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N° 34.325 Fecha: 25-VII-2006
Se han dirigido a esta Contraloría General el Director (S) del Servicio de Salud de Antofagasta y la Intendenta de la Región de Antofagasta, solicitando se reconsidere el Oficio N° 1.028, de 2006, de la Contraloría Regional de Antofagasta, por las razones que allí esgrimen. Además, el Director (S) del Servicio de Salud de Antofagasta, requiere la reconsideración del Dictamen N° 19.718, de 2006, de esta Contraloría General.
Sobre el particular cabe señalar, en primer término, que el Oficio N° 1.028, de 2006, de la Contraloría Regional de Antofagasta se pronunció ante una presentación que dedujera el Subdirector Administrativo, grado 6° E.U.S., del Hospital Regional de Antofagasta, reclamando en contra de la autoridad administrativa de ese Servicio, la que, en su concepto, habría cometido distintas arbitrariedades a su respecto, entre ellas, la petición de renuncia a su cargo, señalando, en síntesis, que la suma de la actuaciones de la autoridad administrativa, respecto a un proceso disciplinario, calificaciones deficientes, y discrepancias diversas, las que han originado distintos reclamos del Subdirector Administrativo ante esta Entidad Fiscalizadora, permitirían inferir una persecución laboral.
Al respecto, es dable hacer presente que el afectado ha interpuesto ante el 4° Juzgado de Letras de Antofagasta, demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Servicio de Salud de Antofagasta, por los mismos hechos antes descritos, los que actualmente son materia de controversia en dicho Tribunal.
Pues bien, sin perjuicio de que conforme lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 10.336, esta Entidad de Control carece de competencia para pronunciarse sobre una materia sometida al conocimiento de los Tribunales de Justicia, debe hacer presente que, del exhaustivo estudio de los antecedentes tenidos a la vista y la normativa referida al ámbito de competencia y facultades de este Organismo de Control se ha podido advertir que no ha resultado procedente el pronunciamiento referido a la “persecución u hostigamiento laboral”, a que se hace referencia en el Oficio N° 1.028, de 2006.
En efecto, si bien, a esta Entidad de Control le compete la fiscalización de las actuaciones de la autoridad administrativa, en cuanto estas deben ceñirse estrictamente a la normativa legal vigente, no puede, en uso de sus facultades legales, presumir una persecución laboral, por parte de la autoridad, cuando ésta, en el ejercicio de sus atribuciones desarrolla procesos evaluatorios, disciplinarios, o, en definitiva, adopta decisiones de gestión.
No obstante lo anterior, es útil puntualizar que, la existencia o no de situaciones de acoso laboral es un aspecto que debe ser analizado, en las instancias judiciales pertinentes o, mediante la instrucción de un procedimiento sumarial, si de ello pudieren derivar infracciones administrativas.
Por ende, no cabe sino dejar sin efecto en lo que a éste aspecto se refiere, el citado Oficio N° 1.028, de 2006, de la Contraloría Regional de Antofagasta.
Luego, en lo que se refiere a la reconsideración requerida por el Director del Servicio de Salud de Antofagasta respecto del Dictamen N° 19.718, de 2006, se debe hacer presente que dicho pronunciamiento dice relación con la legalidad de la Resolución N° 637, de 2005, de ese Servicio, que declaró vacante el cargo de Subdirector Administrativo, grado 6° E.U.S., de la Planta de Directivos del Servicio, desempeñado por el señor Rolando Patricio Soto Plaza en el Hospital Regional de esa ciudad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley N° 18.834, -cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fuera fijado mediante DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda-, concluyendo que dicho acto administrativo no se ajustaba a derecho en atención a que el cargo que servia el referido empleado, no tenía el carácter de exclusiva confianza, por las razones que allí se señalaron.
Pues bien, ante un nuevo estudio y análisis de los antecedentes tenidos a la vista, de la normativa legal que rige la situación en examen y de los argumentos esgrimidos por señor Director del Servicio de Salud de Antofagasta, en su Oficio N° 2.491, de 2006, esta Contraloría General debe manifestar lo siguiente:
Conforme lo prescrito en el articulo 49 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la ley podrá otorgar a determinados empleos la calidad de cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para hacer el nombramiento, agregando dicho precepto, que la ley sólo podrá conferir dicha calidad a empleos que correspondan a los tres primeros niveles jerárquicos del respectivo órgano o Servicio.
