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OFICIO N° OF100864

Informa sobre necesidades de personal institucional y de infraestructura para el período 2027-2031.

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Nº OF100864 Fecha: 27-05-2026 Esta Contraloría General ha recibido el Oficio N° 817, de 2026, del Ministerio de Hacienda, en el cual se solicita la formulación del Anteproyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027 y programa financiero 2028-2031, en los términos que en ese documento se señalan. En ese contexto, y sin perjuicio de que, en lo medular, se procederá conforme a lo solicitado, se ha estimado hacer presente las siguientes consideraciones: Como cuestión previa, cabe recordar que conforme a lo indicado en el artículo 98 de la Constitución Política, la Contraloría General de la República es un organismo autónomo al que le corresponde ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevar la contabilidad general de la Nación, y desempeñar las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva. Por su parte, los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General, establecen, en lo que atañe, que “En uso de sus facultades, el Contralor General podrá constituir delegados en los Servicios públicos y demás entidades sujetas a su fiscalización, con el fin de practicar las inspecciones e investigaciones que estime necesarias” y que “Cuando lo estime conveniente el Contralor, se practicarán inspecciones extraordinarias en cualquiera oficina sujeta a su fiscalización, a fin de informarse sobre los métodos empleados en el manejo de los fondos y de dar instrucciones tendientes a perfeccionar dichos métodos para la mejor fiscalización”. Como es posible apreciar de las normas transcritas, es propio de la naturaleza de esta Contraloría General ejercer la fiscalización respecto de todas las entidades afectas a dicho control, entre las cuales se cuentan principalmente los Ministerios, Subsecretarías y Servicios Públicos dependientes del Poder Ejecutivo, así como también las municipalidades, entidades que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional, para lo cual resulta indispensable contar con dicho personal en un número suficiente para tales tareas y, además, contar con los recursos para solventar el desplazamiento de los funcionarios de este Órgano de Control hasta las localidades donde se ubican aquellas entidades a fiscalizar, toda vez que, de otra forma, no sería posible ejercer el mandato constitucional y legal que recae sobre esta Institución. En ese orden de ideas, cabe mencionar que lo señalado en el documento que se ha remitido, denominado “Instrucciones para la formulación del marco de mediano plazo 2027-2031 y proyecto de ley de presupuestos 2027”, en cuanto indica que “… para cada año de la programación de mediano plazo se deberá considerar una reducción anual del 5% respecto del nivel del año anterior, como efecto supuesto de la aplicación de medidas de gestión”, merece diversas observaciones, toda vez que, de su sola lectura, se advierte que ello se pretendería aplicar a esta Contraloría General, en iguales términos que respecto de los servicios públicos dependientes o supervigilados por el Ejecutivo, cuestión que no respeta la naturaleza autónoma de esta Entidad Contralora, ni mira al cumplimiento de los fines con que ha sido concebida a nivel constitucional y legal. Por ende, se sugiere que en adelante ese Ministerio evalúe que el tratamiento y análisis, incluyendo oficios como el de la especie, relativos a los aspectos financieros y presupuestarios que involucren a este Órgano de Control y a todas las demás entidades de naturaleza autónoma, se efectúen de manera separada, en armonía con dicha autonomía, con las particularidades de tales instituciones y a la luz de la normativa constitucional y legal vigente. Asimismo, se debe considerar que, como es de público conocimiento y consta en los antecedentes que posee dicho Ministerio, el aparato público central (a fiscalizar) ha crecido exponencialmente en los últimos años (49,91% desde 2016 a 2024), en tanto, el crecimiento de este Órgano de Control ha sido mínimo, llegando incluso en algunos años a decrecer en términos comparativos. Adicionalmente, en los últimos años, ha sido frecuente la creación de nuevos órganos, servicios y dependencias públicas, que generan una mayor carga de fiscalización requerida y de atención de consultas jurídicas sobre su funcionamiento, sus atribuciones, su personal y sus remuneraciones (a modo ejemplar, Ministerio de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención del Delito, Subsecretaría de Educación Superior, Subsecretaría de Educación Parvularia, Servicios Locales de Educación Pública, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Agencia de Protección de Datos Personales, Servicio Nacional Forestal, Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, Fondo Autónomo de Protección Previsional, Agencia Nacional de Ciberseguridad, entre otros), cuestión que se suma a las nuevas obligaciones y deberes de control o de atención ciudadana que se han asignado a la Contraloría General, sin que los respectivos informes financieros de aquellas leyes hayan siquiera contemplado monto alguno para que esta Entidad de Control pudiera cumplir mínimamente tales nuevos mandatos.1 También se debe tener presente que, desde el inicio de la actual administración de esta Contraloría General, se han aplicado profundas medidas de gestión interna y redistribución de personal y de medios, para hacer más eficiente el uso de los recursos tanto financieros, como humanos y físicos, sumadas a las severas medidas de ahorro interno implementadas a nivel nacional, denominadas “Plan de Ahorro Mayor” de la CGR, lo que deja un nulo espacio