales Electorales Regionales, de acuerdo a los procedimientos regulados en la normativa citada precedentemente.