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DICTAMEN N° 046985

Para quienes se encuentren contratadas a honorarios tengan derecho a los beneficios sobre protección a la maternidad ellos deben quedar establecidos expresamente en el respectivo contrato. Ello, porque dichos trabajadores no revisten la calidad de funcionarios públicos y tiene como única norma reguladora de sus relaciones con la administración el respectivo acuerdo, de modo que sólo poseen los beneficios estipulados en dicho pacto. Además, la Convención sobre Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, no consagran de manera específica el derecho de la mujer trabajadora para amamantar o alimentar a sus hijos menores de edad, sino que se limitan a establecer preceptos de carácter general a favor de aquéllos y constituyen obligaciones para los Estados Partes, quienes deben adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole, para hacerlas efectivas

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N° 46.985 Fecha: 19-X-2007 La División de Toma de Razón y Registro solicita un pronunciamiento respecto al derecho que tendrían las personas contratadas a honorarios para acogerse a las normas sobre protección a la maternidad, contenidas en tratados internacionales, principalmente, la Convención sobre Derechos del Niño y la Convención sobre La Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aunque ello no se haya estipulado expresamente en el contrato. La inquietud surge a raíz de una presentación del Director de la División de Administración y Finanzas del Ministerio Secretaría General de Gobierno, quien, con motivo de una visita inspectiva realizada por esta Contraloría General, formula una serie de observaciones, y, en lo que interesa, argumenta que modificó el horario de salida de la señora XX para que pudiera amamantar a su hijo recién nacido, cumpliendo con lo establecido en los tratados internacionales mencionados en el párrafo anterior, estimando por ello que no es necesario consignar en forma expresa el derecho a alimentar a los hijos menores en los contratos a honorarios. En relación con la materia de que se trata en la especie, corresponde aclarar en primer término, que ni el artículo 24 de la Convención sobre Derechos del Niño ni la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su artículo 4° N° 2, citados por la División de Toma de Razón y Registro, consagran de manera específica el derecho de la mujer trabajadora para amamantar o alimentar a sus hijos menores de edad, limitándose a establecer preceptos de carácter general a favor de aquéllos, que constituyen obligaciones para los Estados Partes, quienes deben adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole, para hacer efectivas las disposiciones que en dichas convenciones se establecen y consagrar en la legislación interna los derechos aludidos. Ahora bien, en armonía con lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico contempla un conjunto de normas de protección a la maternidad, que están contenidas en el Título II del Libro II del Código del Trabajo, artículos 194 y siguientes, las que son aplicables a los funcionarios públicos en virtud de este último precepto legal y del inciso segundo del artículo 89 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Entre tales disposiciones se encuentra el artículo 206 del referido código, que en lo principal, previene que las trabajadoras tendrán derecho a disponer de una hora al día, para dar alimento a sus hijos menores de dos años; derecho que podrá ejercerse en cualquier momento dentro de la jornada de trabajo, dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones, o postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el término de la jornada de trabajo. Dicho tiempo deberá ampliarse, en su caso, con el necesario para el viaje de ida y vuelta de la madre a la respectiva sala cuna. Enseguida, y en lo que respecta a los contratados a honorarios, conviene tener en cuenta que acorde con lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, se permite a los órganos de la Administración regidos por el mencionado texto legal, contratar sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, para realizar labores accidentales y que no sean habituales de la institución. Además, esta norma contempla la posibilidad de contratar también a honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos. Añade finalmente este precepto, que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de dicho Estatuto. En relación con la norma antes indicada, la jurisprudencia contenida en los dictámenes N°s. 13.800, de 2001 y 12.473, de 2002, entre otros, ha precisado que los contratados a honorarios no revisten la calidad de funcionarios públicos y tienen como única norma reguladora de sus relaciones con la entidad administrativa, el propio acuerdo que ha servido de base al acto que materializa su contratación, careciendo de los derechos que el ordenamiento jurídico contempla para aquéllos, de modo que sólo poseen los beneficios estipulados en dicho pacto, sin perjuicio que en éste pueda reconocérseles derechos similares a los que las leyes establecen para los servidores del Estado, como es el caso de la preceptiva sobre protección a la maternidad consagrada en el Código del Trabajo. En consecuencia, en conformidad a la especial naturaleza de los contratos a honorarios y su modalidad excepcional de prestación de servicios a la Administración Pública, como también el marco jurídico que rige tales contrataciones, donde no son aplicables los preceptos del Estatuto Administrativo ni del Código del Trabajo, cabe concluir que para tener derecho a los aludidos beneficios sobre protección a la maternidad, es necesario que ellos se establezcan expresamente en el respectivo convenio.