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DICTAMEN N° 043509

La instrucción del proceso sumarial de docente fue ordenada por el alcalde y no por el Jefe del Departamento de Administración de Educación de ese municipio, como lo dispone el art/145 del dto 453/91 de Educación. Por ello, el decreto emitido por el alcalde que dispuso su instrucción debe ser invalidado por esa autoridad a través de un acto administrativo de igual naturaleza. Lo anterior, significa retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de emitirse el acto contrario a derecho, es decir, volver a la situación que existía con anterioridad a la instrucción del sumario. No procede que el Director de Educación Municipal se atribuya la facultad de ratificar el referido decreto, pues no corresponde que un acto que adolece de nulidad y que no ha tenido existencia en el campo del derecho, sea convalidado. A su vez, la entidad edilicia tiene la obligación de reincorporar al servidor afectado y pagarle las remuneraciones correspondientes al período que éste ha estado alejado de sus funciones, porque el no cumplimiento de sus labores se ha debido a fuerza mayor

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N° 43.509 Fecha: 12-IX-2006 Se ha solicitado la reconsideración del dictamen N° 11.346, de 2006, de esta Contraloría General, por medio del cual se reconoció la legalidad de la actuación del Director de Educación de la Municipalidad de Recoleta al ratificar el decreto N° 2.160, de 2003, de dicha entidad; la designación de fiscal en el sumario que se indica y todo lo ejecutado en este proceso disciplinario. Sobre el particular, cabe manifestar que el ocurrente, en su calidad de docente dependiente de la Municipalidad de Recoleta, fue objeto de un sumario administrativo ordenado instruir por el alcalde de dicha corporación, mediante el decreto N° 2.160, de 2003, proceso en el cual se le aplicó la medida disciplinaria de "término de la relación laboral". Enseguida, es necesario señalar que en su oficio N° 54.545, de 2004, esta Entidad Fiscalizadora precisó que el registro del decreto N° 339, de 2004, de la Municipalidad de Recoleta, que aplica al ocurrente la mencionada sanción, no significa que ese acto administrativo se encuentre ajustado a derecho, haciendo presente, además, que en los casos en que la autoridad municipal decida la instrucción de un procedimiento administrativo en contra de un docente, como ocurre en el caso en estudio, éste debe regirse por las normas del artículo 72, letra b), de la Ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, y por el artículo 145, inciso segundo, del Decreto N° 453, de 1991, del Ministerio de Educación, reglamento de ese cuerpo normativo, de modo que corresponde al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal ordenar la instrucción de los procesos sumariales respecto del personal docente de su dependencia. Precisado lo anterior, cabe destacar que por medio del dictamen N° 2.928, de 2005, este Organismo de Control expresó que atendido que el sumario administrativo que nos ocupa, no fue ordenado por la autoridad competente para ello, esto es, por el recientemente mencionado Jefe de Departamento, aquél debía retrotraerse a la etapa en que se ordenara su instrucción por parte del funcionario que desempeñe dicho cargo. Además, a través del oficio N° 52.127, de 2005, de esta Entidad Fiscalizadora se expresó que el municipio deberá "reincorporar al servidor afectado y pagar las remuneraciones correspondientes al período en que éste ha estado alejado de sus funciones, toda vez que no las ha cumplido por un acto de autoridad que configuró una causal de fuerza mayor no imputable a él." Expuesto lo anterior, corresponde consignar que mediante el dictamen N° 11.346, de 2006, este Organismo de Control, atendiendo una presentación de la Municipalidad de Recoleta, reconsideró este último pronunciamiento, por cuanto estimó que al ratificar -mediante una resolución- el Jefe del Departamento de Educación de esa entidad edilicia el mencionado decreto N° 2.160, de 2003, por medio del cual se dispuso el proceso sumarial en estudio, como también la designación de fiscal en el mismo y todo lo ejecutado en este proceso disciplinario, se habrían subsanado las observaciones formuladas por este Organismo Contralor. En relación con la materia, es dable señalar que de conformidad con lo prescrito en el artículo 72 de la Ley N° 19.070, el término de la relación laboral de los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, que se ordene en virtud de la causal prevista en la letra b) de esa disposición legal -como ocurre en la situación en análisis-, sólo procede cuando se ha acreditado fehacientemente en un sumario. Por su parte, el inciso segundo del artículo 145 del Decreto N° 453, de 1991, del Ministerio de Educación, reglamento del recién aludido cuerpo legal-, dispone, en lo que interesa, que para esos efectos, esto es, para acreditar la aludida causal, "el Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal ordenará que se practique un sumario". Como puede advertirse, la autoridad facultada para ordenar la instrucción de un sumario destinado a acreditar la referida causal de término de la relación laboral entre un docente y una municipalidad o una corporación municipal, es el jefe del mencionado departamento del municipio o de la corporación de que se trate. Ahora bien, la instrucción del proceso sumarial que afectó al ocurrente, fue ordenada por el alcalde de la Municipalidad de Recoleta, mediante el decreto N° 2.160, de 2003, y no por el Jefe del Departamento de Administración de Educación de ese municipio, como correspondía conforme a lo dispuesto en el artículo 145 del citado Decreto N° 453, de 1991. Por consiguiente, atendido que el decreto N° 2.160, de 2003, ha sido emitido por el alcalde de dicha municipalidad, sin tener facultades para ello, esa autoridad debe disponer su invalidación a través de un acto administrativo de igual naturaleza. Al respecto, es dable precisar que lo anterior significa retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de emitirse el acto contrario a derecho, es decir, en este caso, volver a la situación que existía con anterioridad a la instrucción del sumario, tal como se ha señalado por la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en los dictámenes N°s. 13.592, de 1971 y 25.517, de 1992, entre otros. Sin desmedro de lo expresado, se debe hacer presente que es también contraria a derecho la facultad que se atribuye el Director de Educación de la Municipalidad de Recoleta para ratificar el citado decreto N° 2.160, de 2003, mediante la resolución N° 36-A, de 2005, por cuanto, en armonía con la jurisprudencia de este Órgano Contralor, contenida en el dictamen N° 37.557, de 1961, no corresponde que un acto que adolece de nulidad y que, por consiguiente, no ha tenido existencia en el campo del derecho, sea convalidado. En consecuencia, y en mérito de las consideraciones expuestas, la responsabilidad administrativa que corresponda hacer efectiva respecto del docente deberá determinarse a través de un sumario que debe ordenar el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 145 del mencionado Decreto N° 453, de 1991. Lo anterior es, por cierto, sin desmedro de la obligación de esa corporación edilicia de reincorporar al servidor afectado y pagarle las remuneraciones correspondientes al período que éste ha estado alejado de sus funciones, ya que el no cumplimiento de sus labores se ha debido a fuerza mayor. Déjase sin efecto, en lo pertinente, el dictamen N° 11.346, de 2006, de este Organismo Contralor.