para realizar nuevos ajustes y esfuerzos en dicho ámbito. En ese contexto, cabe puntualizar que una disminución en el monto destinado a viáticos nacionales, como se plantea en el documento remitido, en el caso de este Órgano de Control impacta directamente en su capacidad y posibilidad real de desarrollar las fiscalizaciones, las que son técnicamente planificadas en base a riesgos pesquisados en las entidades públicas. Sobre este último punto, y en directa conexión, tanto con la independencia que la Constitución Política garantiza a esta Entidad Contralora y a la ciudadanía que es la beneficiaria de sus acciones de control, como al cumplimiento de los deberes previstos en la referida Carta Fundamental, se debe consignar que no es procedente que un Ministerio o dependencia que forma parte del Ejecutivo y que, por ende, está sujeto a dicha fiscalización, instruya a este Organismo Autónomo una medida de reducción del número de acciones de control que se pueden ejecutar a su respecto, mediante la disminución de los fondos destinados a solventarlas. Lo mismo se debe considerar respecto de la instrucción de disminuir el pago de las horas extraordinarias del personal de esta Entidad Fiscalizadora2. Por otra parte, resulta importante destacar que la evidencia empírica, particularmente aquella observada durante los últimos años, demuestra de manera pública y notoria que esta Contraloría General administra los recursos que le son asignados por el Tesoro Público con altos estándares de economicidad, eficiencia y eficacia, contribuyendo, entre otros aspectos, a la detección y corrección de ineficiencias financieras o irregularidades, a la uniformidad de los procesos al interior de la Administración del Estado y al otorgamiento de certeza en la interpretación jurídica administrativa. En tal sentido, es evidente que los recursos invertidos en la CGR generan un retorno significativamente superior en beneficio del Estado y del adecuado funcionamiento de la institucionalidad pública y del país. En ese contexto, resulta necesario complementar la solicitud de presupuesto remitida previamente a DIPRES, en atención a que la necesidad de actualizar la dotación institucional -en armonía con el crecimiento del aparato público a fiscalizar-, así como la inversión en infraestructura proyectadas, sobrepasan el límite señalado en su instructivo. Por ende, la solicitud presupuestaria 2027-2031 se informa en el presente oficio. Así las cosas, si bien los requerimientos de dotación se proyectaron a un horizonte de 5 años como se requirió, la totalidad de los recursos solicitados, están por sobre el nivel del “techo” presupuestario 2026. A su vez, los requerimientos de inversión en infraestructura que se plantean, se proyectaron a un horizonte de 5 años, y su financiamiento está parcialmente cubierto dentro del techo o límite máximo presupuestario indicado, pero otra parte supera dicho límite. Ello, en atención a que cuando una sede regional está en plena construcción, los requerimientos en recursos de inversión son más cuantiosos, y es imposible absorberlos con el presupuesto destinado a la operación corriente de un año normal. Cabe añadir, que el detalle pormenorizado de la información presentada y aludida en este oficio, será remitida al sectorialista de ese Ministerio que ha sido asignado para trabajar con nuestra institución. A. NECESIDADES DE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA EL PERÍODO 2027-2031. I. INTRODUCCIÓN: Invertir en la Contraloría General de la República, es una medida directa para proteger los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Ello, porque cada peso destinado a reforzar los controles bien diseñados, tienden a prevenir o detectar oportunamente pérdidas potencialmente mayores en programas, obras y gestión de personas. Actualmente, la CGR ejerce sus funciones de control sobre la Administración del Estado en un sentido amplio, esto es, sobre los ministerios y servicios públicos, los gobiernos regionales y las municipalidades, entre otros. De acuerdo con antecedentes recientes de DIPRES, el personal del sector público llega a 1.089.000 personas, siendo el universo sujeto a la fiscalización de esta Entidad de Control aún más alto que ese número. Sin embargo, la CGR cuenta hoy sólo con 2.188 personas, de las cuales la mayoría se concentra en funciones profesionales, jurídicas y de fiscalización. Ello significa, en la práctica, que existe un número reducido de personas que controlan un universo muy amplio y dinámico, lo que debilita la capacidad preventiva, detectiva, y pedagógica del control externo, en todo su espectro de materias. 2. DIAGNÓSTICO: 2.1. Dotación actual y elasticidad frente al crecimiento del Estado: La dotación vigente de la CGR se distribuye aproximadamente en 27,6% de fiscalizadores directos, 20,4% de profesionales jurídicos, 18,1% de otros profesionales de control, 6,3% de técnicos, 9,1% de administrativos, 3,4% de auxiliares y 10,4% de directivos y jefaturas. En términos territoriales, pese a los esfuerzos de aumento ya desplegados, 845 funcionarios se desempeñan en las contralorías regionales, muchas de las cuales cuentan con menos de 60 personas para cubrir un universo creciente de servicios públicos y municipios, programas y personal a fiscalizar. Como se dijo, la evolución de la dotación de CGR se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años, con un incremento de personal de sólo el 10,95% entre 2016 y 2026, pasando de 1.999 a los 2.188 funcionarios que actualmente se desempeñan en la institución, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: Tal aspecto contrasta con la evolución del número de funcionarios de la Administración del Estado, la que solo en el Gobierno Central, según datos de la DIPRES, se ha incrementado entre 2016 y 2024 en un 49,91%, como se aprecia en la siguiente imagen: En este sentido, no existe una correlación ni proporcionalidad alguna entre el crecimiento de la Administración y el personal de la CGR destinado a fiscalizarla. Adicionalmente a esta expansión cuantitativa, el personal de la Administración del Estado posee complejidades en lo que se refiere a la diversidad de normativas aplicables para cada entidad pública, lo que aumenta y dificulta de manera considerable la demanda de control, mientras la dotación de la CGR ha crecido a un ritmo muy menor, generando una elasticidad insuficiente de la capacidad fiscalizadora frente al crecimiento del Estado. 