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N° 34.503 Fecha: 9-VII-2004
Por Oficio Ordinario N° 270, de 2004, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social el Fiscal de dicho Servicio, solicita que se reconsidere el oficio N° 26.512, de 2004, mediante el cual este Organismo de Control devolvió sin tramitar la resolución N° 45, de 2004, de ese Servicio, que aplica la medida disciplinaria de multa del diez por ciento de la remuneración mensual a don XX., multa del cinco por ciento de la remuneración mensual a don YY. y censura a don ZZ., al término del sumario administrativo ordenado instruir mediante resolución exenta N° 601, de 2002, por no ajustarse a derecho.
Sobre el particular cabe recordar que, en el mencionado pronunciamiento de este Organismo de Control, se señaló que correspondía ordenar la reapertura del sumario administrativo de que se trata, con la finalidad de formular nuevamente los cargos a don NN. y don ZZ., dando cumplimiento a lo señalado en el oficio N° 6.143, de 2004, remitido por este órgano Fiscalizador, toda vez que anotada la presencia de vicios o irregularidades en el desarrollo de un proceso reglado, como lo es el procedimiento disciplinario administrativo, la única actividad posible por parte de la autoridad administrativa es reponer dicho procedimiento al estado de subsanarse la anormalidad observada y, una vez salvado el vicio, continuar la tramitación conforme a derecho, según corresponde.
Precisado lo anterior, es dable indicar que de conformidad a la jurisprudencia administrativa, las imputaciones que se formulen en el proceso administrativo disciplinario deben ser concretas y precisas y, necesariamente, contener el detalle de los hechos constitutivos de la o las infracciones que se le imputa al o los inculpados y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado, de modo de permitirles asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, el Servicio pueda, fundadamente determinar, si fuere procedente, la aplicación de la medida disciplinaria que en derecho amerite la falta administrativa (aplica dictámenes N°s 32.274, de 1989, 18.463, de 1992, 24.285, de 1998, 19.690 y 31.756, de 2000, entre otros).
En efecto, los cargos deben consistir en la descripción precisa y detallada del hecho en que tendrían responsabilidad los afectados no siendo posible, como ha ocurrido en la especie, la imputación de conductas genéricas o imprecisas tales como las señaladas en la formulación de cargos de fojas 302 y 303 de autos, respecto de don XX., cual es, la de haber faltado a su obligación de dar cumplimiento estricto a las normas e instrucciones referentes al Programa Nacional de Reinserción Laboral y de Empleo o las señaladas en la formulación de cargos de fojas 306 y 307 de autos, respecto de don ZZ., cual es, la de haber tenido falta de acuciosidad en el cumplimiento de sus obligaciones como Asesor Legal, reproches que constituyen, precisamente, imputaciones vagas y poco concretas que no resultan suficientes como para que los afectados puedan tomar cabal conocimiento de las anomalías en que habría incurrido, por lo que su derecho a defensa en este sentido ha sido vulnerado, pues no les permite una respuesta o defensa adecuada (Aplica dictamen N° 5.699, de 1995).
En consecuencia, sobre la base de las consideraciones expuestas, esta Entidad Fiscalizadora desestima la solicitud del Fiscal del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, en orden a reconsiderar el criterio expuesto en el oficio N° 26.512, de 2004, cuyas conclusiones se ratifican en todas sus partes y devuelve nuevamente, sin tramitar, la resolución a fin de que la autoridad respectiva se sirva ordenar sean salvadas las objeciones aludidas en los términos consignados en el citado pronunciamiento.