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DICTAMEN N° 036029

procedimiento para poner termino al contrato de medico cirujano, 33 horas semanales, subdirector medico de establecimiento de salud, como una sancion a la no presentacion de la renuncia voluntaria a dicho cargo solicitada por la autoridad, constituye un acto administrativo de caracter arbitrario, toda vez que respecto de este tipo de empleos no procede la peticion de renuncia. aunque las autoridades administrativas poseen plenas facultades tanto para efectuar la contratacion de empleados a contrata, como para poner termino anticipado a sus servicios, correspondiendoles en forma privativa, calificar las necesidades del servicio que justifiquen el termino de un contrato, la dictacion de los actos administrativos que corresponden al ejercicio de potestades discrecionales, exige que estos cuenten con un fundamento racional y se encuentren plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente. ademas, el principio de juridicidad conlleva la exigencia de que dichos actos tengan una motivacion y un fundamento racional y no obedezcan al capricho de la autoridad, lo contrario resulta arbitrario e ilegitimo

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N° 36.029 Fecha: 3-VIII-2005 Esta Contraloría General procede a devolver a esa Superioridad, sin tramitar, la resolución que pone término al contrato de médico cirujano, 33 horas semanales, que desempeña el señor XX, por no ser necesarios sus servicios, a contar de su total tramitación, toda vez que el procedimiento utilizado por el Centro de Referencia de Salud "Dr. Salvador Allende Gossens" para disponer tal medida, no se ajusta a derecho. Sobre el particular, cabe manifestar, en primer término, que el artículo 10° del DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos. Al respecto, la jurisprudencia administrativa contenida en Dictamen N° 748, de 2003, entre otros, ha manifestado que los empleos a contrata son aquellos que se encuentran consultados en calidad de transitorios en la organización de un Servicio, ya sea en forma nominada o en forma global y duran, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Administrativo, como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año. El mismo pronunciamiento, agrega, que tales funcionarios gozan del derecho a la estabilidad en el empleo, pero con las limitaciones propias que emanan del carácter transitorio de sus designaciones, de manera que la seguridad en sus cargos que les garantiza la ley dice relación con la circunstancia de que su expiración de funciones sólo procede por alguna de las causales legales que ella consulta, a menos que el contrato haya sido dispuesto bajo la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", en cuyo caso el cese de funciones se producirá a contar de la notificación al afectado de la total tramitación del decreto o resolución que así lo disponga. Como es dable advertir, las autoridades administrativas poseen plenas facultades tanto para efectuar la contratación de empleados a contrata, como para poner término anticipado a sus servicios, correspondiéndole a tales autoridades, en forma privativa, calificar las necesidades de servicio que justifiquen el término de un contrato. Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que mediante memo N° 32, de 2005, de la Directora del Centro de Referencia de Salud "Dr. Salvador Allende Gossens", dirigida al señor XX, Subdirector Médico, le comunica que "debido a la no presentación de su renuncia voluntaria al cargo de médico cirujano, 33 horas, con encomendación de funciones de Subdirector Médico de este establecimiento, se procederá a poner término a su contrato a contar de la total tramitación de la resolución que lo instruye, por no ser necesarios sus servicios". En este sentido, es menester señalar, que la dictación de actos administrativos que corresponden al ejercicio de potestades discrecionales -como el que se analiza-, exigen un especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración de motivar sus actos, lo que tiene por objeto asegurar que ellos no se desvíen del fin considerado por la normativa que confiere las respectivas atribuciones, esto es, que dichos actos cuenten con un fundamento racional y se encuentren plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente. A mayor abundamiento, cabe anotar, que la obligación mencionada obedece, asimismo, al principio de juridicidad que, en un concepto amplio y moderno, conlleva la exigencia de que los actos administrativos tengan una motivación y un fundamento racional y no obedezcan al mero capricho de la autoridad pues, en tal caso, resultarían arbitrarios y, por ende, ilegítimos. (Aplica Dictamen N° 42.268, de 2004). En este sentido, resulta útil señalar, que el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define el término arbitrariedad como el "acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho". Lo anterior, pues las personas actúan sobre la base del proceder regular de la Administración, en la confianza y en la expectativa que su situación se consolidará como en derecho corresponde, principio doctrinario éste que tiene su fundamento en ciertos valores y principios que emanan de la propia Constitución Política. Siendo ello así, puede afirmarse que la decisión de la autoridad del Centro de Referencia de Salud Dr. Salvador Allende Gossens, en orden a poner término al contrato de médico cirujano, 33 horas semanales, con encomendación de funciones de Subdirector Médico del mismo establecimiento, como una sanción a la no presentación de la renuncia voluntaria a dicho cargo solicitada por aquella, constituye un acto administrativo de carácter arbitrario dictado por la autoridad respectiva -toda vez que respecto de este tipo de empleos no procede la petición de renuncia-, el que, como ya se indicara, al ser ilegítimo, no resulta admisible. En consecuencia, en mérito de lo expuesto, esta Entidad de Control devuelve sin tramitar el documento del rubro, por no encontrarse ajustada a derecho.