3. Focalización del trabajo de CGR para el período 2027-2031: Para que el crecimiento de la dotación de CGR tenga el mayor impacto posible en el adecuado y efectivo control de la Administración del Estado y el buen uso de los recursos públicos, resulta necesario focalizar los esfuerzos institucionales hacia las áreas en que el control pueda generar los mayores efectos: el uso intensivo de tecnologías y datos, la fiscalización tradicional pero optimizada de programas y obras de cuantioso presupuesto en el territorio, y la sustanciación oportuna de sumarios y juicios de cuentas, a efectos de que los incumplimientos administrativos y el daño patrimonial al Fisco, tengan consecuencias reales. Sobre esta base, se orientan 4 ejes de configuración de equipos, proyectado para el siguiente período: 3.1 Eje 1: Fiscalización Tecnológica La expansión de las plataformas y el cruce de bases de datos masivas, los sistemas de información de control de remuneraciones y de beneficios previsionales, los canales digitales de denuncias y una serie de nuevos módulos informáticos que fortalecen el control de la Administración del Estado, evidencian que hoy el “campo de fiscalización” sea tanto físico como digital. Los tiempos actuales y la masividad de los datos disponibles, exigen equipos capaces de diseñar controles automatizados, cruzar grandes bases de datos, desplegar analítica avanzada y reforzar la seguridad y usabilidad de la información, lo que supera el perfil de la fiscalización tradicional, basada esencialmente en revisiones manuales de expedientes. Para materializar este eje, se requiere conformar equipos multidisciplinarios que combinen: · Ingenieros de datos y especialistas en analítica/IA aplicados a control (detección de patrones de riesgo, alertas tempranas, minería de datos, modelos de segmentación). · Ingenieros de infraestructura y desarrollo, para mantener y evolucionar plataformas de control y de gestión financiera o del personal de la Administración del Estado de manera eficiente y segura. · Fiscalizadores y abogados con competencias digitales, capaces de interpretar los hallazgos tecnológicos y transformarlos en acciones de control legalmente procedentes, además de innovar y automatizar procesos, para su mayor eficiencia. Este eje aumenta la productividad del control, permitiendo detectar más observaciones relevantes, además de actuar preventivamente ante desvíos en transferencias, inversión pública, remuneraciones, licencias médicas, contratos y otros ámbitos sensibles. 3.2 Eje 2: Fiscalización Tradicional Optimizada (obras, programas y territorio) Pese al avance tecnológico, sigue siendo indispensable la fiscalización presencial de obras, proyectos de inversión, programas sociales y de gobiernos locales, con montos muy significativos de recursos públicos involucrados, y para verificar la calidad de la infraestructura e intervenciones que la ciudadanía percibe directamente. En este eje, se requieren equipos con presencia territorial suficientemente robusta, compuestos por: · Fiscalizadores de programas y rendiciones de cuentas, con capacidad de revisar masivamente transferencias, convenios y ejecución presupuestaria. · Ingenieros civiles, constructores civiles y arquitectos para la revisión técnica de obras y proyectos de inversión, incluyendo aspectos ambientales y de calidad de ejecución. · Jefaturas regionales con experiencia en diseño de planes anuales de fiscalización, que integren criterios de riesgo fiscal, impacto territorial y coordinación con otros órganos de control. El fortalecimiento de este eje, con énfasis en regiones, donde la dotación actual es aún reducida en comparación con la magnitud de la inversión pública, permite mejorar la equidad territorial del control y reducir la percepción de zonas carentes de éste en el Estado. 3.3 Eje 3: Sumarios y responsabilidad disciplinaria El aumento de obligaciones en materia de probidad, protección de denunciantes, prevención del acoso y violencia en el trabajo y cumplimiento de deberes funcionariales, ha derivado en un incremento sostenido de procedimientos disciplinarios. Sin equipos especializados suficientes, estos procesos se acumulan, lo que reduce su efecto disuasivo, afecta la oportunidad en la reparación de los daños y en la protección de la confianza ciudadana. Este eje exige consolidar equipos permanentes formados por: · Fiscales investigadores y fiscales administrativos permanentes. · Abogados especializados en responsabilidad administrativa, probidad y empleo público. · Analistas de admisibilidad y seguimiento de sumarios instruidos por otros órganos, capaces de cerrar el circuito de control sobre las medidas adoptadas en cada entidad. Reforzar este eje implica no solo resolver expedientes pendientes, sino también mejorar los incentivos a la integridad en el conjunto del empleo público, dando una señal clara de que las infracciones tienen consecuencias administrativas y civiles. 