municipalidad no actuo conforme a derecho al prorrogar nuevamente, mediante decreto de 30/12/98, esta vez hasta el 31/12/99, el plazo para que directora de control cumpla cometido funcionario dispuesto inicialmente el 16/6/97. ello, porque efectivamente, el personal municipal al que se le encomiende un cometido relacionado con las tareas especificas inherentes a su cargo, esta obligado a cumplirlo, aun cuando signifique desarrollarlo fuera del lugar de su desempeno habitual, como acontece en el caso de la ocurrente, al corresponderle a la unidad de control, entre otras labores, realizar la auditoria operativa interna de la unidad edilicia, incluidos los departamentos de administracion de educacion, en cuanto constituyen una dependencia de la municipalidad. no obstante, si bien es cierto que la ley no establece un plazo o duracion a los cometidos funcionarios, quedando tal factor sujeto a la naturaleza del objetivo a efectuar y/o, en ultimo termino, a la discrecionalidad del alcalde, no resulta menos efectivo que esa figura juridica, por su naturaleza, descansa sobre la base de una extension limitada en el tiempo, al referirse al cumplimiento transitorio de tareas especificas. aceptar lo contrario, vale decir, su prolongacion mas alla de lo que la razon juridica aconseja para llevar a cabo el fin encomendado, podria, por una parte, transformar esa modalidad en una clase de asignacion permanente de funciones y, por otra, pretender, veladamente, separar a un servidor del empleo para el que se le nombro. lo anterior, por cuanto pese a que el cometido funcionario no atenta en contra del derecho a la funcion del empleado el que conlleva el de ejercer las funciones de la plaza en que se le designo, atendido su establecimiento legal y naturaleza precaria, al no tener una duracion definida en el tiempo, puede, a traves de una extension excesivamente prolongada, transformarse en un instrumento arbitrario destinado a impedirle el cumplimiento de las labores inherentes a su cargo, maxime si se trata de empleos con denominacion especifica en la planta respectiva, cuyas funciones se encuentran fijadas por la propia ley.
asi, aun cuando la extension de los cometidos funcionarios es una materia sometida a la discrecionalidad del alcalde al tener que evaluar este el cumplimiento del objetivo considerado al disponerlo, ello no significa que dicha autoridad se encuentre habilitado para actuar arbitrariamente o de un modo que, en definitiva, signifique una desviacion de poder. en armonia con lo anterior, segun ley 18883 art/6 lt/c, el alcalde y los jefes de unidad deben desempenar sus funciones con ecuanimidad y conforme instrucciones claras y objetivas de general aplicacion, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo, permitan una actuacion eficiente del personal, cuestion que pasa evidentemente, por que los empleados cumplan las tareas que naturalmente se derivan del cargo que legalmente desempenan. contraloria pudo emitir el pronunciamiento precedente, ya que contrariamente a lo manifestado por el municipio, el rechazo por extemporaneo del recurso de proteccion interpuesto en contra del decreto de 31/12/97, que amplio el plazo del cometido hasta el 31/12/98, no produjo la excepcion de cosa juzgada que pretende la entidad edilicia. lo expuesto, toda vez que para ello se requiere que concurran las condiciones previstas en art/177 del codigo de procedimiento civil, lo que no sucedio en la situacion en estudio, pues la corte de apelaciones no resolvio sobre el fondo del asunto. en todo caso, de aceptarse el efecto de cosa juzgada que invoca la entidad edilicia fundandose en el considerando de fallo que senala que el acto administrativo impugnado no es arbitrario ni ilegal, debe tenerse presente que este es distinto al ahora reclamado. por ende, pretender extender al decreto objeto del presente reclamo, el alcance de lo indicado en la sentencia respecto del primer acto administrativo, no procede tanto administrativa como judicialmente. esto ultimo, ya que contraviene el principio del efecto relativo de los fallos judiciales consagrado en art/3 del codigo civil, en virtud del cual esos alcanzan, por una parte, solo a quienes fueron parte en las causas en que se dictan y, por otra, unicamente al asunto, materia o hecho sobre el cual recae el pronunciamiento