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DICTAMEN N° 047082

La inmunidad del art/25 de la ley 19296, que ampara a los directores de las asociaciones de funcionarios no se aplica cuando la cesación de funciones es la consecuencia de la sanción de destitución. En tal caso ésta sólo procede previa ratificación de esta Contraloría, que se materializa en el momento en que se realiza su correspondiente control de legalidad. El cese de funciones se produce por la aplicación de la referida medida disciplinaria, que surte su efecto a partir del total trámite del documento que la dispuso y no por una decisión de la autoridad tendiente a no renovar su contratación

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N° 47.082 Fecha: 9-X-2008 Se ha dirigido a esta Contraloría General don Lilio Yáñez Ramírez, ex funcionario de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, señalando que desde el mes de octubre de 2007, se le ha impedido ingresar a su lugar de trabajo en virtud de la decisión adoptada por la superioridad en orden a poner término a su contrato, en desmedro de su calidad de dirigente gremial. Sobre el particular, es necesario señalar que según consta en los registros de esta Entidad de Control, mediante la resolución N° 86, de 2007, del citado Servicio, se aplicó la medida disciplinaria de destitución al recurrente, documento que fue tomado de razón con fecha 17 de octubre del mismo año, al verificarse que el respectivo proceso disciplinario se tramitó con apego a la normativa jurídica que regula la materia, contenida en el Título V de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue aprobado mediante el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sin apreciar la existencia de vicios de procedimiento que afectaran su legalidad. Luego, cabe manifestar que no resulta procedente la invocación por parte del reclamante, del fuero gremial que ampara a funcionarios del Estado y en virtud del cual se les otorga inamovilidad en sus cargos, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales, ya que según lo prescrito en el artículo 25 de la ley N° 19.296, sobre asociaciones de funcionarios, y en armonía con el criterio contenido en el dictamen N° 20.669, de 2007, de este Órgano Fiscalizador, dicha prerrogativa no se aplicará cuando la cesación de funciones sea consecuencia de la imposición de la sanción de destitución, como ha sucedido en el caso en estudio. Puntualizado lo anterior, es dable recordar que tal como se ha manifestado en los dictámenes N°s 24.552, de 2003 y 30.161, de 2006, ambos de este Organismo Contralor, la aplicación de una sanción expulsiva respecto de un dirigente gremial sólo procede previa ratificación de esta Contraloría General, la que puede materializarse al momento en que se realiza su respectivo control de legalidad. Finalmente, respecto de lo indicado por el peticionario, en orden a que no ha sido objeto de notificación alguna sobre el término de su contrato, cabe señalar que, contrariamente a lo que expresa, el cese de funciones se ha producido por la aplicación de la referida medida disciplinaria de destitución, que ha debido surtir efecto a contar del total trámite del documento que la dispuso y no por una decisión de la autoridad tendiente a no renovar su contratación. En consecuencia, de conformidad a la normativa vigente sobre la materia y en mérito de lo expuesto, esta Contraloría General desestima la petición de don Lilio Yáñez Ramírez.