3.4 Eje 4: Función jurídica, reclamos, denuncias y pronunciamientos La función jurídica de la CGR constituye una línea crítica de resguardo de juridicidad, toda vez que canaliza reclamos de funcionarios, denuncias ciudadanas y solicitudes de pronunciamiento jurídico respecto de actos, decisiones y omisiones de los órganos de la Administración del Estado. Esta demanda no solo ha aumentado por la mayor complejidad normativa del sector público, sino también por la expansión de los canales digitales de ingreso y por la necesidad de entregar respuestas técnicas, consistentes y oportunas que orienten la actuación administrativa y prevengan la reiteración de ilegalidades. En este eje se requiere fortalecer equipos especializados en admisibilidad, análisis jurídico, elaboración de pronunciamientos y atención de reclamos, de manera que la CGR pueda responder con mayor oportunidad y uniformidad a presentaciones que muchas veces constituyen la antesala de procesos de fiscalización, sumarios o litigios. Su fortalecimiento permite, además, reducir la incertidumbre jurídica en los servicios públicos, mejorar la calidad de las decisiones administrativas y reforzar la confianza de los funcionarios y de la ciudadanía en los mecanismos institucionales de control. 4. Propuesta cuantitativa para el periodo 2027-2031: 4.1 Aumento neto de dotación para 5 años Para la fiscalización del aparato público actual y considerando la complejidad del control, se plantea, como escenario de trabajo, un aumento neto de cargos en el citado período, distribuido de la siguiente forma: · Fiscalización Tecnológica: 100 cargos adicionales (ingenieros de datos, ingenieros de sistemas, desarrolladores, especialistas en ciberseguridad y fiscalizadores con perfil digital). · Fiscalización Tradicional Optimizada: 344 cargos adicionales (fiscalizadores de programas, fiscalizadores de obras, profesionales técnicos de apoyo y jefaturas regionales específicas). · Procesos Disciplinarios: 69 cargos adicionales (fiscales, abogados disciplinarios, analistas de admisibilidad y seguimiento de sumarios). · Función jurídica, reclamos, denuncias y pronunciamientos: 94 cargos adicionales (abogados de pronunciamientos jurídicos, analistas de admisibilidad y seguimiento, además de supervisores y coordinadores). Sumando reposiciones y nuevos cargos netos, el esfuerzo total de reclutamiento para 2027-2031 sería del orden de 607 incorporaciones en esos 5 años, lo que permite un fortalecimiento relevante pero aún acotado respecto del tamaño del aparato público a fiscalizar y del personal de la Administración Activa. 5. Tabla “Detalle de la petición para el periodo 2027-2031”: EjeFunciónGradosCantidadLabor Fiscalización TecnológicaIngenieros de datos y Analistas de Analítica avanzada/IA1515Diseñar modelos de riesgo, explotar bases masivas, construir tableros, alertas y cruces automatizados para fiscalización y sumarios. Se considera 1 profesional por región con excepción de la región metropolitana y su incorporación a razón de 5 por año, por 3 años. Fiscalización TecnológicaAnalistas Patrimoniales.1520Profesionales del área de la administración pública, contabilidad, finanzas, o de análisis de datos, destinados al análisis de las declaraciones de intereses y patrimonio y su evolución patrimonial. Se consideran para la región metropolitana, a razón de 5 por año, por 4 años. Fiscalización TecnológicaSupervisores de Analistas Patrimoniales114Para la función de supervisión de los analistas patrimoniales a una razón de 1 supervisor por cada 5 analistas. Se considera un supervisor adicional para el personal que ya está en funciones. Se consideran para la región metropolitana a razón de 1 por año, por 4 años. EjeFunciónGradosCantidadLabor Fiscalización TecnológicaIngenieros Desarrolladores, de Infraestructura y Sistemas.1515Mantener, evolucionar e integrar plataformas críticas, automatizar procesos, asegurar continuidad y apoyar interoperabilidad institucional. Profesionales del área de las tecnologías de la información y comunicaciones, destinados a la creación y desarrollo de software para uso de CGR y también para uso por los auditores internos de la Administración del Estado. Ello, para seguir creando directamente aplicaciones de IA, de propiedad fiscal, más baratas en el corto y mediano plazo (a la fecha se han desarrollado 5 aplicativos IA “in-house”). Adicionalmente, se consideran profesionales del área de las tecnologías de la información y comunicaciones destinados a la actualización, mantenimiento y soporte del software y hardware institucionales. Se consideran en la región metropolitana a razón de 5 por año, por 3 años. Fiscalización TecnológicaEspecialistas en Ciberseguridad y Administración de Plataformas.126Proteger infraestructura, asegurar disponibilidad, resguardar información sensible y soportar servicios críticos del control. Estos profesionales se encontrarían radicados en la región metropolitana y su inclusión sería de 2 por año, por 3 años, hasta completar los 6 cargos. Fiscalización TecnológicaFiscalizadores con Perfil Digital.1540Aplicar herramientas de minería de datos, revisar alertas, ejecutar supervisión remota y traducir hallazgos tecnológicos en acciones de control. Se consideran 2 profesionales por región y 10 para la región metropolitana. Solicitándose su incorporación a razón de 10 por año, por 4 años. Fiscalización Tradicional OptimizadaJefaturas de Unidades de Control Externo.86Dirigir y programar fiscalizaciones, distribuir cargas regionales, homogeneizar criterios y monitorear cumplimiento de planes de control. Se consideran 2 profesionales en la región metropolitana y 4 en las regiones de Valparaíso, Maule, Araucanía y Los Lagos. Se incorporación se solicita a razón de 2 por año, por 3 años. EjeFunciónGradosCantidadLabor Fiscalización Tradicional OptimizadaSupervisores de Fiscalización Administrativa y Financiera.1140Supervigilar equipos regionales, revisar calidad del trabajo, validar