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DICTAMEN N° 038109

La circunstancia de que la legislación faculte a los organismos de la Administración del Estado, y a los Servicios de Salud en particular, para celebrar convenios cuyo objeto consista en la ejecución, por parte de terceros, de las acciones que la ley ha puesto dentro de la esfera de sus atribuciones, no obsta a que estos convenios se rijan por las normas de la ley 19886, puesto que, precisamente, estas normas serán plenamente aplicables, si los referidos convenios se concretan en el suministro de bienes o la prestación de servicios a qué se refiere la citada ley. La distinción de la mencionada ley, entre las prestaciones de servicio consistentes en la ejecución de acciones delegadas de salud, y otras, de carácter patrimonial, que celebren o puedan celebrar los Servicios de Salud, se debe precisamente a la diversa índole de las obligaciones específicas que nacen de los mismos, pero no dice relación con la aplicación de la ley 19886, la cual es obligatoria respecto de las primeras, de conformidad con los criterios precedentemente expuestos; y puede serlo, atendida su naturaleza, respecto de las segundas.

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N° 38.109 Fecha: 22-VIII-2007 Se ha solicitado a esta Contraloría General reconsiderar su dictamen N° 51.081, de 2006, mediante el cual se precisó que los Servicios de Salud deben sujetarse a las disposiciones de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, al celebrar los convenios regidos por el decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud. Al respecto, indica, en síntesis, que el pronunciamiento de que se trata "no considera debidamente el ámbito de aplicación de la ley N° 19.886, ni la naturaleza y finalidad de los convenios" a que se refiere, por cuanto en ellos "no hay suministro alguno de bienes o servicios para la institución de salud", sino la ejecución de acciones delegadas o encomendadas por dichas entidades a su contraparte, y añade que el decreto con fuerza de ley N° 36, ya citado, establece un "claro distingo entre los convenios de delegación de acciones de salud y los demás contratos de orden patrimonial", excluyendo a los segundos de sus normas, circunstancia que, en su opinión, explica que el artículo 3 de la ley N° 19.886, ya citada, no exceptúe expresamente de su aplicación a los acuerdos de que se trata. Finalmente, hace presente que las disposiciones del citado decreto con fuerza de ley concuerdan con lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de Bases Generales de la Administración del Estado, la cual permite a los servicios públicos encomendar la ejecución de acciones y entregar la administración de establecimientos o bienes de su propiedad a las municipalidades o a entidades de derecho privado, "previa autorización otorgada por ley y mediante la celebración de contratos", autorización que se reitera, en relación con los Servicios de Salud, en el artículo 23, letra i) del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio del ramo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979. En relación con la materia, es necesario recordar que el dictamen cuya reconsideración se solicita, examinó latamente la naturaleza de los acuerdos de voluntades de que se trata, específicamente en los aspectos a que se refiere la autoridad ocurrente, y señaló, en lo que interesa, que el aludido decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, autoriza a los Servicios de Salud para encomendar a terceros algunas de las acciones de salud que les corresponde ejecutar, y al efecto regula un convenio cuyo objeto requiere del establecimiento de requisitos y modalidades de desempeño adecuados a su finalidad, los cuales, "no alteran la naturaleza jurídica propia de la figura en estudio, constituida esencialmente por la concurrencia de un acuerdo de voluntades entre partes diversas, destinado a la creación de obligaciones y derechos", y precisó, asimismo, que la respectiva contraparte se obliga, en su virtud, a la prestación de un servicio en favor de la entidad pública, consistente en el cumplimiento de labores profesionales y técnicas pertenecientes al ámbito de la salud. En este contexto, dicho pronunciamiento concluye que los convenios en examen "forman parte de la clase de los contratos administrativos onerosos que tienen por objeto la prestación de un servicio en favor de la Administración del Estado, necesario para la adecuada ejecución de las tareas que competen a los organismos públicos que los concluyen, y que, por ende, se encuentran sujetos a las disposiciones de la ley N° 19.886", a la cual "deben someterse los Servicios de Salud en relación tanto con los procedimientos preparatorios de su conclusión como en la configuración de sus cláusulas definitivas, todo ello sin perjuicio de la aplicación de los preceptos contenidos en el decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, en cuanto no se opongan a los términos de la mencionada Ley de Bases". Puntualizado lo anterior, cabe señalar qué la distinción establecida en el mencionado, cuerpo normativo entre las prestaciones de servicio en examen, y otras; de carácter patrimonial; que celebren o puedan celebrar los Servicios de Salud, se debe precisamente a la diversa índole de las obligaciones específicas que nacen de los mismos, pero no dice relación con la aplicación de la ley N° 19.886, la cual es obligatoria respecto de las primeras, de conformidad con los criterios precedentemente expuestos; y puede serlo, atendida su naturaleza, respecto de las segundas. Por otra parte, cabe consignar que la circunstancia de que el ordenamiento jurídico faculte a los organismos de la Administración del Estado, y a los Servicios de Salud en particular, para celebrar convenios cuyo objeto consista en la ejecución, por parte de terceros, de las acciones que la ley ha puesto dentro de la esfera de sus atribuciones, no obsta a las conclusiones del pronunciamiento indicado, puesto que, precisamente, éstas serán plenamente aplicables si los referidos convenios se concretan en el suministro de bienes o la prestación de servicios a qué se refiere la ley N° 19.886, ya individualizada, del modo antes indicado. En consecuencia, y atendido que ninguno de los argumentos invocados en esta oportunidad hace procedente la modificación del criterio expuesto, se confirma en todas sus partes el dictamen N° 51.081, de 2006, de esta Entidad de Control.