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c.criterio/Sobre Criterio
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DICTAMEN N° 003837

funcionarios que ocupan cargos de exclusiva confianza se mantienen en los mismos mientras cuentan con aquella, dependiendo su remocion de la voluntad de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento. asi se infiere de ley 18575 art/51, que senala lo que ha de entenderse por personal de exclusiva confianza, de ley 18834 art/6, que lo excluye de la carrera funcionaria y de los articulos 142 y 144 lt/d de este ultimo texto legal, que regulan la peticion de renuncia y declaracion de vacancia, como formas de cese de esa clase de servidores. por ende, la peticion de renuncia que se formula a estos empleados constituye el ejercicio de una atribucion privativa de la autoridad facultada para disponer su nombramiento y que expresa su proposito de removerlos de sus cargos por estimar que dejaron de contar con la confianza requerida. tales remociones producen en materia previsional, los mismos efectos que la renuncia no voluntaria, aun cuando esta no se encuentra contemplada en el estatuto administrativo como causal de cese de dichos funcionarios. en consecuencia, el aludido personal puede jubilar por expiracion obligada de funciones acorde dl 2448/78 art/12 si en virtud de ley 18834 art/14 tran mantuvieron el regimen previsional antiguo y en los terminos del art/131 del dfl 338/60. con todo, el otorgamiento de potestades a la autoridad administrativa en materia de nombramientos y remociones de los empleados de exclusiva confianza, no significa que aquella pueda actuar arbitrariamente, sino solo tiene por objeto permitirle contar con los medios juridicos idoneos para realizar adecuadamente la administracion del organismo bajo su dependencia, cuya finalidad ultima es satisfacer el interes general. por consiguiente, cuando ejerce una de sus atribuciones con un objetivo distinto del considerado por el legislador al concederle un poder de apreciacion discrecional, la decision adoptada queda afectada por una desviacion de poder y viciado el acto administrativo que la contiene. las consideraciones precedentes deben tenerlas presentes las autoridades administrativas cuando, con el objeto de crear causales de jubilacion prematuras o mejorar significativamente el monto de la pension sin que guarde relacion con las imposiciones efectuadas durante la carrera funcionaria, nombran en cargos de exclusiva confianza a servidores de graduacion media o baja, a los que luego se les solicita la renuncia no voluntaria, y en algunos casos incluso, una vez resuelta su remocion se les contrata en empleos similares a los que desempenaban primitivamente

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N° 3.837 Fecha: 1-II-2001 Esta Contraloría General ha estimado necesario impartir las siguientes directrices respecto de los actos administrativos de nombramiento y cese de funciones del personal de exclusiva confianza, así como de las contrataciones posteriores de los mismos servidores, con el objeto de evitar que se cometan acciones que signifiquen una desviación de fin y una infracción de las normas de probidad que contempla nuestra legislación positiva; todo ello por cuanto ha detectado en esta materia algunas situaciones que podrían ser anómalas. En primer término, debe tenerse en consideración que el artículo 51 de Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone, en lo que interesa, que se entenderá por funcionarios de la exclusiva confianza aquéllos sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer el nombramiento. En armonía con el citado precepto legal, el artículo 6° de Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, excluye a los cargos de confianza exclusiva del régimen de carrera funcionaria, indicando, en su artículo 7°, los empleos de esta índole. A su vez, los artículos 142 y 144, letra d), del citado cuerpo estatutario regulan la petición de renuncia y la declaración de vacancia como formas de cesación de funciones de los servidores que ocupan esta clase de cargos. Como puede advertirse, por la naturaleza misma de los empleos de exclusiva confianza, los funcionarios que los sirven se mantienen en sus cargos sólo mientras cuenten con ella, dependiendo su remoción, consecuentemente, de la voluntad de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento. Por ende, la petición de renuncia que se formula a estos funcionarios no constituye sino el ejercicio de una facultad privativa que expresa el propósito del superior de remover al afectado de su empleo, por estimarse que dicho servidor ha dejado de contar con la confianza requerida para el desempeño de esa plaza. Resulta útil agregar que si bien el Estatuto Administrativo no contempló la renuncia no voluntaria como causal de cesación de funciones de los empleados de confianza exclusiva, para efectos previsionales debe entenderse que cuando se remueve a uno de estos servidores públicos por causal de pérdida de confianza, de acuerdo con lo prescrito por los aludidos artículos 142 y 144, esa remoción produce los mismos efectos que la renuncia no voluntaria, figura jurídica que para tal finalidad subsiste en Ley N° 18.834, tal como, por lo demás, se manifestara por la jurisprudencia administrativa mediante Dictamen N° 14.604, de 1990. Por lo tanto, estos empleados podrán jubilar, por expiración obligada de funciones, según el artículo 12 del Decreto Ley N° 2.448, de 1978, si han mantenido el régimen previsional antiguo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 transitorio de la citada Ley N° 18.834 y a lo concluido por esta Entidad Fiscalizadora en el Dictamen N° 17.661, de 1990, y, en las mismas condiciones, podrán jubilar con la última renta, en los términos del artículo 131 del DFL. N° 338, de 1960. Precisado lo anterior, es menester puntualizar que si bien la autoridad administrativa posee determinadas atribuciones para decidir el nombramiento y remoción de los funcionarios de exclusiva confianza, ello no significa que en ejercicio de tales potestades pueda actuar arbitrariamente o de un modo que, en definitiva, signifique una desviación de poder, criterio que es coincidente con el que ha sustentado la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora a través de sus Dictámenes N°s. 513, de 1996 y 46.815, de 1999, entre otros. En efecto, la ley al otorgar esas potestades persigue como finalidad que la autoridad cuente con los medios jurídicos idóneos para realizar adecuadamente la administración del servicio a su cargo, todo lo cual, en último término, tiene como referente la realización del interés general. Conforme a lo anterior, cuando la autoridad ejerce una de sus atribuciones persiguiendo un fin distinto de aquel tenido a la vista por el legislador para concederle un poder de apreciación discrecional, la decisión que en tal virtud se adopte queda afectada por una desviación de poder, encontrándose, por ende, viciado el acto administrativo que la contenga. Es por ello que las autoridades administrativas deberán tener presente las consideraciones anteriores, cuando dispongan el nombramiento en un cargo de exclusiva confianza a un funcionario de graduación media o baja, a quien luego se le solicita su renuncia no voluntaria, y, en algunos casos, incluso, una vez resuelta su remoción, se le contrata en un cargo similar al que desempeñaba primitivamente, con lo cual se pretende muchas veces crear causales de jubilación prematuras, o se consigue mejorar significativamente su monto, lo que no guarda ninguna relación con las imposiciones efectuadas durante su carrera funcionaria.