criterios y asegurar trazabilidad de las observaciones. Se consideran 2 supervisores por región, con excepción de las regionales de Valparaíso, Maule, Araucanía, Los Lagos y Metropolitana, en donde serían 3 profesionales por sede, el resto en nivel central. Lo anterior, a razón de 8 por año por 5 años. Fiscalización Tradicional OptimizadaSupervisores de Obras118Supervisar técnicamente los equipos de fiscalización de obras, revisar y validar hallazgos de terreno, asegurar uniformidad metodológica en la inspección de contratos y proyectos de inversión, priorizar fiscalizaciones según riesgo y materialidad, y coordinar la emisión oportuna de observaciones e instrucciones correctivas a nivel regional y nacional. Se consideran 1 profesional para las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Maule, Bío-Bío, Araucanía y Los Lagos, y 2 en Valparaíso.; a razón de ingreso de 2 funcionarios por 4 años. Fiscalización Tradicional OptimizadaFiscalizadores Administrativos y Financieros15240Revisar transferencias, convenios, subsidios y programas de alta ejecución, con foco en riesgo fiscal y cobertura territorial. Se consideran en promedio 12 fiscalizadores por región, con excepción de la Región Metropolitana en donde se solicitan 60 profesionales. Lo anterior, a razón de 48 fiscalizadores por año por 5 años. Fiscalización Tradicional OptimizadaFiscalizadores de Obras y Proyectos de Inversión (ingenieros civiles, constructores civiles o arquitectos)1550Verificar técnicamente obras, estados de avance en terreno y cumplimiento ambiental y contractual de proyectos, para asegurar la correcta ejecución y el uso eficiente de los recursos. Se consideran 2 fiscalizadores de obras por región y 20 en la Región Metropolitana (con el objeto de crear una unidad de fiscalización de obras en el sector municipal y regional). Se solicita la incorporación de 15 fiscalizadores por año por los siguientes 5 años. Procesos DisciplinariosFiscales Investigadores1530Instruir sumarios complejos, conducir diligencias, formular cargos y proponer medidas. Profesionales del área jurídica o de la administración pública, contabilidad o finanzas, para sumarios y procedimientos sancionatorios. EjeFunciónGradosCantidadLabor Con este personal adicional se pretende crear las nuevas fiscalías administrativas permanentes (que están pendientes) en las regiones de Antofagasta (6), Valparaíso (6), Metropolitana (12) y Maule (6). Se considera 12 fiscales para la Región Metropolitana durante el 2027-2028, 6 para Valparaíso en 2029, 6 para Antofagasta en 2030 y 6 para Maule el 2031. Lo anterior, a razón de 6 fiscales por año por 5 años. Procesos DisciplinariosFiscales Administrativos Permanentes115Abogados jefes de fiscalías administrativas permanentes que dirigen sumarios administrativos y procedimientos sancionatorios de la CGR. Con este personal adicional se pretende crear fiscalías administrativas permanentes en las regiones de Antofagasta (1), Valparaíso (1), Metropolitana (2) y Maule (1). Se considera un ingreso por año por los 5 años siguientes. Procesos DisciplinariosSubjefatura de Departamento91Dirigir parte de las fiscalías administrativas permanentes y apoyar en la dirección del departamento, teniendo la atribución delegada para resolver sumarios administrativos y procesos sancionatorios. Procesos DisciplinariosAbogados de Procedimientos de Cobro Ejecutivo113Abogados destinados a la interposición, seguimiento, defensa y supervigilancia de acciones ante los tribunales de justicia, destinada a la recuperación de recursos en favor del Fisco, derivadas del cumplimiento de sentencias emitidas en los juicios de cuentas. Los 3 profesionales se desempeñarían en la Fiscalía de CGR en su sede central. Se considera 1 profesional por año, por 3 años. EjeFunciónGradosCantidadLabor Procesos DisciplinariosProcuradores1520Asistentes de abogados destinados a la tramitación de causas en los tribunales de justicia, respecto de acciones interpuestas en contra de deudores de recursos fiscales. Se considera 1 por región y 5 para la región metropolitana. Procesos DisciplinariosAnalistas de Admisibilidad y Seguimiento de Sumarios1510Recibir, clasificar, filtrar y monitorear casos disciplinarios, con trazabilidad de medidas y plazos en otros servicios. Se considera 2 ingresos por año y por los próximos 5 años. Función jurídica, reclamos, denuncias y pronunciamientosJefaturas de Unidades Jurídicas84Dirigir la gestión jurídica de reclamos, denuncias y solicitudes de pronunciamiento, fijar criterios comunes de admisibilidad y resolución, distribuir cargas de trabajo y asegurar uniformidad técnica entre nivel central y regiones. Un profesional por cada una de las siguientes regiones: Valparaíso, Metropolitana, Maule y Araucanía; a razón de 2 el año 2027 y luego 2 para el año 2028. Función jurídica, reclamos, denuncias y pronunciamientosAbogados Informantes1560Analizar presentaciones de funcionarios y particulares, elaborar proyectos de pronunciamiento jurídico, revisar legalidad de actos administrativos y emitir respuestas fundadas sobre materias sometidas a consulta. Se consideran 3 profesionales por región y 15 para la Región Metropolitana, a razón de 12 ingresos por año y por los próximos 5 años, priorizando a las regiones en el orden de ingresos. Función jurídica, reclamos, denuncias y pronunciamientosAbogados Adjuntos12-920Abogados con al menos 8 años de experiencia profesional en CGR o se hayan desempeñado durante 4 años o más como jefes y subjefes de división y/o contralor regional, liderado equipos abogados informantes o apoyado a jefes de comité, unidad, departamento o división, en la revisión de la calidad técnica de los pronunciamientos, la consistencia argumentativa y normativa, supervisión de tiempos de tramitación y la