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DICTAMEN N° 035397

Informa al Presidente de la Comisión Mixta del Congreso Nacional, sobre Proyecto de Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, cuyas disposiciones inciden en la posición constitucional de órgano autónomo que inviste esta Entidad de Control y atañen a la función de control jurídico de la Administración del Estado que la Constitución le reconoce.

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N° 35.397 Fecha: 6-VIII-2007 Por el presente informe, la Contraloría General de la República cumple con emitir su parecer acerca del Proyecto de Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que está siendo analizado actualmente por esa Honorable Comisión Mixta. Este documento se orienta principalmente a comentar las disposiciones de ese proyecto que inciden en la posición constitucional de órgano autónomo que inviste este Órgano Contralor y atañen a la función de control jurídico de la Administración del Estado que la Carta Política le reconoce. Es preciso enfatizar, desde luego, la singular importancia que la Contraloría General asigna a los valores y principios concernientes a la transparencia y publicidad de las funciones públicas y al acceso de las personas a la información de los órganos estatales. Entiende este Órgano de Control que ellos son factores orientados significativamente al perfeccionamiento de nuestra república democrática, que cooperan, en el ámbito sujeto a su fiscalización, a la consolidación de una Administración contenida, limitada por el derecho, y abierta a la posibilidad de escrutinio externo, institucional y social, para beneficio del bien común y sin perjuicio de los derechos de las personas. Atendido lo anterior, este Órgano Contralor no puede sino manifestar, en términos generales, su acuerdo con una iniciativa que tiene por objeto reinsistir en la incorporación en el ordenamiento de una serie de principios y de exigencias orientadas a incrementar adicionalmente la visibilidad de los órganos estatales y fortalecer el derecho de las personas a acceder a la información de la Administración Pública. Debe, con todo, hacer diversos comentarios acerca de su contenido, los cuales se formulan desde el punto de vista de la función fiscalizadora que corresponde realizar a la Contraloría General en lo que hace al cumplimiento del deber de transparencia en su sentido más amplio, como también en su condición de órgano autónomo constitucional y como órgano fiscalizador del servicio público que propone crear este proyecto de ley, llamado Consejo de la Transparencia. I. LAS FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1. La función jurídica La Contraloría General de la República es un órgano constitucionalmente autónomo que desempeña diversas funciones que el Ordenamiento Jurídico le ha encargado para el fortalecimiento del Estado de Derecho y que están destinadas a hacer respetar el principio de juridicidad, resguardar el patrimonio público, velar por el cumplimiento del principio de probidad administrativa y asegurar la transparencia de la información que generan los órganos públicos. Pues bien, la función principal y por excelencia de la Contraloría General de la República, consiste en ejercer el control de juridicidad de los actos de la Administración. Esta función se cumple de dos formas: mediante la emisión de pronunciamientos jurídicos obligatorios para la Administración del Estado -dictámenes y oficios que conforman la llamada Jurisprudencia Administrativa-, y a través del control de las órdenes formales emanadas de la Administración activa, control que puede ser preventivo, simultáneo o a posteriori. En particular, el control preventivo de juridicidad se lleva a cabo mediante el trámite constitucional de la Toma de Razón. Es necesario tener en cuenta que todas las funciones de la Contraloría General de la República en último término son funciones jurídicas, pues todas ellas están destinadas a cautelar el principio de legalidad, esto es, a verificar que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones y con sujeción a los procedimientos que la ley contempla. a. La función de dictaminar En este contexto, una de las funciones trascendentales que el Estado de Derecho le reconoce a la Contraloría General lo constituye la facultad de interpretar las normas jurídicas que inciden en el ámbito administrativo, labor que se materializa en la emisión de informes jurídicos que son obligatorios para los servicios sometidos a su fiscalización. Esta potestad, que importa una valiosa creación intelectual de nuestra Contraloría, permite la elaboración de una doctrina administrativa conformada por un sistema de precedentes obligatorios y favorece la unidad del sistema normativo mediante su interpretación uniforme y consistente, donde cada decisión contribuye a orientar otras múltiples decisiones posibles, haciendo que la regulación aplicable a los entes públicos sea más coherente, íntegra y estable. Para que opere el Estado de Derecho no basta con la existencia de un texto constitucional y de leyes formalmente establecidas. Es indispensable la existencia de mecanismos y procedimientos especializados y expeditos de solución de conflictos, que colaboren con la Administración del Estado, que fijen el sentido y alcance de las normas jurídicas y que, de ser necesario, sean