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c.criterio/Sobre Criterio
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DICTAMEN N° 047124

servicios traspasados a municipalidades constituyen una dependencia de estas y, en consecuencia, no son sujetos de derecho capaces de contraer obligaciones. ello, porque conforme art/38 del dl 3063/79 y dfl 1/3063/80 interior, se traspaso a los municipios una parte de las funciones de educacion y salud, esto es, la educacion basica y media y la salud primaria, quedando estas radicadas en dichos organismos, de modo que no es posible desprenderlas de los mismos, pues pasaron a formar parte de su estructura organica. no altera la condicion juridica de los aludidos servicios traspasados el hecho de que tengan o lleven un presupuesto separado. esta exigencia y el consiguiente registro e informacion contable para reflejar los ingresos y gastos de los servicios traspasados, tiene por objeto dar transparencia a la administracion financiera de los recursos que sustentan dichos servicios. tampoco obsta a lo anterior, la circunstancia de que el personal de dichos servicios traspasados se rija por estatutos diferentes. contraloria no puede pronunciarse sobre la procedencia de considerar a la administracion propiamente municipal como un ente distinto de los departamentos de educacion y salud para los fines del calculo de las tasas de riesgo y el pago de las cotizaciones que contempla ley 16744. lo anterior, pues se trata de materias tributarias de competencia del servicio de impuestos internos

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N° 47.124 18-XI-2002 Se solicita un pronunciamiento acerca de la procedencia de considerar a la administración propiamente municipal como un ente distinto de los Departamentos de Educación y Salud, para los efectos del cálculo de las tasas de riesgo y el pago de las cotizaciones que contempla Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y que se reconsidere el criterio sustentado en el Dictamen N° 1.410, de 1992, de este Organismo Fiscalizador, según el cual, el hecho de que un servicio traspasado tenga y lleve un presupuesto separado, no altera su situación jurídica de dependencia municipal y por tanto no es un sujeto de derecho capaz de contraer obligaciones. Sobre el particular, cabe señalar, en primer término, en concordancia con lo previsto por Ley N° 19.345, que de conformidad con las normas de Ley N° 16.744, en el caso que el seguro contemplado por dicha normativa sea administrado por una Mutualidad de Empleadores -como acontece en la especie con la Municipalidad de Coronel- son precisamente los empleadores los adheridos o afiliados a ellas, respecto de sus trabajadores dependientes, entendiéndose por “entidad empleadora” a toda empresa, institución, servicio o persona que proporcione trabajo. Seguidamente, es dable agregar que la referida Ley N° 19.345, dispuso la aplicación de Ley N° 16.744 a los trabajadores del sector público que indica, entre los cuales se encuentran los de las Municipalidades, de tal modo que estas entidades han estado obligadas a pagar, tanto la cotización básica como la cotización adicional diferenciada -en función de la actividad y riesgo de la entidad empleadora- que la ley de accidentes del trabajo contempla. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo con lo previsto por el artículo 1° de Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades según el texto refundido aprobado por DFL- N° 1/19.704/2001 del Ministerio del Interior, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución Política, las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Luego, es menester señalar que en virtud de lo preceptuado por el artículo 38 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, y el DFL. N° 1/3.063 de 1980, del Ministerio del Interior, se traspasó a los Municipios una parte de las funciones de educación y salud, esto es, la educación básica y media y la salud primaria, quedando éstas radicadas en dichos organismos, de modo tal que no es posible desprenderlas de los mismos, que pasaron a formar parte de su estructura orgánica. De este modo, cumple manifestar que sólo cabe reiterar el criterio contenido en el Dictamen N° 1.410, de 1992, citado por el recurrente, por cuanto las Municipalidades conforman una sola persona jurídica de derecho público, que desarrolla diversas funciones, entre las cuales se encuentran, acorde con lo prevenido por las letras a) y b) del artículo 4°, de Ley N° 18.695, las de educación y salud. En lo concerniente a la normativa que consagra la exigencia de llevar presupuestos separados y el consiguiente registro e información contable, para reflejar los ingresos y gastos de los servicios traspasados, es menester señalar que ella tiene por objeto dar transparencia a la administración financiera de los recursos que sustentan dichos servicios, lo que no significa que por ello tengan personalidad jurídica separada del Municipio. Finalmente, cabe manifestar que no obsta a la conclusión expuesta la circunstancia de que los funcionarios de los mencionados servicios traspasados se rijan por estatutos diferentes, debiendo agregarse, respecto de las materias tributarias a que alude la autoridad edilicia en su presentación, que esta Contraloría carece de atribuciones para pronunciarse, por cuanto son de la competencia del Servicio de Impuestos Internos.