resolución de casos complejos. Se distribuirían preferentemente a razón de 1 por región y 5 en la Región Metropolitana, solicitándose 4 por año y por los próximos 5 años. EjeFunciónGradosCantidadLabor Función jurídica, reclamos, denuncias y pronunciamientosAnalistas de Seguimiento para la Función Jurídica1510Gestionar trazabilidad, control de plazos, seguimiento de respuestas, ordenamiento de antecedentes y apoyo a la priorización de casos de mayor impacto jurídico o institucional. Se considera 5 ingresos por año por los 2 años siguientes. TOTAL:607 6. Proyección de Costos y Sostenibilidad Financiera de la Propuesta (Periodo 2027-2031) La cuantificación financiera de la presente solicitud de aumento de dotación se ha formulado bajo un estricto criterio de gradualidad y eficiencia en el gasto público, proyectando un horizonte de consolidación institucional de cinco años (2027-2031). La estructura presupuestaria contempla no solo el gasto recurrente en personal, sino también la inversión inicial requerida en activos no financieros para asegurar que cada nuevo funcionario cuente con las condiciones operativas y ergonómicas indispensables para el desempeño inmediato de sus funciones. A continuación, se presentan los costos asociados al aumento de dotación requerido. Cabe señalar que además de los funcionarios adicionales, también se incluye el gasto en mobiliario y equipos informáticos para cada persona: Proyección de Costos M$Costo Anual Adicional N°EjeCantidadAño 2027Año 2028 Remuner.MobiliarioEquip. InforTotalRemuner.MobiliarioEquip. InforTotal 1Fiscalización Tecnológica1001.034.88333.69831.9001.100.4812.069.76733.69831.9002.135.365 2Fiscalización Tradicional3442.608.65981.34077.0002.766.9995.217.31981.34077.0005.375.659 3Procesos Disciplinarios691.102.53336.02234.1001.172.6551.477.18511.62011.0001.499.805 4Función jurídica, reclamos, denuncias y pronunciamientos94950.14526.72625.3001.002.1711.900.29026.72625.3001.952.316 TOTAL6075.696.221177.786168.3006.042.30710.664.560153.384145.20010.963.144 Proyección de Costos M$ N°EjeAño 2029Año 2030 Remuner.MobiliarioEquip. InforTotalRemuner.MobiliarioEquip. InforTotal 1Fiscalización Tecnológica2.994.88631.37429.7003.055.9603.491.54817.43016.5003.525.478 2Fiscalización Tradicional7.825.97881.34077.0007.984.31810.295.23079.01674.80010.449.046 3Procesos Disciplinarios1.851.83611.62011.0001.874.4562.171.60510.4589.9002.191.963 4Función jurídica, reclamos, denuncias y pronunciamientos2.545.47318.59217.6002.581.6653.190.65618.59217.6003.226.848 TOTAL15.218.173142.926135.30015.496.39919.149.040125.496118.80019.393.336 Proyección de Costos M$ EjeAño 2031 Remuner.MobiliarioEquip. InforTotal Fiscalización Tecnológica3.491.548--3.491.548 Fiscalización Tradicional12.654.71776.69272.60012.804.009 Procesos Disciplinarios2.491.37410.4589.9002.511.732 Función jurídica, reclamos,3.835.84018.59217.6003.872.032 TOTAL22.473.479105.742100.10022.679.321 6.1. Resumen Consolidado del Requerimiento Presupuestario La implementación total del programa de 5 años involucra la incorporación progresiva de 607 plazas de personal profesional. El flujo de recursos necesario para financiar esta iniciativa asciende a un total inicial de M$ 6.042.307 para el año 2027, escalando de manera controlada hasta M$ 22.679.321 el año 2031, período en el cual la dotación requerida se encontrará completamente desplegada y los gastos de habilitación habrán concluido. A continuación, se detalla la evolución anual del presupuesto incremental requerido (valores expresados en miles de pesos de cada año): · Año 2027 (Etapa Inicial): M$ 6.042.307 · Año 2028: M$ 10.963.144 · Año 2029: M$ 15.496.399 · Año 2030: M$ 19.393.336 · Año 2031 M$ 22.679.321 6.2. Desglose Presupuestario por Componente de Gasto Para efectos metodológicos, el financiamiento adicional solicitado se ha dividido en tres componentes técnicos: 1. Remuneraciones Incrementales (Subtítulo 21): Representa el costo de remuneraciones del nuevo personal fiscalizador, jurídico y de apoyo, calculado en función de los grados específicos de la escala institucional correspondientes a cada perfil (grados 8, 9, 10, 11, 12 y 15). Este ítem se inicia con M$ 5.696.221 en 2027 y alcanza su máximo operativo de M$ 22.473.479 en 2031. 2. Habilitación de Estaciones de Trabajo (Subtítulo 29 - Mobiliario): Gasto transitorio asociado a la adquisición de escritorios, módulos y mobiliario ergonómico. Demanda M$ 177.786 en el primer año y decrece progresivamente hasta llegar a M$ 105.742 en el año 2031. 3. Equipamiento Tecnológico de Usuarios (Subt. 29 - Equipos Informáticos): Provisión de notebooks necesarios para la ejecución inmediata de labores de profesionales y fiscalización. Comienza con una inversión de M$ 168.300 en 2027, y decrece progresivamente hasta llegar a M$ 100.100 en el año 2031. 6.3. Distribución Presupuestaria por Eje Estratégico Institucional La asignación de estos recursos financieros impactará de forma transversal en los cuatro ejes definidos para la modernización de la gestión de control: · Eje Fiscalización Tecnológica (100 cargos en total): Demandará un presupuesto integral de M$ 1.100.481 en 2027, alcanzando M$ 3.491.548 en régimen (2031) para el financiamiento de ingenieros de datos, analistas patrimoniales, desarrolladores en IA autónoma y especialistas en ciberseguridad. · Eje Fiscalización Tradicional Optimizada (344 cargos en total): Es el componente de mayor volumen presupuestario, requiriendo M$ 2.766.999 en 2027 y estabilizándose en M$ 12.804.009 el 2031, orientado fuertemente al refuerzo operativo de las Contralorías Regionales y la inspección técnica en terreno de las obras públicas. · Eje Procesos Disciplinarios (69 cargos en total): Iniciará con un requerimiento de M$ 1.172.655 en 2027 y consolidará un costo anual de M$ 2.511.732 en 2031. Financiará de manera exclusiva la creación y sostenimiento de las nuevas Fiscalías Administrativas Permanentes pendientes en zonas críticas como Antofagasta, Valparaíso, Maule y Santiago. · Eje Función Jurídica, Reclamos, Denuncias y Pronunciamientos (94 cargos en total): Requiere M$ 1.002.171 en su fase inicial, proyectando un costo permanente de M$ 3.872.032 al año 2031, enfocado en dotar a las regiones de abogados adjuntos informantes y analistas de gestión, para mitigar los tiempos de tramitación de dictámenes y asegurar consistencia normativa. B. