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DICTAMEN N° 055981

Cuando una designación a contrata ha sido dispuesta con la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios" la autoridad puede poner término a la relación laboral en el momento que estime conveniente, sin que para ello se requiera la aceptación del afectado, como tampoco corresponde que Contraloría pondere las razones consideradas por dicha autoridad para determinar el cese de funciones. En ese caso, el término de los servicios se producirá con la notificación al interesado de la total tramitación de la resolución respectiva, sin que pueda hacerse efectivo su alejamiento antes de esa fecha. La notificación debe hacerse en forma personal o por carta certificada dirigida al domicilio que el funcionario tenga registrado en el servicio; si se efectúa por carta certificada, deberá entenderse que la notificación efectiva se producirá cumplido los tres días contado desde que dicha correspondencia fue remitida; si no existe certidumbre sobre la data de notificación, opera la presunción de los tres días antes referida. Además, las licencias médicas no confieren inamovilidad en el empleo, por lo que procede el cese de funciones de los empleados que se encuentran gozando de tales permisos médicos, cuando se produce una causal legal de extinción de sus labores, por lo que la cesación de funciones también pone término a la licencia. Por ello, debe entenderse que el derecho a percibir el total de las remuneraciones durante el goce de una licencia médica será procedente en tanto el funcionario mantenga su calidad de tal. La obligación de rendir fianza comprende no sólo a los funcionarios que tienen manejo directo de dinero efectivo, sino a todos los funcionarios que tienen a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado de cualquier naturaleza. Un servidor que ha cesado en funciones cualquiera sea la causa, sin haber completado el trimestre respectivo, tiene derecho a la cuota de asignación de modernización en proporción a los meses efectivamente trabajados, pero no por la fracción del mes que no se desempeñó en forma completa; si el funcionario no ha completado ni siquiera un mes en el trimestre respectivo, no tendrá derecho a tal asignación.

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N° 55.981 Fecha: 23-XI-2006 Se ha dirigido a esta Contraloría General, don X.X., ex funcionario de la Dirección del Trabajo, quien solicita un pronunciamiento sobre la legalidad del pago de su remuneración correspondiente a los días de mayo y la asignación de modernización de la Ley N° 19.553, como de los descuentos efectuados por concepto de póliza de fidelidad y las denuncias realizadas en su oportunidad ante este Organismo Fiscalizador, por las razones que indica en su presentación. Requerido su informe; la Dirección del Trabajo, lo remitió mediante el oficio N° 3.904, de 2006: Sobre el particular, cabe manifestar, en primer término; que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 10° del DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos. Enseguida, es útil recordar que la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N°s. 42.666, de 2000 y 41.044, de 2001, entre otros, ha establecido que cuando una designación a contrata ha sido dispuesta con la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios" la autoridad puede poner término a la relación laboral en el momento que estime conveniente, sin que para tal efecto se requiera la aceptación del afectado, como tampoco corresponde que la Contraloría General pondere las razones que tuvo en cuenta dicha autoridad administrativa para determinar el cese de funciones. En tal caso, el término de los servicios se producirá con la notificación al interesado de la total tramitación de la resolución respectiva, sin que pueda hacerse efectivo su alejamiento con anterioridad a esa fecha. La referida notificación, debe hacerse en forma personal, en cuyo caso constará en la respectiva acta suscrita por el notificado y, en el evento de que éste se negare a firmarla, hará fe de ello y de la notificación el testimonio que al respecto estampe el empleado que la practique, o por carta certificada dirigida al domicilio que el funcionario tenga registrado en el servicio. (Aplica dictamen N° 31.277, de 2006). En este contexto, es menester precisar que si la notificación de la total tramitación de la resolución que dispone el cese de funciones del funcionario, se efectúa mediante carta certificada, deberá entenderse que la notificación efectiva se producirá cumplido los tres días contado desde que dicha correspondencia fue remitida. (Aplica criterio contenido en los dictámenes N°s 35.932 y 44.391, de 2004). Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que mediante la resolución N° 108, de 2006, tomada razón por la Contraloría General con fecha 6 de abril de 2006, la Directora del Trabajo; dispuso el cese de funciones del señor XX, en su calidad de profesional, grado 5°, por no ser necesarios sus servicios, resolución que fue notificada mediante Reservado N° 66, de 27 de abril de 2006, mediante carta certificada. Asimismo, del "Certificado" de Correos Chile, del 29 de junio de 2006, consta de la pieza postal N° 9723393122043, mediante el cual se remitió al interesado el .Reservado N° 66, de 2006, del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección del Trabajo, mediante la cual se le notificó su cese de funciones, fue depositado el día 27 de abril del mismo año, y entregado con fecha 2 de mayo de 2006, en el domicilio del recurrente, con timbre de recepción de la "Comunidad Edificio Lira N° 441-Conserjería". Por su parte, de la "Liquidación de Sueldo", es posible colegir que al peticionario le fue pagada la remuneración proporcional a tres días correspondientes al mes de mayo de 2006. De lo anterior, es menester concluir, entonces, que atendido a que no existe certidumbre sobre .la data de notificación efectiva al recurrente, opera la presunción de los tres días contados desde que la carta certificada fue remitida. Enseguida, se encuentra ajustado a derecho el pago de la remuneración del mes de mayo de 2006, toda vez que la desvinculación se produjo el día 3 de ese mes y no el dos como lo señala la respectiva Dirección. En otro orden de consideraciones, es dable indicar que el artículo 1 del Decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional, dispone