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N° 59.101 Fecha: 29-XI-2004
Esta Contraloría General ha procedido a registrar la resolución N° 380, de 2004, del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de Santiago, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, mediante la cual se aplica a doña XX la medida de amonestación por escrito con constancia en su Hoja de Vida, contemplada en el artículo 145 del Decreto N° 453, de 1991, del Ministerio de Educación, al término de un sumario administrativo que le fuera instruido mediante resolución N° 200, de 2004, para el solo efecto de dejar constancia que ha sido dictado; por lo tanto tal registro no debe interpretarse como que está ajustado a derecho.
Por su parte, la funcionaria afectada se ha dirigido a este Organismo de Control, reclamando de la medida dispuesta en su contra por las razones que expone.
Asimismo, la señora Subsecretaria de Educación ha hecho presente, mediante el oficio N° 1121, de 2004, la gravedad de los hechos en que incide el procedimiento sumarial de la especie, informando que esa Repartición, al tomar conocimiento de ellos, los denunció ante el 4° Juzgado del Crimen de Santiago, con el fin que se investigara la responsabilidad penal de los encargados del establecimiento ante el posible delito de maltrato de menores.
Ahora bien, en relación con los antecedentes que sirven de base para la aplicación de la sanción de que se trata a la señora XX, esta Contraloría General cumple con señalar que, a su juicio, el castigo propuesto en la especie no se ajusta a derecho, por cuanto no existe la debida proporcionalidad entre ésta y la infracción funcionaria que cometiera, la que configura una grave transgresión a sus deberes como docente al aplicar a un alumno con serias deficiencias intelectuales y motoras un método de inmovilización de sus brazos, sin la supervisión de un adulto responsable, que lo expuso a serios riesgos de dañarse (fs. 38, 41, 42, 45, 128 y 129).
Todo lo anterior se encuentra agravado por el hecho que esta práctica fue decidida por la inculpada sin consultar con la jefatura técnica del establecimiento o con otros profesionales que laboran en él.
Sin perjuicio de lo expresado, se debe determinar, asimismo, la responsabilidad administrativa de los funcionarios del establecimiento educacional que, habiendo tomado conocimiento de los hechos irregulares en cuestión, no adoptaron las medidas para corregirlos oportunamente.
En relación con la presentación de la afectada, es menester precisar que a este Ente Fiscalizador, en resguardo del derecho contemplado en el artículo 156 de la Ley N° 18.883, le compete velar porque se respeten las normas legales y constitucionales que rigen a los funcionarios públicos, lo que no lo constituye en una instancia procesal para que éstos le soliciten dejar sin efecto un acto administrativo dictado por la autoridad competente para ello, sobre la base de la exposición de los mismos hechos que ya han sido investigados en el sumario y no sobre la aplicación o interpretación de las normas jurídicas que regulan la garantía constitucional de un debido proceso, razón por la cual debe desestimarse.
En consecuencia, la Dirección de Educación deberá disponer la reapertura del aludido proceso sumarial con el objeto de que se pondere nuevamente la actuación de la imputada y se le sancione con el término de la relación laboral, considerando, especialmente, su condición de docente.