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL PERÍODO 2027-2031. I. INTRODUCCIÓN Invertir en la infraestructura física de la Contraloría General para que cuente con edificaciones públicas tecnológicamente aptas y seguras, no representa un gasto administrativo, sino una decisión estratégica que favorece el despliegue de los equipos fiscalizadores y asegura la continuidad operativa frente a los crecientes desafíos del control y el combate efectivo contra la corrupción. Bajo el marco del Plan Estratégico Institucional vigente, esta Entidad Fiscalizadora ha determinado que la eficacia de la función de control se encuentra íntimamente ligada a las condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y capacidad de sus sedes, tanto en el nivel central como en el territorio regional. Por consiguiente, el presente plan consolidado de inversiones para el periodo 2027-2031 agrupa los requerimientos de inversión destinados a subsanar déficits de espacios en regiones y nivel central. 2. DIAGNÓSTICO Y BRECHA DE INFRAESTRUCTURA El análisis de la infraestructura física actual del organismo revela vulnerabilidades críticas y asimetrías territoriales que limitan de forma directa el cumplimiento de los objetivos de control institucional: · Vulnerabilidad por Dependencia de Arrendamientos Continuos: Las Sedes Regionales de Atacama (con más de 50 años operando en propiedades arrendadas) y Ñuble (creada en 2017) se encuentran en inmuebles de terceros que han alcanzado su límite de adaptabilidad estructural. Estas dependencias exhiben restricciones físicas relevantes para dar cumplimiento a normativas vigentes sobre accesibilidad universal, salud ocupacional y estándares mínimos de seguridad, y no cuentan con salón para efectuar las capacitaciones que todas las regionales imparten al personal de la Administración del Estado, lo que se suma a espacios muy reducidos o casi inexistentes para reuniones con servicios fiscalizados, o para la toma de declaraciones reservadas. · Déficit Crítico de Superficie por Funcionario: Las sedes de Ñuble y Atacama registran formalmente los estándares más bajos de metros cuadrados por funcionario a nivel nacional. En el caso específico de Ñuble, atendida la instalación y crecimiento regional, su dotación se ha debido incrementar generando hacinamiento en el personal. · Inexistencia de Sistemas de Respaldo y Sustentabilidad: Debido a las restricciones de los contratos de arrendamiento y la morfología de los edificios arrendados, resulta técnicamente inviable incorporar equipamiento crítico de continuidad operativa, tales como sistemas de respaldo eléctrico ante cortes de energía, estanques de acumulación de agua potable, captadores solares o soluciones de reutilización de aguas grises, mandatada por la nueva reglamentación. · Capacidad de Ocupación Máxima: Las sedes institucionales propias de Los Lagos (inaugurada en 2008) y Valparaíso (en funciones desde 2011) han alcanzado el 100% de su capacidad de ocupación espacial, registrando una severa sobrecarga en áreas comunes y operativas. · Restricción de Crecimiento en el Nivel Central: El edificio central de calle Teatinos N° 78, Santiago, carece de la superficie útil necesaria para albergar el despliegue de nuevas dependencias y funciones. Asimismo, el inmueble está emplazado en la zona típica "Barrio Cívico", el que, en su conjunto, se rige por un Plan de Normalización de Coronamientos, el que, a la fecha, no ha sido posible cumplir por parte de esta Contraloría General, por falta de recursos. 3. PROPUESTA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Para subsanar las brechas analizadas, la institución ha estructurado un grupo de 5 proyectos de inversión en infraestructura de hormigón armado y estructuras sismorresistentes de alta eficiencia, proyectando una vida útil superior a los 50 años bajo estándares modernos de sustentabilidad: 3.1. Construcción Sede Regional de Atacama Se requiere la sustitución definitiva del inmueble arrendado mediante el diseño y edificación de una sede institucional propia de 1.920 m² distribuida en 3 ó 4 niveles. Para el año 2027, se contempla la ejecución de la etapa de diseño de arquitectura, consultorías de especialidades y desarrollo del anteproyecto técnico. 3.2. Sede Regional de Ñuble Se requiere la construcción de un edificio de hormigón armado sismorresistente de 2.720 m² (3 ó 4 niveles sobre superficie y un nivel subterráneo técnico). Para el año 2027 se contempla el financiamiento del diseño arquitectónico, ingeniería estructural, consultorías sectoriales y habilitación de obras preliminares. 3.3. Ampliación Sede Regional de Valparaíso Se requiere el aprovechamiento del remanente (proyectado) de construcción en altura del edificio institucional inaugurado en 2011. Considera una ampliación de 400m² estructurada en acero sismorresistente de alta resistencia. Para el año 2027, se contempla el desarrollo interno de la ingeniería de detalles y el inicio de la ejecución física de las obras civiles de ampliación vertical. 