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N° 35.865 Fecha: 13-IX-2002
Se ha dirigido a esta Contraloría General, profesional de la educación, dependiente de la Municipalidad de El Bosque, reclamando porque dicho Municipio redujo la jornada cronológica semanal que desempeñaba de 44 horas, a contar de Abril de 2002, luego de su destinación a otro establecimiento educacional, a solicitud suya.
Requerido informe a la Municipalidad de El Bosque, ésta mediante el oficio 400/63/231 de 2002, ha adjuntado el Memorándum 90 del mismo año, de la Dirección de Educación, a través del cual, manifiesta que como consecuencia de la fijación de la dotación docente correspondiente al año 2002, se procedió a destinar a la interesada a solicitud suya a la Escuela "Matías Cousiño", como docente de aula titular con 30 horas cronológicas, de acuerdo a su designación primitiva.
El Municipio agrega que el resto de las horas las cumplía en funciones transitorias, por lo que las ha desempeñado cuando ha sido necesario y de acuerdo a las necesidades de la Dirección de Educación Municipal reflejadas tanto en la dotación, como en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal.
Sobre el particular, cabe señalar, como cuestión previa, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.070, los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o de contratados y tendrán esta última calidad, quienes desempeñen labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.
Por su parte, el artículo 72 del mismo texto legal, establece las causales de término de la relación laboral de los profesionales de la educación, entre las que se cuenta, en su letra c), el término del período por el cual se efectuó el contrato.
Al respecto, dable es manifestar que la reiterada jurisprudencia administrativa, contenida, entre otros, en los dictámenes 25.842 de 1999 y 34.637 de 2000, ha expresado que la contratación constituye una figura esencialmente transitoria, cuya vigencia está supeditada, en términos generales, al tiempo fijado en el respectivo decreto de designación, de modo que una vez vencido el plazo allí señalado, se produce por el solo ministerio de la ley, el cese de funciones, salvo que la autoridad competente hubiere decidido renovar el contrato. Por ende, la circunstancia de poner término a una contratación por finalizar el período por el cual se efectuó, no responde a una facultad o decisión que emane de la voluntad o discrecionalidad de la autoridad, sino al cumplimiento de un mandato legal en tal sentido, esto es, la causal prevista en el artículo 72, letra c) de la Ley 19.070.
Los citados pronunciamientos agregan, que por la propia naturaleza de su nombramiento, los docentes contratados carecen de estabilidad laboral tanto en cuanto a la cantidad de horas que sirven como en las funciones indicadas en sus respectivos decretos de designación.
Ahora bien, de los antecedentes acompañados consta que la recurrente tuvo diversas contrataciones por distintas cantidades de horas con fechas de término al respectivo año laboral docente.
En este contexto, dado que la interesada estaba desempeñándose en la Municipalidad de El Bosque, como titular y contratada, designación esta última que de acuerdo a lo informado por el Municipio tenía además, una fecha cierta y determinada de término, debe entenderse que a su respecto operó una causal legal de cese de funciones en ese carácter, por lo que no procedía continuar pagándole las remuneraciones correspondientes a esa contratación, toda vez que de haber continuado percibiendo éstas, se habría producido un enriquecimiento sin causa en desmedro del Municipio. (Aplica dictamen 25.842 de 1999).
Por, consiguiente, y en mérito de lo expuesto, es necesario concluir que ha resultado procedente que la Municipalidad de El Bosque no renovara la contratación de la recurrente, y, por ende, la respectiva rebaja de remuneraciones que experimentara por tal concepto, por cuanto ello sólo ha implicado el ejercicio de las facultades para las cuales se encuentra investida la autoridad edilicia, entre las que se cuenta, la designación del personal requerido para llevar a cabo las tareas que la ley le ha encomendado.