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DICTAMEN N° 042025

informa a la camara de diputados que conforme art/6 inc/3 de ley 10336, contraloria no se pronuncia sobre la ampliacion del objetivo social de la empresa metropolitana de residuos solidos limitada (emeres) y de los estatutos de la misma y que fuera autorizada por resolucion del ministerio del interior, dado la impugnacion de un particular lo que esta sometido a conocimiento de los tribunales. tampoco informa sobre los procedimientos destinados a que emeres reintegre a sus municipios socios sumas indebidamente cobradas por impuesto al valor agregado (iva), porque acorde los articulos 6 letra a) num/1 del dl 830/74 y 7 letra b del dfl 7/80 hacienda, compete privativamente al servicio de impuestos internos interpretar y aplicar la legislacion tributaria. enseguida, las decisiones administrativas y omisiones que permitieron que el vertedero de lepanto funcione con infraccion a las normas sobre distanciamiento de las viviendas aledanas y a los requisitos legales y reglamentarios exigibles a ese tipo de recintos se extienden a 1990, epoca de la autorizacion sanitaria del servicio de salud del ambiente, en que la municipalidad correspondiente otorgo al propietario del predio las patentes para el vertedero y la extraccion de aridos, considerando informe favorable de uso de suelo de la direccion de obras municipales, sin desmedro de lo cual, las acciones disciplinarias para hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios que incurrieron en irregularidades estan prescritas. ademas, favorecen a la empresa citada fallos de cortes de apelaciones y suprema que acogieron recursos de proteccion y amparo economico respecto de decretos municipales que ordenaban la clausura del vertedero, pronunciamiento cuya interpretacion y aplicacion corresponde a los tribunales emisores, a lo que se suman resoluciones de la comision resolutiva antimonopolio que favorecen a emeres. a su vez, corresponde al servicio de salud metropolitano del ambiente hacer efectivas las responsabilidades derivadas de la recepcion de residuos industriales sin autorizacion, considerando que aquel servicio ordeno la reduccion de las actividades del vertedero prohibiendo la recepcion de escombros y residuos industriales y la preparacion de su cierre. finalmente, contraloria solicito la intervencion del consejo de defensa del estado, para iniciar acciones judiciales contra directivos de emeres por irregularidades en la auditoria financiera de la empresa en 1997

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N° 42.025 Fecha: 03-XI-2000 Esta Contraloría General acusa recibo del oficio 3.002, de 2000, de la Cámara de Diputados, con el cual se adjunta el informe de la Comisión investigadora de la administración que la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos Ltda. (EMERES) ejerce respecto del vertedero ubicado en el Fundo Lepanto, en la comuna de San Bernardo, y otras materias afines. Respecto de las peticiones que se formulan a esta Entidad Fiscalizadora en el N° 2 de dicho documento, cabe informar lo siguiente: a) La ampliación del objetivo social de EMERES que se desprendería de los términos de la Resolución 27, de 1986, del Ministerio del Interior -que autorizó su constitución en el marco de las disposiciones de la entonces vigente Ley de Municipalidades, decreto ley 1.289, de 1975- y de aquéllos de los Estatutos de la citada empresa, ha sido impugnada, en 1996, ante los Tribunales de Justicia por el particular don E. A., en causa Rol 2970-96, del 27° Juzgado de Letras de Santiago -actualmente en la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 5114-99, por recurso de alzada del demandante- y, por lo tanto, constituye un asunto sobre el cual, en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6° de su ley orgánica constitucional N° 10.336, esta Institución está impedida de intervenir y pronunciarse. Sin perjuicio de lo anterior y accediendo a vuestra petición, los antecedentes que sobre la materia obran en poder de este Organo de Control serán comunicados al Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de que determine si procede que asuma la representación de los intereses del Estado en el señalado juicio; b) Los procedimientos destinados a que EMERES reintegre a sus municipios socios las sumas indebidamente cobradas por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) competen, por mandato de los artículos 6°, letra a), N° 1 del decreto ley 830, de 1974, y 7°, letra b) del decreto 7, de 1980, de Hacienda, en forma privativa, al Servicio de Impuestos Internos (SII) en virtud de sus atribuciones para interpretar y aplicar la legislación tributaria. Por tanto esta Entidad, respecto de su intervención en esta materia, se remite a lo expresado en su informe D M 4.761, de 1999, pues en la actualidad corresponde que dicho Servicio, en la forma y oportunidad que a su juicio proceda, informe al respecto a esa Honorable Corporación; c) Las decisiones administrativas y omisiones que permitieron que el vertedero ubicado en el fundo Lepanto funcione con infracción a las normas sobre distanciamiento de las viviendas aledañas y a los requisitos legales y reglamentario exigibles a ese tipo de recintos, se remontan, según se explica en el informe DM 3.721, de 1999 -puesto en conocimiento de US. por oficio 26.697, del mismo año- a lo menos, a los años 1990, en que se extendió la autorización sanitaria mediante Resolución 7.973, del Servicio de Salud del Ambiente, 1991 y 1992, en que la Municipalidad de San Bernardo otorgó al propietario del predio patentes para el vertedero considerando la citada Resolución y el informe favorable de "uso de suelo" de su Dirección de Obras, y para extraer áridos, respectivamente. Sin embargo, las acciones disciplinarias para hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios que incurrieron en tales irregularidades se encuentran prescritas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 152 de la ley 18.834 y 154 de la ley 18.883. Además, favorecen a EMERES fallos de la Ilma. Corte de Apelaciones de San Miguel y de la Excma. Corte Suprema, que acogieron recursos de protección y amparo económico de la empresa respecto de los decretos 1.988, de 1994 y 2.405, de 1997, de la Municipalidad de San Bernardo, que ordenaban la clausura del vertedero, pronunciamientos cuya interpretación y aplicación respecto de las materias en examen competen a los Tribunales que los emitieron. A lo anterior se suma lo resuelto por la Comisión Resolutiva Antimonopolios, con fecha 14 de enero de 1997, al rechazar las reclamaciones formuladas por la empresa DEMARCO S.A. y por don E. A., confirmando en todas sus partes el dictamen N° 995/700, de 23 de diciembre de 1996, de la Comisión Preventiva Central. Por otra parte, compete al Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (SESMA) hacer efectivas las responsabilidades que se derivan de la recepción de residuos industriales sin autorización. En este aspecto, cabe tener presente que dicho Servicio, por Resolución 13.648, de 16 de junio de 2000, ha ordenado la reducción de las actividades del vertedero de Lepanto prohibiendo que allí se reciban escombros y residuos industriales, y la preparación de su cierre. Finalmente, se comunica a US. que, mediante oficio 39.460, de 2000, este Organo de Control ha solicitado la intervención del Consejo de Defensa del Estado para que inicie acciones judiciales en contra de los directivos de EMERES que resulten responsables de las irregularidades de que da cuenta el informe DM 2.503, de 1999, sobre auditoría financiera realizada en esa empresa respecto del ejercicio correspondiente a 1997.