capaces de actuar para impugnar los actos que sobrepasen al Derecho. De este modo, con la labor interpretativa de la Contraloría General se facilita que las declaraciones generales y abstractas de la normativa legal relacionada con la ética pública se transformen, a través de su aplicación concreta, uniforme y reiterada, en normas específicas de conducta, con lo que el Estado de Derecho gana en eficacia, atribuyéndole a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, un sentido y alcance concretos que van más allá del tenor explícito del propio texto. De esta manera, la labor interpretativa que realiza la Contraloría complementa la labor normativa que, en el ámbito de sus potestades, llevan a cabo el Congreso Nacional y el Presidente de la República. Asimismo, el sistema jurídico basado en el precedente administrativo -esto es, la interpretación uniforme de una misma regla jurídica- permite que la actuación administrativa gane en previsibilidad, esto es, afirma la legítima expectativa que tienen los ciudadanos de que la Administración tome decisiones que sean armónicas con los criterios manifestados con anterioridad en situaciones equivalentes. De este modo, la función que la Constitución ha encargado a la Contraloría General de la República de interpretar con fuerza obligatoria las leyes y actos administrativos, y el uso que de esta facultad a hecho esta Institución, permiten dar cumplimiento al principio de la igualdad ante la ley reconocido por la Carta Fundamental y a los principios de buena fe y de confianza legítima y a la teoría de la inducción al error. b. La función de toma de razón La toma de razón es el procedimiento de control preventivo a través del cual esta Contraloría General verifica la constitucionalidad y legalidad de los decretos y resoluciones que, de conformidad a la legislación, deben tramitarse ante ella, y de los decretos con fuerza de ley que dicta el Presidente de la República. De este modo, la toma de razón constituye un control de juridicidad de los instrumentos que se examinan, sin que con ocasión del mismo la Contraloría General pueda pronunciarse o calificar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. Cabe precisar que los actos administrativos sobre personal que se encuentren exentos de toma de razón, deben, en todo caso, remitirse a esta Entidad de Control para su registro y control posterior, en tanto que los actos administrativos sobre obras que se encuentren exentos del control preventivo, deben enviarse para toma de conocimiento. 2. La función fiscalizadora de la Contraloría General en lo que atañe a la transparencia. La muy positiva valoración que hace la Contraloría General de los principios y deberes concernientes a la transparencia se advierte particularmente en la abundante jurisprudencia administrativa que ha emitido a partir de la entrada en vigor de las modificaciones que la Ley N° 19.653 introdujo el año 1999 a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las cuales quedaron concretadas en los artículos 3°, 13 y 14 de dicho texto. Aunque ya con anterioridad a la entrada en vigor del mismo y no obstante la imperfección de la incipiente preceptiva entonces vigente, este Organismo Contralor explicitó en forma reiterada, en ejercicio de su función dictaminadora, el deber de la Administración de dar transparencia a su actividad por medio de la publicidad. Así, a partir por lo menos del año 1974 -dictamen N° 76.184- se advierten ejemplos de cómo la jurisprudencia contralora hace presente el deber que pesa sobre los órganos administrativos de entregar a quienes lo soliciten copia de sus actos administrativos -decretos y resoluciones-, salvo que revistan carácter reservado. Pero luego de la Ley N° 19.653 -la llamada Ley de Probidad- el ritmo dictaminador se intensificó notablemente, viéndose adicionalmente incentivado por las dudas que se suscitaron en torno a la aplicación de otros textos legales dictados para realzar la transparencia, entre los cuales cabe mencionar particularmente a la Ley N° 19.880, de bases de los procedimientos administrativos. Como respuesta a las reclamaciones que las personas interponen en contra de la Administración, de las consultas que los organismos de ésta formulan a la Contraloría General, y también de las cuestiones que le plantean los órganos del Congreso Nacional, se han multiplicado los pronunciamientos del órgano de Control sobre la materia, que han llegado a conformar un importantísimo cuerpo jurisprudencial de rico contenido. Tal como se expuso, el conjunto de esos pronunciamientos -de obligatorio cumplimiento por los órganos administrativos- constituye sin duda un valioso complemento de los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes sobre la materia, y resulta indispensable para la efectiva aplicación del correspondiente ordenamiento normativo. Así, la Contraloría General ha ido precisando y explicando el sentido de las normas en aspectos tan cruciales como los relacionados con la especificación de las obligaciones concretas que supone el deber de transparencia, con la relación que éste tiene con el deber de probidad, con su ámbito de aplicación -dictaminando a propósito que los preceptos de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 18.575 son aplicables a todos los organismos de la Administración pública, incluyendo a las municipalidades