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DICTAMEN N° 019394

El personal contratado por Carabineros, conforme a los artículos 7 de la ley 18961 y 10, 36 y 37 del DFL 2/68 Interior, conocidos como personal contratado por resolución (C.P.R), se rige por la preceptiva indicada, por las normas del Estatuto del Personal de Carabineros que expresamente se refieran a ellos y, complementariamente, por la orden General de la Dirección General de la Institución N° 1602/2004, la que en su art/9 indica que a dichos servidores no se les aplica el Código del Trabajo, salvo en lo relativo a la protección de la maternidad. Asimismo, según el art/3 de la ley 18458, ellos están afectos al DL 3500/80 y en cuanto a accidentes en actos determinados del servicio o enfermedad profesional, se rigen por el citado DFL 2. Además, por expreso mandato del art/1 de la ley 19345, a los servidores analizados, no se les aplica la normativa de la ley 16744, no pudiendo, por ende, efectuar las cotizaciones ordenadas en este texto. Según los artículos 34 y 63 y siguientes de la ley 18961 y 71 y siguientes del mencionado DFL, corresponde a la Comisión Médica Central de Carabineros el examen del personal a fin de establecer su capacidad física para permanecer en el servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él, y en caso de invalidez, compete al General Director determinar en definitiva la clasificación de la misma, previo informe técnico evacuado por la referida Comisión, de la cual derivará el monto del beneficio, acorde a lo señalado en los artículos 95 y siguientes del referido Estatuto. Como este último cuerpo estatutario no contempla el plazo de inamovilidad previsto en el art/20 del Reglamento de Feriados, Permisos , Licencias y Otros Beneficios del personal de Carabineros Num/9, aprobado por Dto 625/64 Interior, dicho beneficio no corresponde al personal C.P.R.. La pensión de invalidez para dichos funcionarios, según lo establece el art/8 de ley N° 18.458, es de cargo fiscal y lo paga la Tesorería General de la República.

