Texto completo
N° 49.002 Fecha: 31-X-2003
Se ha dirigido a esta Contraloría General don J.O., administrador de la comunidad del edificio "San Antonio 50", reclamando en contra de la Municipalidad de Santiago por haber impuesto a los miembros de aquélla la obligación de pagar la suma que indica, por concepto de reposición de pavimento.
El recurrente fundamenta su solicitud en que la municipalidad no consultó a los vecinos del sector, y que respecto de la ley que invoca el municipio para el referido cobro "en el peor de los casos dichas normas tratan de reposición de veredas, o calles de tierra que no han sido pavimentadas anteriormente", lo que no acontecería en la situación expuesta.
La Municipalidad de Santiago informó mediante el oficio N° 440, de 2003, manifestando que los cobros efectuados por la repavimentación de las aceras, calzadas y soleras comprendidas en el sector de la calle San Antonio, tienen su fundamento legal en los artículos 4° y 5° de la ley N° 11.150.
El Municipio consigna, además, que las aceras del sector fueron repavimentadas por última vez entre los años 1983 y 1984; en tanto que su calzada, en el año 1981.
Como cuestión previa, cabe señalar que la ley N° 11.150, establece una normativa especial que regula, conforme lo dispuesto en su artículo 1°, todos los trabajos relacionados con la ejecución, renovación, reparación y vigilancia de los pavimentos de las calzadas y aceras de las vías que estén situadas dentro del radio urbano de la ciudad de Santiago.
En seguida, los artículos 2° y siguientes de ese texto legal, establecen una contribución por las obras de pavimentación y repavimentación de las calzadas y aceras, ejecutadas por la Municipalidad de Santiago, en las condiciones que en cada caso contempla, entre las cuales no se exige contar con el consentimiento de los propietarios de los terrenos colindantes -que son los sujetos obligados al pago-.
Precisado lo anterior, en lo que interesa, es del caso consignar que el artículo 4° del aludido cuerpo normativo obliga a los propietarios de los predios urbanos de Santiago, ubicados en calles en que las calzadas tengan pavimento de concreto o sobre base de concreto, a pagar, por vía de contribución de pavimentación, en proporción a la longitud del frente de las propiedades respectivas, la repavimentación de esas vías cada vez que lo decrete la Municipalidad de Santiago, siempre que hayan transcurrido los plazos que indica.
Tales plazos atienden a las clases de pavimentos, y fluctúan entre los 6 y 20 años contados desde la pavimentación o última repavimentación de cargo de los propietarios.
A su turno, el artículo 5° de la ley N° 11.150, establece, en su inciso cuarto, que, con el carácter de contribución, los propietarios de los predios urbanos de Santiago, estarán obligados a costear, si así se lo exigiere la municipalidad, la repavimentación de las aceras contiguas a ellos -con sus respectivas soleras-, siempre que hayan transcurrido desde la pavimentación o desde la última repavimentación que haya sido de cargo de los vecinos, entre 6 a 10 años, dependiendo del tipo de pavimento.
Como puede advertirse, la contribución en comento no sólo grava la ejecución del primer pavimento -como sostiene el recurrente-, situación contemplada expresamente en el artículo 2° de la ley, sino las posteriores repavimentaciones, en la medida que se cumplan las condiciones legales.
Ahora bien, en la especie, de acuerdo con lo informado por la Municipalidad, la última repavimentación de calzadas y aceras en el sector de que se trata se habría verificado hace más de 20 y 10 años, respectivamente.
En este contexto, la Municipalidad de Santiago se ha encontrado legalmente habilitada para cobrar en virtud de la ley N° 11.150, los costos de la repavimentación tanto de calzadas como de aceras del sector en el que se encuentra ubicada la comunidad recurrente, respetando las condiciones previstas en esa ley.