conforme art/10 de la ley 18834, las personas contratadas a honorarios se rigen por las reglas que establezca el contrato y no quedan sujetas a las disposiciones de esa ley. asi, el marco que determina los derechos y obligaciones de los contratados a honorarios es el contenido en el respectivo convenio y la circunstancia de que en este se incluyan clausulas que establezcan derechos y obligaciones similares a los contemplados en el estatuto administrativo, no autoriza para considerar a tales personas como funcionarios publicos, puesto que tales estipulaciones solo constituyen modalidades de lo convenido. asi, ha procedido que a contratados a honorarios a suma alzada en la casa de moneda, se les apliquen sanciones establecidas en resolucion 11/84, reglamento de disciplina para el personal de la planta operativa de la casa de moneda aludida, puesto que en clausula de sus respectivos contratos se les ha exigido dar cumplimiento a las obligaciones de esa resolucion. esta clausula les ha significado quedar afectos a un regimen especial de castigos en caso de incumplimiento de las obligaciones referidas. asi, el servicio aludido ha podido efectuar una investigacion en su contra y resolver sobre la aplicacion de la sancion pertinente, lo que no significa hacer efectiva una responsabilidad administrativa de los afectados, ya que estos, por disposicion expresa de la ley, no son funcionarios publicos, sino que solamente involucra actuar en conformidad a lo pactado. en todo caso no procede aplicar sancion de terminacion de los servicios conforme dl 2200/78, contemplada en la letra c) del art/6 de la resolucion 11/84, porque acorde al contrato a honorarios, sus estipulaciones no generan obligaciones establecidas en ley 18834 ni en el codigo del trabajo para ninguna de las partes. asi, es en la investigacion respectiva donde debe dejarse constancia de la calidad de las personas que eventualmente sean responsables de los hechos examinados en ese proceso. ademas, no corresponde someter a toma de razon las resoluciones que impongan los castigos pertinentes examinados a quienes tengan la calidad de contratados a honorarios, los que deben ser determinados en el pertinente proceso conforme resolucion 520/96 de contraloria