que se entenderá por licencia médica el derecho a que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la citada Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, o Instituto de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda. Al respecto, es necesario consignar que la licencia por enfermedad no impide que los servicios de los contratados cesen por la llegada del plazo indicado en la ley o en el decreto o resolución correspondiente, ni tampoco obliga a la autoridad a renovar una contratación, por cuanto el goce de licencia médica no confiere inamovilidad en el empleo. En este sentido, la jurisprudencia administrativa ha señalado mediante los dictámenes N°s. 42.239, de 2000 y 6.555, de 2002, entre otros, que las licencias médicas no confieren inamovilidad en el empleo, por lo que procede el cese de funciones de los empleados que se encuentran gozando de tales permisos médicos, cuando respecto de ellos se produce una causal legal de extinción de sus labores. En este caso, la cesación de funciones también pone término a la licencia. Por tal motivo, debe entenderse que el derecho a percibir el total de las remuneraciones durante el goce de una licencia médica será procedente en tanto el funcionario mantenga su calidad de tal. En otro orden de consideraciones, se debe hacer presente que la letra I), del artículo 61 del citado Estatuto Administrativo, contempla que serán obligaciones de los funcionarios rendir fianza cuando en razón de su cargo tengan la administración y custodia de fondos o bienes, de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República. En efecto, la obligación de rendir fianza comprende no sólo a los funcionarios que tienen manejo directo de dinero efectivo, sino a todos los funcionarios que tienen a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado de cualquier naturaleza. (Aplica criterio del dictamen N° 83.319, de 1972). Pues bien, del oficio N° 20.548, de 4 de mayo de 2006, se desprende que la Contraloría General procedió a cancelar la póliza de fianza N° 286.152, de ISE Chile Compañía de Seguros Generales S.A., que suscribió el señor XX a contar del 1 de abril de 2006. Asimismo, consta que los meses de abril y mayo de 2006, efectivamente, se descontaron de las remuneraciones del recurrente, las cantidades de $2.590.y $259.-, respectivamente, por concepto de caución de fondos menores. De lo anterior, es posible inferir que atendido a que este Organismo de Control procedió a cancelar con fecha 1 de abril de 2006, la póliza de fianza correspondiente, y remitidos los montos descontados al interesado a la respectiva Compañía de Seguros, corresponde a la Dirección del Trabajo requerir a la pertinente Compañía, el reembolso de $2.849.-, para posteriormente proceder a su respectiva devolución. En cuanto a la tercera consulta, es útil recordar que la Ley N° 19.553, concede una asignación de modernización a los funcionarios de planta y a contrata, y a los contratados conforme el Código del Trabajo, de las entidades indicadas en el artículo 2° de la ley, esto es, las instituciones regidas por las normas remuneratorias del DL. N° 249, de 1973, incluyendo a las autoridades ubicadas en los niveles A,B,C; del Servicio de Impuestos Internos y de la Dirección del Trabajo, con las excepciones que el mismo artículo establece. Enseguida, se debe señalar que la asignación de modernización, en conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la citada Ley N° 19.553, comprende tres elementos, a saber: un componente base, un incremento por desempeño institucional y un incremento por desempeño colectivo, según lo que expresa el artículo 7° de esta ley. Precisado lo anterior, es menester recordar que en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1° del pertinente texto legal, la asignación en comento, será pagada a los funcionarios en servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. El monto a pagar en cada cuota, será equivalente al valor acumulado en el trimestre respectivo, como resultado de la aplicación mensual de esta asignación. Al respecto, es necesario consignar que la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 26.603, de 1998, entre otros, ha manifestado que un servidor que ha cesado en funciones, cualquiera sea la causa, sin haber completado el trimestre respectivo, tiene derecho a la cuota de asignación respectiva en proporción a los meses efectivamente trabajados, pero no por la fracción del mes que no se desempeñó en forma completa. Mientras que, si el funcionario de que se trate no ha completado ni siquiera un mes en el trimestre respectivo, no tendrá derecho en absoluto a la asignación en comento. Es del caso hacer presente, que consta de la "liquidación de Sueldo" del mes de junio de 2006, que se habría pagado por concepto de las asignaciones de modernización, el monto de $261.796, correspondiente a $137.787, del componente base; $ 68.894, del incremento por desempeño institucional, y $55.115, por el incremento por desempeño colectivo. De lo anterior, es dable concluir que atendido a que el interesado se mantuvo vinculado a la Dirección del Trabajo, hasta el 3 de mayo de 2006, sólo se le canceló por concepto de las franquicias que conforman la asignación de modernización de la Ley N° 19.553, constituido por el componente base, el incremento por desempeño institucional y el incremento por desempeño colectivo, en proporción al mes completo efectivamente trabajado del trimestre correspondiente, esto es, el mes de abril de 2006. Por último, respecto a la cuarta consulta, es dable precisar que el oficio reservado N° 108, de la Dirección del Trabajo, en que adjuntaba una serie de resoluciones exentas en las que se absolvían o sobreseían a funcionarios determinados, que el interesado hizo ingreso en este Organismo de Control, fueron devueltas a la Unidad de Contraloría Interna de la respectiva Dirección, por no estar sujetas al trámite de toma de razón, en consideración a lo dispuesto en el artículo 1, N° 11, de la Resolución N° 520, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución N° 55, de 1992, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de toma de razón. Finalmente, en relación al oficio reservado N° 111, de 2006, corresponde consignar que la División de Auditoría Administrativa de esta Entidad Fiscalizadora procedió a su archivo mediante D.A.A. N° 995, del mismo año.