A su turno la letra c) del artículo 7° de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto administrativo, antes de la modificación contenida en el artículo vigésimo séptimo N° 1 letra b) de la Ley N° 19.882 prevenía que en los servicios públicos, eran cargos de exclusiva confianza, los jefes superiores de los servicios, los subdirectores, los directores regionales y jefes de departamento o jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas jefaturas, existentes en la estructura del servicio, cualquiera sea su denominación.
Como puede advertirse, poseían la calidad de cargos de exclusiva confianza todas aquellas plazas cuyo grado o nivel remuneratorio fuera igual o superior al último grado asignado a las jefaturas de departamento.
Ahora bien, la planta del Servicio de Salud Antofagasta, vigente a la época de nombramiento del señor Soto Plaza, fijada por DFL. N° 3, de 1992, del Ministerio de Salud, contempla el cargo de Director grado 2°, el cargo de Subdirector Administrativo grado 3° E.U.S., y a continuación los cargos de Jefe de Departamento Jurídico grado 4° E.U.S., Informática, Recursos Físicos, Recursos Humanos, Finanzas y Programa del Ambiente Grado 5° E.U.S.
Enseguida cabe hacer presente que la Ley N° 19.198, que establece normas sobre concursos para profesionales funcionarios regidos por la Ley N° 15.076, que aprobó el Estatuto Médico Funcionario en su artículo 1°, estableció que los cargos de Subdirector Médico y los Jefes de Departamento en los Servicios de Salud, que correspondan a profesionales funcionarios regidos por la Ley N° 15.076, serán los únicos de exclusiva confianza del Presidente de la República o del respectivo Director.
De este modo, debe considerarse como parte integrante de los cargos de exclusiva confianza, la plaza de Subdirector Médico grado 3°, la de Jefe de Departamento Programas de las Personas grado 5° E.U.S., y las de Jefe de Departamento Auditoría y Medicina Preventiva e Invalidez grado 6° E.U.S., lo que determina que el cargo de Subdirector administrativo grado 6° E.U.S., forma parte de los empleos que integran los cargos de exclusiva confianza.
En este contexto, es útil recordar que el funcionario accedió al cargo de Subdirector Administrativo de Hospital grado 6° E.U.S., mediante Resolución N° 436, de 1994, del citado Servicio, a contar del 14 de marzo de 1994.
Enseguida se debe hacer presente que la remoción de los cargos que integran el régimen de exclusiva confianza de la autoridad llamada a hacer el nombramiento, está regulada en el artículo 148 de la Ley N° 18.834, y los funcionarios que sirven dichos cargos no están amparados por el derecho a la función, consagrado en el artículo 89, de ese mismo cuerpo legal, dependiendo su remoción de la sola voluntad de la autoridad llamada a hacer el nombramiento.
Así la petición de renuncia, formulada a tales funcionarios por la autoridad competente, constituye el ejercicio de una facultad privativa de ésta, la que expresa su voluntad de remover de su cargo a un servidor, solicitándole la renuncia, bajo el apercibimiento legal de declarar vacante el empleo sin que proceda exigir de aquéllas los motivos de su determinación.
De este modo, esta Entidad de Control debe reconsiderar el Dictamen N° 19.718, de 2006, de acuerdo a lo señalado en el presente oficio y, por lo tanto, manifestar que la autoridad administrativa del Servicio de Salud de Antofagasta, actuó dentro del ámbito de sus facultades, al solicitar la renuncia al cargo de Subdirector Administrativo grado 6° E.U.S., conforme lo dispuesto en el artículo 148 del DFL. N° 29, de 2004, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834.
En estas condiciones este Organismo de Control, reconsidera parcialmente el Oficio N° 1.028 de 2006, de la Contraloría Regional de Antofagasta, y el Dictamen N° 19.718, de 2006, de esta Contraloría General, en los términos señalados en el presente oficio.