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N° 36.675 Fecha: 14-VIII-2007
Se ha dirigido a esta Contraloría General el Presidente del Senado, solicitando un pronunciamiento que incide en determinar si el proceso de designación de la alcaldesa suplente de la Municipalidad de Los Vilos se ha ajustado a derecho.
Lo anterior, por cuanto, según expresa, en el marco de la suspensión del alcalde titular de ese municipio, se nombró a la cónyuge del suspendido edil, como alcaldesa suplente, situación que, a su juicio, podría ser constitutiva de una inhabilidad para acceder al referido cargo.
Sobre el particular, cumple manifestar que el artículo 96 de la Constitución Política de la República dispone que habrá Tribunales Electorales Regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos. Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley.
Pues bien, es del caso señalar que la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en sus artículos 60, 115 y 119, entre otros, otorga competencia a los Tribunales Electorales Regionales para conocer materias relacionadas con la cesación en el cargo de alcalde por diversas causales -entre las que se cuenta la inhabilidad-, la declaración de candidaturas y el escrutinio general y la calificación de las elecciones municipales.
En tanto, el artículo 10 de la Ley N° 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, dispone en su inciso final que la resolución de las calificaciones y reclamaciones de que conozcan comprenderá también el conocimiento de cualquier vicio que afecte la constitución del cuerpo electoral o cualquier hecho, defecto o irregularidad que pudiera influir en el resultado general de la elección o designación, sea que haya ocurrido antes, durante o después del acto eleccionario de que se trate.
Precisado lo anterior, cumple manifestar que el artículo 62 de la Ley N° 18.695, dispone en sus incisos tercero y siguientes que cuando el alcalde se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a los períodos que se indican, el concejo debe designar de entre sus miembros a un alcalde suplente, de acuerdo a las normas que se aplican en caso de vacancia del cargo. Esto es, el concejo procede a elegirlo de entre sus propios miembros, por mayoría absoluta de los concejales en ejercicio y en sesión especialmente convocada al efecto. Al no reunir ninguno de los concejales dicha mayoría, se repetirá la votación, circunscrita a los dos concejales que hubieren obtenido las dos mayorías relativas. De no lograrse nuevamente la mayoría requerida o en caso de empate, será considerado alcalde aquel de los dos concejales que hubiere obtenido mayor número de preferencias ciudadanas en la elección municipal respectiva.
En este contexto, la reiterada jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s 28.669, de 1996, 1.307, de 2002 y 38.206, de 2004, ha manifestado que este Organismo carece de competencia para pronunciarse sobre aspectos relacionados con la elección de alcaldes, cualquiera sea la forma y oportunidad en que ello acontezca, pues ni la Constitución Política ni las leyes orgánicas constitucionales de Municipalidades, de Votaciones Populares y Escrutinios y de esta Contraloría le han conferido facultades en esta materia, las que en cambio, han sido radicadas en los Tribunales Electorales Regionales y de acuerdo a los procedimientos regulados en la normativa citada precedentemente.
En consecuencia, no cabe a este Organismo de Control sino abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado, considerando que cualquier irregularidad que se plantee respecto de los diversos aspectos involucrados en el proceso que el concejo lleva a cabo para elegir a un alcalde suplente, debe ser conocida por los Tribunales Electorales Regionales y no por esta Contraloría General.