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DICTAMEN N° D462

Atiende consulta de la Dirección General de Promoción de Exportaciones sobre reintegros por concepto de licencias médicas rechazadas y/o reducidas.

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N° D462 Fecha: 13-11-2026 I. Antecedentes La Dirección General de Promoción de Exportaciones (PROCHILE) formula diversas consultas relacionadas con el reintegro de remuneraciones percibidas indebidamente por concepto de licencias médicas rechazadas y/o reducidas. II. Sobre si corresponde que PROCHILE reintegre los montos reclamados por las ISAPRES, en su calidad de pagadoras del subsidio, una vez recepcionada la resolución de redictamen que rechaza una licencia médica El artículo 149 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, previene que los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No obstante, el artículo 111 de la ley N° 18.834, luego de definir qué se entiende por licencia médica, dispone que durante su vigencia el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones. De este modo, conforme a dicha normativa, los aludidos servidores que hacen uso de licencia médica mantienen íntegras sus remuneraciones y no reciben el subsidio por incapacidad laboral regulado en el decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (aplica dictamen N° 56.915, de 2009). Lo anterior, en todo caso, no implica que el servicio público empleador deba soportar todo el costo que significa la mantención de las remuneraciones por el lapso en que se extienda la licencia médica, ya que el artículo 12 de la ley N° 18.196, relativo a los trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo, permite recuperar en parte los desembolsos incurridos por este concepto. En efecto, tal precepto establece que el Fondo Nacional de Salud (FONASA), los Servicios de Salud, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, según corresponda, deberán pagar a las señaladas reparticiones estatales una suma equivalente al subsidio que le habría correspondido al trabajador de haberse encontrado sujeto al mencionado decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978. Ahora bien, el artículo 63 del decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) e ISAPRES, dispone que la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio. Al respecto, el dictamen N° 54.576, de 2009, expresa que si el trabajador no ha desempeñado sus labores durante el periodo que abarca una licencia médica rechazada, debe reintegrar las remuneraciones percibidas, debiendo el empleador arbitrar todas las medidas que velen por el cumplimiento del señalado mandato legal, ya que de lo contrario se origina un enriquecimiento sin causa a favor de aquél en desmedro del patrimonio de la institución de que se trate. En consecuencia, una vez que la resolución que rechaza o reduce la licencia médica se encuentre firme, corresponde al respectivo organismo empleador adoptar las medidas destinadas a obtener la restitución de las remuneraciones indebidamente percibidas por el funcionario y proceder a la regularización de los montos cuya devolución corresponda, respecto de las entidades previsionales que hubieren enterado al servicio la suma equivalente al subsidio por incapacidad laboral, en los términos que se desarrollan más adelante. III. Sobre la oportunidad del cobro En cuanto a la oportunidad en que deben efectuarse deducciones por licencias médicas que han sido rechazadas o reducidas, los dictámenes N°s. 56.059, de 2016 y E82.937, de 2021, han señalado que la existencia de un procedimiento de revisión del rechazo o modificación de licencias médicas, supone la obligatoriedad de atender a la resolución del organismo competente para pronunciarse sobre la impugnación o esperar el término del plazo otorgado para la presentación del recurso o reclamación. En consecuencia, los descuentos de remuneraciones por sumas indebidamente percibidas por este concepto, sólo pueden efectuarse una vez que esa decisión sea ratificada por la COMPIN respectiva o luego de transcurrido el plazo para realizar el reclamo, y respetándose el plazo de prescripción que se indica, puesto que este acto administrativo pone fin al procedimiento de reclamo dispuesto en el citado decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, el cual no contempla el recurso de apelación ante una instancia superior. Lo anterior, es sin perjuicio de las presentaciones que puedan formularse posteriormente ante la Superintendencia de Seguridad Social (SSS) en el ámbito de sus atribuciones legales. Por su parte, es útil advertir que los reclamos ante la SSS no se encuentran previstos en el citado reglamento de licencias médicas, por lo que la interposición de dicha impugnación no puede producir el efecto de privar a los servicios de la facultad de efectuar los aludidos descuentos, una vez que se ha pronunciado el organismo competente en la materia, esto es, la COMPIN. Sin perjuicio de lo anterior, cabe referirse a la facultad que otorgan los incisos primero y cuarto del artículo 67 de la ley N° 10.336 al Contralor General de la República de liberar total o parcialmente a los funcionarios o exfuncionarios de servicios sometidos a su fiscalización, de la obligación de restituir los beneficios pecuniarios que hubieren percibido indebidamente, y de ordenar descuentos sobre las remuneraciones, desahucios y pensiones de jubilación, retiro y montepío que estos reciban, para la devolución de esos valores. Sobre este último punto, el dictamen N° 56.059, de 2016, señala que los empleadores, previo a efectuar los respectivos descuentos, deben consultar a sus empleados si ejercerán el indicado derecho y, solo en caso de que esto no se haga efectivo, pueden realizar el descuento de la especie. A mayor abundamiento, la resolución N° 35, de 2018, de este origen, que establece procedimiento para la aplicación de las facultades previstas en los incisos primero y cuarto del artículo 67 de la ley N° 10.336, dispone, en su artículo 1°, inciso segundo, que en aquellos casos en que