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DICTAMEN N° 062265

No procede, tratándose de sumarios administrativos en general, aplicar el inc/3 del art/6 de la ley 10336, que dispone que la Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la competencia del Consejo de Defensa del Estado, por cuanto, aun cuando se tratare de los mismos hechos, es con el objeto de establecer responsabilidades diferentes. Ello, ya que según el art/120 del Estatuto Administrativo, la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal, de forma que cualquiera fuere el resultado de los juicios pendientes, no excluye la posibilidad de aplicar a un funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos, con las precisiones que la citada norma establece.

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N° 62.265 Fecha: 27-XII-2006 Mediante oficio, el señor Abogado Procurador Fiscal de Coyhaique señala que, habiendo tomado conocimiento de la investigación que realiza este Organismo acerca de eventuales responsabilidades administrativas del Gobierno Regional, Dirección Regional de Vialidad y Contraloría Regional, en la XI Región, en relación al desarrollo y ejecución del contrato de obra pública denominado "Mejoramiento Ruta 7 Etapa III (Obras Básicas), Sector Puente Cisnes - Puente Río Grande, Tramo: KM. 105,00 a KM. 116,00, Provincia de Aysén, XI Región", ejecutado por la empresa de don NN, viene en informar que el referido contrato es objeto de un juicio civil en el cual el Consejo de Defensa del Estado ha asumido la defensa de los intereses patrimoniales del Estado de Chile, ello para que se tenga en consideración en relación a lo dispuesto en el artículo 6, inciso 3°, de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República. Sobre la materia, cumple con hacer presente que este Organismo está en conocimiento que la empresa señalada, con motivo de este contrato, presentó en su oportunidad un recurso de protección que en definitiva no le favoreció; que presentó además una querella criminal que aún se encuentra pendiente, y finalmente una demanda civil, que es a la que se refiere la presentación, y que le habría sido desfavorable en primera instancia. La Contraloría General se encuentra actualmente instruyendo un sumario administrativo, con el objeto de determinar eventuales responsabilidades de este tipo en que pudieren haber incurrido funcionarios de los Servicios a que se refiere en su presentación, sin embargo resulta necesario tener presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120° del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal, de forma que cualquiera fuere el resultado de los juicios que se encuentran pendientes, ello no excluye la posibilidad de aplicar a un funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos, ello con las precisiones que la misma norma establece. En esta virtud y teniendo presente lo dispuesto en la norma referida, no cabe en este caso, y en el de los sumarios administrativos en general, considerar la aplicación del inciso 3° del artículo 6° de la ley N° 10.336, que dispone que la Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la competencia del Consejo de Defensa del Estado, por cuanto, aun cuando se tratare de los mismos hechos, es con el objeto de establecer responsabilidades diferentes, doctrina ésta que aparte de estar claramente establecida en la norma señalada, ha sido aceptada de manera uniforme por la Contraloría General de la República, entre otros en los Oficios N°s. 14.852, de 1971, 19.649, de 1972, 39.646, de 1979, 26.674, de 1988, 39.278, de 1997, y 50.400, de 2002