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N° 33.537 Fecha: 21-VII-2008
La Casa de Moneda de Chile se ha dirigido a esta Contraloría General solicitando un pronunciamiento que determine si la ex funcionaria, señora Digna Rosa García Olmedo, debe devolver las remuneraciones que le fueron pagadas con posterioridad a la resolución del Instituto de Normalización Previsional que declaró su jubilación.
Manifiesta la entidad consultante que la servidora ingresó a prestar labores el 4 de junio de 1990 y debido a su estado de salud, solicitó al Instituto de Normalización Previsional su jubilación anticipada, la que fue acogida por la referida entidad previsional a contar del 1° de octubre de 2006, sin embargo la trabajadora continuó percibiendo el pago de sus remuneraciones hasta el mes de diciembre de ese año, toda vez que el Instituto de Normalización Previsional no notificó a Casa de Moneda de Chile de la resolución adoptada.
Asimismo, en presentación separada, la interesada consulta respecto del reintegro de remuneraciones solicitado por su ex empleador.
Requerido su informe, el Instituto de Normalización Previsional señala, en lo pertinente, que la interesada era imponente del régimen del ex Servicio de Seguro Social, el cual no exige el cese de servicios como requisito para acceder al beneficio de jubilación, no siendo tampoco incompatible la calidad de pensionado con la de imponente activo.
Agrega que por la razón expuesta anteriormente, no se contempla en el trámite de concesión del beneficio de pensión, la notificación al empleador, como sí se realiza en el régimen de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
Sobre el particular, cabe señalar, en primer término, que los trabajadores que se desempeñan en la Planta Operativa de Casa de Moneda de Chile -como ocurre en la especie-, el régimen laboral aplicable es el contenido en el Código del Trabajo, salvo en lo que dice relación con feriados, permisos y licencias, que se rigen por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, -que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo-, y en lo que se refiere a enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, por las leyes N°s. 16.744 y 19.345.
Puntualizado lo anterior, se debe destacar que la declaración de vacancia por salud no recuperable, a contar del 1° de octubre del año 2006, del cargo grado 24 de la Planta Operativa de la recurrente, efectuada por la resolución N° 3, de 2007, de Casa de Moneda de Chile -tomada razón por este órgano de Control, con fecha 13 de febrero de 2007-, no se ajusta a derecho, toda vez que la salud no recuperable no es una causal de término del contrato de trabajo prevista en el Código aplicable a la materia en estudio,
En estas circunstancias, es dable indicar que la Casa de Moneda de Chile, que dispuso la medida irregular, deberá invalidar la mencionada resolución N° 3, de 2007, en los términos indicados en el artículo 53 de la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, pues dicho acto administrativo adolece de vicios de legalidad que afectan su eficacia.
No obsta a lo anterior, el hecho de haberse tomado razón del indicado instrumento -sobre declaración de vacancia-, toda vez que dicho trámite constituye una mera presunción de legalidad de los actos administrativos, y no impide que este Ente Fiscalizador revise su criterio si, con posterioridad, se comprueba que los mismos se emitieron con defectos de legalidad acreditados en las instancias respectivas, como ocurre en la especie, caso en el cual corresponde que la invalidación deba ser resuelta, en definitiva, por la misma autoridad que dispuso la medida irregular, a través de la emisión de un nuevo decreto o resolución que ordene dejarlo sin efecto, tal como lo ha señalado la jurisprudencia administrativa contenida en sus dictámenes N°s 9.883, de 2003; 53.146, de 2005, y 32.507, de 2006, entre otros.
En este orden de ideas, es útil hacer presente que el dictamen N° 34.053, de 1999, de esta Entidad de Control, manifestó que la invalidación opera con efecto retroactivo cualquiera sea la época en que ella se produzca y cuya principal consecuencia es la de conferir al respectivo servidor el derecho a ser reincorporado a su empleo.
En este sentido, se debe expresar que a esta Contraloría General no le corresponde emitir un pronunciamiento respecto de la procedencia de las eventuales indemnizaciones que podrían derivar del término de la relación funcionaria entre la mencionada institución y la persona afectada, ello considerando que al no proceder la finalización de la relación laboral en la forma indicada en la precitada resolución N° 3, de 2007, la señora García Olmedo, para todos los efectos legales, aún es empleada de dicha institución pública.
En relación, ahora, al reintegro de las remuneraciones solicitado por la Casa de Moneda de Chile a la interesada, es dable señalar que a ésta le asistió el derecho a percibirlas por el tiempo efectivamente trabajado en el servicio luego de que se dictara la aludida resolución del Instituto de Normalización Previsional, considerando que de los antecedentes tenidos a la vista se desprende que ciertamente prestó servicios para la referida entidad.
Por lo expuesto y en armonía con la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 16.029, de 1996; y 38.146, de 2007, se debe manifestar que no resulta procedente que la afectada devuelva las remuneraciones correspondientes al período trabajado, en razón del principio retributivo que caracteriza a la función pública, conforme al cual el desempeño de un servicio para la Administración lleva aparejada una contraprestación a la que tiene derecho el servidor y que, de no enterarse, produciría un enriquecimiento sin causa para aquélla.
Por su parte, respecto del pago de los estipendios por el período no trabajado por la ocurrente, es menester indicar que habiéndose determinado por este Organismo de Control la ilegalidad en el cese del vínculo laboral con el aludido servicio y, por tanto, la exigencia que se proceda a invalidar el acto viciado, retrotrayendo las cosas al estado anterior a la dictación del mismo, es menester concluir que se deben pagar las remuneraciones y los demás derechos derivados de esta relación estatutaria durante todo el tiempo en que ella estuvo alejada de sus funciones, pues dejó precisamente de cumplirlas en virtud de un acto de autoridad, configurándose, así, una situación de fuerza mayor que no le es imputable, de acuerdo a lo previsto en el artículo 45 del Código Civil, como se ha informado en los dictámenes N°s 46.008, de 2004, y 9648, de 2006, de este Ente Fiscalizador.
Por consiguiente, en mérito de lo anteriormente expuesto, procede que la Casa de Moneda de Chile adopte las medidas tendientes a dar cumplimiento a lo ordenado en el cuerpo del presente oficio y así regularizar la situación de la señora Digna Rosa García Olmedo, a la brevedad.