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Texto completo

N° 19.394 30-IV-2007 La Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile se ha dirigido a esta Contraloría General solicitando un pronunciamiento acerca del procedimiento aplicable para determinar la invalidez del personal contratado por resolución; los órganos facultados para declararla y clasificarla; la procedencia del plazo de inamovilidad que señala y la forma y el organismo competente para el pago de la pensión de invalidez respectiva, considerando al efecto que los funcionarios antes referidos cotizan en una mutual de seguridad de aquellas a que se refiere la ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Sobre el particular, resulta imperioso precisar, en primer término, la normativa que rige al personal por el que se consulta y si corresponde que éste efectúe las cotizaciones antes aludidas. Al respecto, es dable manifestar que el artículo 7° de la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, prescribe que la Dirección General de esa institución podrá contratar en forma temporal, y cuando las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, técnicos, administrativos y trabajadores a jornal o a trato, quienes quedarán sometidos a la jerarquía y disciplina de Carabineros de Chile y demás materias que determinen las leyes, en lo que sea pertinente, añadiendo que dicho personal no integrará la Planta Institucional y sus remuneraciones u honorarios se pagarán con cargo a la ley de presupuestos, leyes especiales o con fondos propios de sus organismos internos. El mismo precepto agrega que se podrá contratar temporalmente personal civil chileno o extranjero para cumplir funciones de una determinada especialidad, cuando la Institución no cuente con expertos en dicha área. Por su parte, el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, contenido en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior -cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 412, de 1992, del Ministerio de Defensa Nacional-, prescribe en sus artículos 10 y 37, este último en relación con el artículo 36 del mismo texto normativo, que la Dirección General de la institución de que se trata puede contratar profesionales funcionarios conforme a la preceptiva señalada en la ley N° 15.076, en las condiciones que indica, así como contratar personal con jornada completa y de acuerdo a las necesidades del servicio. Ahora bien, como puede apreciarse de la normativa recién consignada; la Dirección General de Carabineros tiene atribuciones para contratar, por necesidades del servicio, personal para el desempeño de determinadas funciones, el que no ocupa plazas de la planta de ese organismo policial, y por el lapso o período que en la propia resolución se indique. Tales funcionarios, conocidos con el nombre de personal contratado por resolución (C:P.R.), se rigen por la preceptiva recién señalada y por las disposiciones del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile que expresamente se refieran a ellos -por mandato del artículo 2° de ese texto legal- y, complementariamente, por la normativa contenida en la Orden General de la Dirección General de Carabineros N° 1.602, de 2004, la que expresamente señala, en su artículo 9°, que a dichos servidores no les son aplicables las normas del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias, salvo en lo que dice relación con aquellas que integran el Título II del Libro II de dicho texto laboral, relativas a la protección de la maternidad. Asimismo, es necesario tener en cuenta que de conformidad con lo prescrito en el artículo 3° de la ley N° 18.458, que establece el régimen previsional del personal que indica de la Defensa Nacional, el personal no contemplado en su artículo 1°, condición en la que se encuentran los servidores contratados por resolución, que a partir de la vigencia de dicha ley ingrese a las instituciones, servicios, organismos y empresas que señala, entre las que cabe considerar a Carabineros de Chile, quedará afecto al sistema previsional establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980. Igualmente, es menester puntualizar que el artículo 8° de la referida ley N° 18.458, añade que el personal señalado en el recién citado artículo 3°, que se accidentare en acto determinado del servicio o contrajere una enfermedad profesional, le serán aplicables las disposiciones contenidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1968, de la Subsecretaría de Guerra, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas; decreto con fuerza de ley N° 2, del mismo año, del Ministerio del Interior, cuerpo estatutario del personal de Carabineros de Chile o en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, de la Subsecretaría de Investigaciones, estatuto del personal de esa institución, según corresponda. Añade el inciso segundo de la disposición en referencia que si a consecuencia del accidente o enfermedad profesional, el personal tuviere derecho a pensión, el monto de ésta se determinará conforme a las disposiciones de dichos estatutos y su pago, que será de cargo fiscal, lo efectuará la Tesorería General de la República, beneficio que, de conformidad con lo prescrito en el inciso final de dicho precepto legal, se extingue al cumplir el afectado la edad establecida en el artículo 3° del decreto ley N° 3.500, de 1980, oportunidad en que éste tendrá derecho a pensionarse por vejez, de acuerdo con este último texto normativo. Ahora bien, y en lo que atañe al personal por el que se consulta, es dable expresar que el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile contiene, en los artículos 46, letra s) y 71 y siguientes, diversas disposiciones relativas a los beneficios que pueden derivarse de un accidente en actos de servicio o enfermedad profesional. En armonía con lo anterior, la Orden General N° 1.602, de 2004, antes aludida, señala en su artículo 45 que el personal contratado por resolución, que se rija por el decreto ley N° 3.500, de 1980, tendrá derecho a pensión de vejez cuando reúna los requisitos consignados en el señalado cuerpo legal. Sin embargo, continúa la norma, si tales servidores resultaren con alguna clase de invalidez en actos de servicio, o contrajeren una enfermedad profesional, tendrán derecho a pensión de retiro, conforme a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior y del artículo 8° de la ley N° 18.458, previa instrucción del sumario administrativo correspondiente, la que será de cargo fiscal y pagada por la Tesorería General de la República. De igual manera, el artículo 40 de la referida Orden General establece, en su inciso segundo, que el personal contratado bajo las normas previsionales del decreto ley N° 3.500, de 1980, tendrá derecho a licencia médica, añadiendo que en el caso de licencias por accidentes sufridos a causa o con ocasión del servicio, se aplicará lo dispuesto en el citado artículo 8° de la ley N° 18.458. Como puede apreciarse de la normativa antes expuesta, el personal contratado por resolución de Carabineros de Chile se encuentra cubierto, en lo que atañe a los riesgos por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, por los beneficios contemplados en el régimen propio del personal de esa institución, esto es, el decreto con fuerza de ley N° 2, de, 1968, del Ministerio del Interior. Por otra parte, es menester añadir que el artículo 1° de la ley N° 19.345, dispone, en síntesis, que los trabajadores de la Administración Civil del Estado, y otros que indica, quedarán sujetos al seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a que se refiere la ley N° 16.744, exceptuando expresamente de su aplicación al personal afecto a las disposiciones relativas a accidentes en actos de servicio y enfermedades profesionales contenidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1968, de la Subsecretaría de Guerra, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas; decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior, cuerpo estatutario del personal de Carabineros de Chile; en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, de la Subsecretaría de Investigaciones, estatuto del personal de esa institución, y en las leyes N°s. 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y 18.961; Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. En consecuencia, en armonía con lo resuelto por esta Contraloría General, por ejemplo, en sus dictámenes N°s. 49.236 y 4.796, ambos de 2005; 37.953, de 2004; 42.421, de 1998 y 32.251, de 1997, y teniendo en consideración que, conforme a lo antes anotado, el personal contratado por resolución en Carabineros de Chile se rige en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior, sólo cabe colegir que, por expreso mandato del citado artículo 1° de la ley N° 19.345, a dichos servidores no les resulta aplicable la preceptiva contenida en la ley N° 16.744 y, por ende, no procede efectuar por ellos las cotizaciones que ordena dicho texto legal, como, según se afirma, acontece en la actualidad, atendido lo cual la autoridad respectiva de esa Institución Policial deberá regularizar tal situación. Precisado lo anterior, y en lo que atañe a las consultas efectuadas por la entidad ocurrente, cabe hacer presente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 63 y siguientes de la ley N° 18.961, así como de los artículos 71 y siguientes del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, corresponde a la Comisión Médica Central de esa Institución el examen del personal a fin de establecer su capacidad física para permanecer en el servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él, siendo dable agregar que en caso de invalidez, compete al General Director determinar en definitiva la clasificación de la misma, previo informe técnico evacuado por la referida Comisión, de la cual derivará el monto del beneficio, conforme a lo prescrito, además, en los artículos 95 y siguientes del antes mencionado cuerpo estatutario. Ahora bien, en lo que se refiere a la procedencia del plazo de inamovilidad previsto en el artículo 20 del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y Otros Beneficios del personal de Carabineros de Chile, N° 9, aprobado por decreto N° 625, de 1964, del Ministerio del Interior, es oportuno señalar que, conforme a lo antes anotado, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 18.458, el Personal Contratado por Resolución que se accidentare en actos de servicio o contrajere una enfermedad profesional, tiene los derechos que establece, para esos eventos, el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior, texto normativo que no contempla el plazo de inamovilidad por el que se consulta, razón por la cual sólo cabe colegir que el personal de que se trata no tiene derecho a esa prerrogativa. Finalmente, en cuanto a la forma y el organismo competente para el pago de la pensión de invalidez por accidentes en actos de servicio o enfermedades profesionales del personal contratado por resolución, cabe hacer presente que, como ya se indicó, tales empleados no se rigen por las disposiciones de la ley N° 16.744, sino que, en lo que interesa, por la preceptiva contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.458, que expresamente señala que tal beneficio es de cargo fiscal y pagado por la Tesorería General de la República.