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N° 46.346 Fecha: 6-X-2008
La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 364, de 2008, de la Universidad de Chile, que aprueba las Bases para Llamado a Licitación Pública "Administración de la Franquicia Tributaria para Capacitación de la Universidad de Chile (Administración de los Recursos del 1 % de las Remuneraciones Imponibles Anuales)", por cuanto no se ajusta a derecho.
Sobre el particular, cabe señalar, en primer término, que el objeto de la licitación regulada por las citadas bases, es la contratación de un Organismo Técnico Intermedio para Capacitación -OTIC-, de aquellos contemplados en el artículo 23 de la ley N° 19.518, que Fija el Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, para que administre la franquicia tributaria para capacitación que dicha Casa de Estudios puede hacer efectiva en los términos dispuestos en el artículo 36 del mismo texto legal.
Atendida la naturaleza de las prestaciones del convenio a que dará origen el referido procedimiento licitatorio, es dable advertir que dicho acuerdo constituye un contrato administrativo oneroso, que tiene por objeto la prestación de un servicio a favor de la Administración del Estado que, por ende, se encuentra sujeto a las disposiciones de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, tal como lo ha manifestado anteriormente este Ente Fiscalizador en sus dictámenes Nos 51.081, de 2006 y 38.109, de 2007.
En efecto, de conformidad con el artículo 1° de la precitada ley N° 19.886, "los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación", siendo menester tener presente que, tal como lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia de este órgano de Control, las universidades estatales revisten el carácter de servicios públicos integrantes de la Administración del Estado (Aplica dictámenes N°s 9.889 y 47.500, ambos de 2004, 24.152, de 2005 y 25.902, de 2006).
De lo anterior, resulta, entonces, forzoso concluir que a la Universidad de Chile le son plenamente aplicables las disposiciones de la antedicha ley N° 19.886, razón por la que el acto administrativo en estudio debió adecuarse a ese texto legal y a su reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sin que, en la especie, se haya regulado el proceso licitatorio convocado por esa Casa de Estudios, de acuerdo a la aludida normativa.