y a las empresas estatales-, con el significado exacto de las excepciones a la norma de publicidad, con la importancia de la transparencia en los procedimientos, en los concursos o licitaciones y en los contratos administrativos y con la exigente medida en que los imperativos de la transparencia pesan sobre el propio Organismo Contralor, entre muchos otros aspectos. Persistiendo en esta labor -que se ha traducido en más de un centenar de dictámenes- el contenido de la ley, precisado en la labor dictaminante, ha ido penetrando general y obligatoriamente en la Administración, tendiendo a transformarse en conciencia, en práctica y en cultura administrativa. Pero, además, los dictámenes de la Contraloría General han contribuido a poner de manifiesto las imperfecciones del marco legal y reglamentario, sobre todo en cuanto autorizaba a los jefes superiores de los servicios públicos para declarar materias afectas a secreto o reserva. Desde este punto vista, no es posible dejar de comentar los informes del Organismo Contralor -dictámenes N°s. 49.883, de 2004, y 29.239, de 2005, emitido este último a petición de la Cámara de Diputados- en los cuales examinó un número importante de dichas resoluciones -exentas entonces del trámite de control preventivo de legalidad- y llegó a la conclusión de que muchas de ellas ciertamente distorsionaban el auténtico sentido de las normas pertinentes, volviendo en la práctica la regla general de la publicidad en una excepción. El Órgano de Control hizo presente en dicha oportunidad la necesidad de que tales organismos reexaminaran a la brevedad las mencionadas resoluciones con el objeto de ajustarlas a los rigurosos criterios exigidos por el legislador y declaró afectas a toma de razón las que en el futuro se dictaran sobre el particular. En esta nueva fase, la Contraloría General, en ejercicio del control previo de legalidad, representó diversos actos administrativos que limitaban el acceso a la información administrativa en términos inconciliables con el ordenamiento jurídico, así, por ejemplo, los expedidos por el Servicio Médico Legal -dictámenes N°s. 18.169 y 43.809, de 2005-, la Dirección General de Carabineros de Chile -dictamen N° 33.502, de 2005-, el Servicio de Impuestos Internos -dictamen N° 33.771, de 2005- y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente -dictamen N° 34.118, de 2005. De tal manera, la Contraloría General puso de manifiesto las fallas evidentes del marco normativo y señaló, de alguna manera, a los órganos colegisladores, en armonía con la doctrina de los publicistas, la dirección de los cambios necesarios para hacerlo más eficaz. La inquietud suscitada culminó, con motivo de la reforma constitucional aprobada por la Ley N° 20.050, en la incorporación en la Constitución de un nuevo artículo 8°, el cual, junto con declarar que son "públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen", exige la intervención de una ley de quórum calificado para establecer, por los solos motivos que específica el propio texto constitucional, el secreto o reserva de ella. Otra esfera cercana a la transparencia y al acceso a la información en que también le corresponde intervenir a la Contraloría General por mandato de la Ley N° 18.918, Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, es ciertamente conocido por los honorables señores diputados y senadores, pues se refiere al deber que, conforme al artículo 9° de dicho cuerpo legal, tienen los organismos de la Administración estatal en orden a proporcionar a las Cámaras o a sus organismos internos autorizados la información o los antecedentes específicos que éstos les requieran. El artículo 10 de la ley consulta, como es sabido, la intervención de la Contraloría General para los efectos de aplicar una medida disciplinaria de multa al jefe de servicio que se niegue a remitir al Congreso la documentación solicitada. Conocida es la eficacia de su intervención, pues con motivo del apercibimiento que, previamente a la aplicación de la medida, hace el Organismo Contralor a los infractores, estos se allanan generalmente de inmediato a hacer llegar al respectivo órgano del Congreso la información solicitada, lográndose así el fin de la ley con economía y prontitud. Hechas las precisiones que anteceden, la Contraloría General tiene el deber de hacer presente a los honorables señores senadores y diputados el riesgo enorme que importaría desconocer, con motivo de la formulación definitiva de esta iniciativa legal, el poderoso testimonio de la acción que ha realizado, materializada preferentemente en el importante acervo jurisprudencia¡ acumulado como consecuencia de la experiencia fiscalizadora que le corresponde como órgano autónomo al que le compete, conforme al mandato explícito del artículo 98 de la Constitución Política, el control jurídico de la actividad administrativa en las materias a que este proyecto de ley se refiere. Insta en tal sentido a los honorables señores parlamentarios a realizar los ajustes normativos necesarios para evitar que los preceptos, los procedimientos y la institucionalidad que concibe esta iniciativa legal, no signifiquen una duplicación, una interferencia o un entorpecimiento de la misma, que pueda repercutir negativamente en la labor fiscalizadora que el Organismo realiza para fomentar la transparencia en los espacios reservados a su