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N° 57.176 Fecha: 29-XI-2006
Esta Contraloría General no ha tomado razón de la Resolución N° 293, de 2006, de la Subsecretaría de Salud, que aplica la medida disciplinaria de destitución al señor X.X., al término de la investigación sumaria ordenada instruir mediante la resolución N° 186, de 2006, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, toda vez que el proceso disciplinario que le sirve de fundamento no se encuentra legalmente afinado.
En efecto, del análisis de los antecedentes adjuntos se advierte que en fojas 23 del expediente se formuló en contra del inculpado el cargo referente a: "Haber faltado a su trabajo sin causa justificada desde el día 9 de febrero de 2006 a la fecha", situación que configura la causal prevista en la letra a), del artículo 125 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado por el DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Pues bien, y como puede apreciarse, en la especie, se trata de una transgresión que ha vulnerado un precepto propio de un sumario administrativo, y que, por lo tanto, debió investigarse a través de un proceso sumarial de esta naturaleza y no de una investigación sumaria como ocurriera en el caso que se analiza. Lo anterior, hace procedente que se ordene la reapertura de la investigación en comento, a fin de que la misma se eleve a sumario, retrotrayendo el proceso a la instancia de formular el respectivo cargo, sin perjuicio de los demás trámites que corresponden.
Por otra parte, se debe observar que las notificaciones que se realizan en el proceso deben ajustarse a la normativa que regula la materia, situación que no ha ocurrido en el caso que se analiza al notificarse al funcionario XX de la sanción de que ha sido objeto por carta certificada, sin que exista constancia en el expediente de haberse realizado las búsquedas previas a que alude el artículo 131 de la citada ley N° 18.834, que establece que las referidas notificaciones deberán hacerse personalmente y si esto no fuera posible, deberán realizarse las búsquedas por dos días consecutivos en el domicilio particular del afectado o en su lugar de trabajo, y si no fuere habido, se le debe notificar por carta certificada dejando expresa constancia de esta actuación en el expediente de que se trata, procediendo en ambos casos, entregar al afectado copia íntegra de la resolución respectiva.
Resulta menester recordar que la omisión precedentemente anotada configura un vicio que incide en la legalidad del proceso, considerando que las notificaciones de que se trata constituyen trámites esenciales, cuya omisión coloca a las interesadas en un estado de eventual indefensión al impedirles tomar conocimiento de las actuaciones que les afectan e interponer, si lo estiman conveniente, los recursos legales que les franquea el ordenamiento estatutario vigente. (Aplica dictámenes N°s. 39.118 y 41.366, ambos de 2004, entre otros.)
En este mismo orden de ideas, conviene tener presente que el concepto de domicilio para los fines en comento, corresponde a aquél que fija el funcionario citado a declarar en su primera comparecencia, dentro del radio urbano donde la fiscalía ejerza sus funciones y, en el evento que no diere cumplimiento a esa obligación, deberán realizarse las notificaciones en el domicilio que registra en la institución, y en caso de no contarse con esa información, en la oficina del afectado, todo ello con arreglo a lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 131 del Estatuto Administrativo.
Consecuente con lo expuesto, este Organismo Fiscalizador devuelve sin tramitar la resolución, con sus antecedentes, a fin de que esa Superioridad arbitre las medidas tendientes a subsanar las objeciones formuladas.