la entidad empleadora se encuentra facultada para efectuar descuentos por concepto de ausencias injustificadas o atrasos, dicho procedimiento solo podrá ser efectuado hasta el momento en que el afectado solicite acogerse al beneficio establecido en el inciso cuarto del artículo 67 de la ley Nº 10.336. IV. Oportunidad en que PROCHILE debe reintegrar el monto percibido a las ISAPRES, por concepto de subsidio Sobre la materia, cabe precisar que la obligación de restitución que afecta al funcionario que ha percibido remuneraciones durante un período posteriormente desprovisto de justificación legal, a consecuencia del rechazo o reducción de una licencia médica, y aquella que pueda corresponder respecto de la entidad previsional que enteró al organismo empleador la suma equivalente al subsidio por incapacidad laboral, constituyen relaciones jurídicas distintas, aun cuando reconozcan un origen común, toda vez que una se refiere a la restitución de recursos públicos percibidos indebidamente por el funcionario y, la otra, a la regularización de las sumas enteradas al organismo empleador por la respectiva entidad previsional. En efecto, mientras en el régimen general aplicable a los trabajadores del sector privado el subsidio por incapacidad laboral es percibido directamente por el trabajador, de manera que su rechazo o invalidación permite a la entidad pagadora perseguir directamente la restitución de las sumas indebidamente enteradas, en el caso de los funcionarios regidos por la ley N° 18.834, estos continúan percibiendo íntegramente sus remuneraciones durante la vigencia de la licencia médica, correspondiendo a las entidades señaladas en el artículo 12 de la ley N° 18.196 reembolsar al respectivo organismo público una suma equivalente al subsidio que habría correspondido percibir. Por ello, el perjuicio patrimonial derivado del posterior rechazo de la licencia médica no puede entenderse trasladado exclusivamente a la entidad previsional, por la sola circunstancia de encontrarse pendiente el cobro al funcionario responsable. Por su parte, el artículo 63 del decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, dispone que la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia médica rechazada, reducida o invalidada es obligatoria, debiendo el empleador adoptar las medidas conducentes para obtener dicha restitución. Asimismo, la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control ha precisado que, una vez que se encuentra firme la decisión que rechaza o reduce la licencia médica, o ha transcurrido el plazo para impugnarla, resulta procedente exigir el reintegro de los montos indebidamente percibidos. A su vez, las facultades contempladas en el artículo 67 de la ley N° 10.336, relativas a la condonación total o parcial de una deuda o al otorgamiento de facilidades para su restitución, suponen necesariamente la existencia previa de una obligación de reintegro determinada, incidiendo únicamente en las condiciones bajo las cuales esta será satisfecha por el deudor, mas no en su origen o existencia. De ello se sigue que la eventual presentación de una solicitud fundada en el citado artículo 67, o la concesión de facilidades para la restitución de las sumas adeudadas, no altera la procedencia de la obligación de reintegro derivada del rechazo o reducción de la licencia médica, ni constituye por sí sola un fundamento jurídico que permita postergar indefinidamente las actuaciones destinadas a regularizar los efectos patrimoniales generados por dicha circunstancia. En consecuencia, corresponde entender que la consolidación de la resolución que rechaza o reduce la licencia médica determina tanto el nacimiento de la obligación de restitución que pesa sobre el funcionario como la necesidad de que el respectivo organismo adopte las medidas conducentes a la regularización de los montos involucrados, sin perjuicio de las acciones de cobro que procedan respecto del deudor y de las facultades previstas en el artículo 67 de la ley N° 10.336. Finalmente, en cuanto a la oportunidad específica y mecanismos mediante los cuales corresponda materializar dicha regularización, así como al tratamiento presupuestario y contable de las obligaciones y acreencias que de ello puedan derivarse, cabe precisar que tales materias deberán ajustarse a las normas financieras y contables aplicables a los organismos de la Administración del Estado. En dicho sentido, el dictamen N° D336, de 2026, establece los criterios aplicables a la restitución de los montos indebidamente percibidos por concepto de licencias médicas rechazadas a las ISAPRES, señalando, respecto del tratamiento contable, que la devolución se debe realizar cargando la cuenta 56101 Devoluciones y abonando el concepto 21526 Cuentas por Pagar-Otros Gastos Corrientes, para luego realizar el pago con abono en la cuenta 11102 Banco Estado o 11103 Bancos del Sistema Financiero, según corresponda. Seguidamente, es del caso señalar que la mencionada cuenta por pagar a las ISAPRES se debe reconocer contablemente cuando se encuentra firme la decisión que rechaza o reduce la licencia médica, o ha transcurrido el plazo para impugnarla, sin que dicho momento se vea alterado por la presentación de una solicitud amparada en el citado artículo 67 de la ley N° 10.336, por cuanto se trata de procesos separados. V. Sobre si el funcionario puede reintegrar el monto directamente en la entidad previsional Tal como se indicara en párrafos precedentes, dado que el artículo 111 de la ley N° 18.834, luego de definir qué se entiende por licencia médica, dispone que durante su vigencia el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones -y no de un subsidio-, no resulta procedente que la persona funcionaria afectada reintegre monto alguno directamente a la entidad previsional, debiendo toda regularización producirse a través del respectivo organismo empleador, dado que el subsidio equivalente fue percibido por dicho organismo y no por el funcionario. Saluda atentamente a Ud., VÍCTOR HUGO MERINO ROJAS Contralor General de la República (S)