3.4. Ampliación Sede Regional de Los Lagos Se persigue la mitigación de la saturación espacial mediante el uso del saldo de constructibilidad del terreno actual, sumando 360 m² de superficie útil en hormigón armado para nuevos puestos de trabajo. Para el año 2027, se contempla la elaboración del diseño técnico, tramitación de permisos de edificación municipal y contratación del grueso de las obras civiles de edificación. 3.5. Proyecto Coronamiento Sede Nivel Central (Teatinos N° 78) Se requiere la ampliación e intervención en los pisos 10 y 11 sobre la azotea del inmueble central actual, generando 592 m² de oficinas bajo el Plan de Normalización de Coronamientos del Barrio Cívico. Para el año 2027, se requiere el financiamiento de las consultorías de diseño definitivo de ingeniería estructural en altura, obras preliminares de refuerzo y obtención de aprobaciones patrimoniales. 4. PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE INVERSIONES El financiamiento global del Plan Integral de Infraestructura se imputará al Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión). La petición consolidada para el año 2027 asciende a M$1.944.733, de los cuales M$ 920.504 está dentro del escenario de Complemento Línea Base, y M$1.024.229 es parte de la solicitud adicional al “techo” presupuestario. A continuación, se presenta la distribución financiera anualizada y la modalidad de escenario presupuestario para cada iniciativa (valores expresados en miles de pesos chilenos): Proyecto Estratégico de InfraestructuraPetición Año 2027 (M$)Proyección Año 2028 (M$)Proyección Año 2029 (M$)Proyección Año 2030 (M$)Proyección Año 2031 (M$)Costo Total Proyecto (M$)Marco Presupuestario Solicitado Constr. Sede Regional Atacama352.2293.878.5333.044.265--7.275.027Mixto: Complem. Linea Base / Adic. Techo Constr. Sede Regional Ñuble522.2135.495.5884.313.710--10.331.511Mixto: Complem. Linea Base / Adic. Techo Ampl. Sede Regional Valparaíso401.000210.000---611.000Mixto: Complem. Linea Base / Adic. Techo Ampl. Sede Regional Los Lagos575.000285.000---860.000Gasto Adicional "Techo" Coronamiento Nivel Central94.291992.251790.449--1.876.991Mixto: Complem. Linea Base / Adic. Techo CONSOLIDADO PLAN1.944.73310.861.3728.148.424--20.954.529 5. CONSECUENCIAS DE NO LLEVAR A CABO LAS INVERSIONES PROYECTADAS No aprobar los recursos financieros requeridos para la ejecución del Plan de Infraestructura generaría severas repercusiones de índole operativa, jurídica y funcional para la Contraloría General de la República: 1. Afectación de la Continuidad Operacional Crítica: Mantener las oficinas regionales bajo contratos de arrendamiento de inmuebles que no cumplen los estándares necesarios y sin posibilidad de expansión o de instalación de soportes indispensables, expone a las sedes a fallas críticas (electricidad, agua y alcantarillado), pudiendo interrumpirse la gestión institucional. 2. Incumplimiento Normativo y Riesgos de Salud Laboral: Al mantener el uso de espacios deteriorados o sobreutilizados, la institución incurriría en deficiencias insalvables respecto de las normativas de urbanismo y construcciones de uso público, accesibilidad universal y seguridad laboral que son obligatorias, elevando de forma crítica la probabilidad de accidentes funcionarios o enfermedades profesionales. 3. Inviabilidad de Crecimiento de Dotación Fiscalizadora: La restricción de espacio físico en ciertas sedes dificulta la posibilidad de albergar la dotación necesaria e instalar los perfiles profesionales requeridos (ingenieros de datos, fiscalizadores de obras, fiscales preferentes) para el combate frontal de la corrupción en zonas clave del país. 4. Incumplimiento Normativo y Costo Fiscal Directo: Postergar la inyección presupuestaria del proyecto Teatinos N° 78, implicaría desconocer la vigencia del Plan de Normalización de Coronamientos del Barrio Cívico, forzando a la institución, en el mediano plazo, a externalizar superficies, mediante arrendamientos onerosos en el centro de Santiago. 5. Mantención de la Brecha Territorial del Control: Al no materializar las sedes de Atacama y Ñuble, se mantendría una brecha significativa de infraestructura operativa respecto del resto del país, limitando de forma estructural la capacidad de respuesta fiscalizadora en dichos territorios y afectando directamente la oportunidad y calidad de la atención ciudadana. Finalmente, cabe reiterar que, atendida la autonomía constitucional de este Organismo de Control, la falta de provisión de los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y desarrollo institucional, podría afectar gravemente el ejercicio de las atribuciones que la Constitución Política de la República y la ley le encomiendan. Es todo cuanto se puede informar al tenor de lo solicitado. Saluda atentamente a Ud., Dorothy Pérez Gutiérrez Contralora General de la República ______________________________________ 1 A modo de ejemplo, ello ha sucedido también con la aprobación del Estatuto de Protección del Denunciante y la Ley Karin, entre otras. Tales leyes fueron despachadas sin recursos para la CGR, pese a que le asignan labores muy significativas, cuestión que se buscó resolver desde el año 2024 con la aprobación de fondos para la incorporación gradual de nuevos profesionales y equipamiento tecnológico, mediante la ley de presupuestos para el año 2025. Sin embargo, el ingreso de estos mismos fondos no se materializó, pues fueron luego recortados a través del ajuste general para todo el aparato público que dispuso esa misma ley en su articulado. 2 El pago de horas extraordinarias que se requiere mantener, es para el personal de línea que desarrolla labores de control más allá de su jornada regular para cumplir tareas impostergables, pues se hace presente que, desde hace años, las jefaturas superiores de esta Entidad Fiscalizadora no reciben pago alguno por horas extras trabajadas, en circunstancias que su desempeño habitual excede con creces la jornada ordinaria.