Saltar al contenido
c.criterio/Sobre Criterio
Volver al buscador
DICTAMEN N° 047412

Procede tomar razón de resolución del Instituto de Normalización Previsional, que sanciona con la medida disciplinaria de destitución a funcionaria. Ello, porque se encuentra fehacientemente acreditado que ex servidora ofreció la tramitación irregular de pensiones de vejez e invalidez a cambio de una retribución económica, lo que es una infracción grave al principio de probidad administrativa. Así, cuando la ley asigna una medida disciplinaria específica para determinada infracción, la autoridad administrativa se encuentra en la obligación de disponerla, no pudiendo ponderar circunstancias que aminoren su responsabilidad funcionaria

Ver documento oficial

Texto completo

N° 47.412 Fecha: 23-X-2007 El Instituto de Normalización Previsional ha remitido a esta Contraloría General para su toma de razón, el documento que señala, mediante el cual se aplica a funcionaria la medida disciplinaria de destitución, al término del sumario administrativo ordenado instruir por la resolución exenta N° 83, de 2006, de ese servicio. Por su parte, mediante el oficio N° 2.663, de 2007, la Contraloría Regional de La Araucanía ha remitido a esta unidad la presentación realizada por la afectada, en la cual solicita la revisión del procedimiento disciplinario adjunto, toda vez que estima que la fiscalía administrativa no habría tenido en cuenta los descargos que realizó en su oportunidad, y en virtud de los cuales no correspondería aplicar una sanción expulsiva, haciendo presente, además, las circunstancias atenuantes que la favorecerían, relativas tanto a su desempeño en la institución por 46 años, como a su calificación laboral en lista 1 durante dicho período. Además, la recurrente solicita un pronunciamiento respecto de las irregularidades de que adolecen, en su opinión, su renuncia y posterior jubilación. Sobre el particular, corresponde señalar, en primer término, que el sumario en estudio fue incoado para investigar la eventual responsabilidad administrativa que le cabría a la funcionaria en los hechos denunciados, en primer término, por don S.L., relativos a la presunta solicitud de la suma de $80.000 que le habría realizado la afectada, en su calidad de Jefa de la Sucursal Victoria del Instituto de Normalización Previsional, para la obtención de beneficios previsionales, como asimismo la posterior denuncia realizada por doña A.V., consistente en que la funcionaria señalada le habría solicitado la suma de $800.000 para solucionar algunas lagunas previsionales y tramitar su pensión de vejez y, por último, la presunta entrega de $640.000 por parte de doña N.B. a la inculpada, con la finalidad de que ésta le tramitara un beneficio de pensión de vejez. Al término de la etapa indagatoria, a fojas 298 de autos, se formularon cargos en contra de la citada ex-servidora, los cuales, en síntesis, dicen relación con haber ofrecido la tramitación irregular de su pensión de vejez a doña A.V., a cambio de la suma de $800.000, lo cual no se habría concretado en definitiva por desistimiento de la solicitante, así como gestionar la pensión de invalidez de don S.L., a cambio de la suma de $80.000, dinero que le fue entregado en marzo de 2005 y que restituyó un año después ante el fracaso de la operación y el requerimiento del particular, sumado al hecho de haber tramitado irregularmente el beneficio previsional de doña N.B., a cambio de la suma de $300.000, para luego exigir la entrega adicional de $350.000, dinero destinado a los gastos correspondientes y a la obtención de una retribución económica impropia. Pues bien, luego de practicar un detenido análisis de los autos adjuntos, este Organismo Fiscalizador ha debido concluir que la responsabilidad de la funcionaria en las graves anomalías que se le atribuyen se encuentran fehacientemente acreditadas con el mérito de los documentos que rolan, entre otros, a fojas 76 y siguientes, en las cuales consta el acta de audición y transcripción de la cinta magnetofónica aportada por doña K.U., la que contiene una conversación sostenida entre ésta, su madre y la inculpada, de la cual puede desprenderse la participación de la afectada en la transgresión denunciada por aquéllas; a fojas 64, que contiene la declaración de la inculpada, quien, pese a negarlo en un principio, manifiesta haber recibido dinero de la señora B.M., como también de los antecedentes contenidos, entre otros, a fojas 12 a 17, 28, 31, 62 y 115, de los que se advierte que la ex-servidora efectivamente habría recibido dineros de don S.L., destinados a la tramitación irregular de beneficios previsionales, de acuerdo a lo denunciado por éste a fojas 4 de autos, todas infracciones graves al principio de probidad administrativa. Ahora bien, en cuanto a las alegaciones formuladas en su escrito, en particular, lo relativo a que la fiscalía administrativa no habría considerado los antecedentes que la inculpada aportara en las diversas instancias del proceso disciplinario, cabe señalar que, a juicio de este Organismo de Control, tal situación no es efectiva, toda vez que si bien estos antecedentes fueron considerados en las debidas instancias que ha tenido para ejercer su defensa, no permiten desvirtuar la responsabilidad administrativa derivada de los hechos acreditados en el proceso y que fueran materia de cargos, como ya se mencionó en los párrafos precedentes. Por otra parte, respecto a lo manifestado por la recurrente, relativo a la existencia de atenuantes que la beneficiarían, cabe señalar que cuando la ley asigna una medida disciplinaria específica para determinada infracción, la autoridad administrativa se encuentra en el imperativo de disponerla, no pudiendo ejercer las atribuciones privativas que le permiten determinar aquélla que, a su juicio, merecería el comportamiento anómalo observado por la afectada, ni menos ponderar circunstancias que eventualmente aminoren su responsabilidad funcionaria. En este mismo orden de ideas, conviene precisar que si bien el inciso final del artículo 121 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado mediante el DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, establece que las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes, tal disposición sólo rige para las infracciones que pueden ser sancionadas con cualquiera de las medidas que en dicho precepto se señalan, pero no respecto de aquellas faltas administrativas que sólo pueden ser castigadas con una sanción específica fijada por la ley, como ocurre en la situación de la especie (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s 49.465, de 2006 y 2.890, de 2007, entre otros). En las condiciones anotadas, esta Contraloría General junto con desestimar la presentación de recurrente, procede a tomar razón de la resolución N° 131, de 2007, del Instituto de Normalización Previsional, que la sanciona con la medida disciplinaria de destitución, toda vez que se ajusta a derecho y al mérito de los autos sumariales en que se fundamenta, haciendo presente que se ha omitido en la especie consignar en su último párrafo la expresión "tómese razón", imperativo jurídico del acto administrativo que debe ser cumplido, igualmente, por esta Entidad de Control. Por otra parte, resulta necesario manifestar que atendido el hecho de que la afectada ya individualizada, cesó en sus funciones durante el curso del procedimiento sumarial, debe entenderse que la sanción de la especie se le impone con arreglo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 147 del citado DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Además, este Órgano Contralor cumple con señalar que por aparecer hechos que revisten caracteres de delito, deberá practicarse la denuncia al Ministerio Público de acuerdo con los artículos 61, letra k), de la ley N° 18.834 y 175, letra b), del Código Procesal Penal.