acción. A propósito de la preocupación que expresa esta iniciativa por poner a disposición de las personas instrumentos e instancias de reclamo por las acciones u omisiones administrativas contrarias a la transparencia o por las negativas injustificadas de entrega de información, debe cuidarse en particular, a juicio de la Contraloría General, de no repetir experiencias pasadas, con motivo de las cuales la creación de mecanismos e instituciones especiales, cercenatorias de la competencia del órgano de Control, no ha redundado precisamente en un mejoramiento de las legítimas expectativas de las personas sino más bien en un deterioro de las posibilidades reales que tenían cuando recurrían a la Contraloría para hacer sus planteamientos. Insiste, pues, este Órgano de Control, en el deber de expresar su profunda preocupación acerca de los efectos perjudiciales que pudiera tener como incentivo de la transparencia administrativa, la configuración de un sistema normativo e institucional elaborado sin considerar las garantías necesarias para evitar que la función fiscalizadora de la Contraloría se vea en el futuro limitada o que se prescindiera de considerar su autonomía constitucional, su profesionalismo, su objetividad y su experiencia, como elementos indispensables para avanzar de verdad en materias tan relevantes. Desde dicho punto de vista, este órgano de Control cumple con dirigir especialmente la atención de los honorables señores senadores y diputados, a las prescripciones contenidas en el artículo 32 -porque otorga al Consejo de la Transparencia atribuciones fiscalizadoras sobre la Administración estatal, que competen por imperativo constitucional a la Contraloría General- y a los artículos 24, 25, 26, 27 y 28, 30 y 33, letras a, b y d - porque inciden en las atribuciones que tiene el Organismo Contralor en materia de emisión de dictámenes e instrucciones jurídicas. Llama asimismo la atención sobre el Título VI -artículos 45 a 49-, porque otorga al Consejo de la Transparencia competencia en materia de responsabilidad administrativa y aplicación de sanciones en la esfera orgánica de competencia de la Contraloría General. Y también sobre el artículo 9 del proyecto de ley, porque silencia la imprescindible y prioritaria labor de este organismo en lo que concierne a la obligación de velar por el cumplimiento de todos los preceptos sobre transparencia, publicidad y acceso a la información que consagra el ordenamiento en el ámbito administrativo. II. LA CONDICIÓN DE ÓRGANO CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA La Contraloría debe advertir, enseguida, a las disposiciones del proyecto de ley que son inconciliables con su condición de órgano autónomo constitucional encargado del control de juridicidad de los servicios públicos. En tal caso se encontrarían ciertamente las que otorgaran competencia al Consejo de la Transparencia, corporación de derecho público sujeta a la fiscalización de la Contraloría General, para conocer de reclamaciones en contra de las decisiones del Contralor General en materia de transparencia y acceso a la información o emitir pronunciamientos o instrucciones vinculantes para este Organismo, como también las que pretendieran reconocer competencia al Consejo para supervigilar la actividad de la Contraloría General, instruir a su respecto procedimientos sancionatorios o aplicar sanciones al Contralor General o los funcionarios que de él dependen. Para evitarlo, la Contraloría General sugiere eliminar la mención que el artículo 2° del proyecto hace a este organismo y elaborar un artículo especial relacionado con la medida en que sus disposiciones le serían aplicables, de alguna manera análogo al que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados contempla como artículo 2°, para regular la situación del Banco Central. II. LA CONDICIÓN DE ENTIDAD FISCALIZADORA DEL CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA Por último, este Organismo Contralor General estima necesario hacer un comentario acerca del régimen de control externo a que el Consejo de la Transparencia estaría sujeto de acuerdo con el artículo 43, inciso sexto, del proyecto de ley que se comenta. Dicha disposición somete al Consejo a la "fiscalización de la Contraloría General de la República" sólo "en lo que concierne al examen y juzgamiento de sus cuentas de entrada y gastos". Se trata, como puede advertirse, de un régimen de fiscalización extremadamente restringido, que dejará, por ejemplo, a las resoluciones de ese servicio en materias importantes -aplicación de medidas disciplinarias, compromisos financieros, licitaciones y contratos- al margen del control preventivo de la Contraloría General, a sus funcionarios al margen del registro de personal, y a la forma y fondo de su actividad al margen de la potestad dictaminadora de este Organismo Contralor. Esa significativa limitación de las posibilidades de control externo no parece ciertamente conciliable, en lo que a transparencia se refiere, con el valor cuya promoción le correspondería, que le exige ser un modelo de apertura al control. Como anexo a lo expresado en este informe, se acompaña una reseña de los principales dictámenes emitidos por la Contraloría General en materia de transparencia y de publicidad de los actos y los procedimientos administrativos, inclusivo de un resumen de cada uno de ellos.