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N° 31.931 Fecha: 29-VII-2003
La Asociación de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, se ha dirigido a esta Contraloría General solicitando, por una parte, un pronunciamiento tendiente a determinar si se ha ajustado a derecho el proceder del Servicio, en orden a designar en cargos de jefaturas a funcionarios a contrata, siendo que en la planta existen funcionarios profesionales y administrativos que pueden asumir dichos cargos, y, por la otra, la impugnación del concurso público a que se ha llamado con fecha 15 de abril del presente año, para proveer 3 cargos grado 22° EUS, de la Planta Administrativa, toda vez que, a su juicio, no se ajusta a derecho, por existir personal en grado 24° EUS, de la misma Planta, que cumpliría con los requisitos para poder ascender.
Solicitado informe sobre la materia al Servicio de Registro Civil e Identificación, éste lo emitió mediante oficios ordinarios N°s 475 y 552, de 2003, que señalan, en síntesis, en cuanto a la designación de funcionarios a contrata en cargos de jefaturas, que los avances requeridos para modernizar el Servicio, han hecho absolutamente necesario dotar a las unidades operativas de encargados especializados, razón por la cual se han designado profesionales a contrata a cargo de esas unidades. Asimismo, se indica que atendidas las remuneraciones asignadas para los cargos que se encuentran vacantes en las Plantas Directivas y Profesionales, no ha existido interés entre los profesionales para postular a ellas en concursos realizados anteriormente, y respecto a las funcionarios de la Planta Técnica y Administrativa que cuentan con título profesional, no pueden ser promovidos a las referidas plazas por la vía del ascenso, debido a la ubicación que tienen en sus correspondientes escalafones.
Además, en cuanto a la impugnación que se hace del llamado a concurso público efectuado el 15 de abril del año en curso, para proveer 3 cargos grado 22° EUS, de la Planta Administrativa, se señala que ello tuvo su fundamento en el artículo 54 de la Ley N° 18.834, ya que a la fecha en que se produjeron las vacantes no habían funcionarios dentro de la Institución en grado 24° que cumplieran con las exigencias para ascender, por lo que a juicio del Servicio procedía el llamado a concurso en los términos en que se hizo.
Sobre el particular, cumple esta Entidad de Control con manifestar, en primer término, en cuanto a la alegación planteada sobre la designación que ha hecho el Servicio de Registro Civil e Identificación de funcionarios a contrata en cargos de jefatura, que ello no se encuentra ajustado a derecho, toda vez que, de conformidad a la innumerable jurisprudencia administrativa de este Organismo de Fiscalización, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s 28.167, de 1993; 30.247, de 1994; 33.257, de 1994 y 5.597, de 1996, no procede que funcionarios contratados sirvan un cargo de jefatura, porque dichos empleos, por su denominación y naturaleza, implican labores de carácter resolutivo, decisorio o ejecutivo, por lo que sólo pueden ser ejercidos por personal que integra la dotación estable de la Institución, esto es, por servidores de planta y no por funcionarios que desempeñan empleos transitorios como ocurre con los contratados, quienes ejercen sus funciones durante el período que la autoridad estime pertinente, mientras sean necesarios sus servicios, y que durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, salvo que se disponga su prórroga conforme a las normas contempladas en el Estatuto Administrativo.
Ahora bien, cabe indicar que el concepto de funciones de jefatura, que impide a los servidores contratados desempeñar cargos de esa naturaleza, comprende tanto aquellas labores asignadas a un empleo jerárquico previsto en la planta respectiva, por ejemplo, plazas de jefes de departamento, de subdepartamento, de sección, etc., como las funciones de jefaturas propias de plazas no contempladas específicamente en la respectiva planta, pero que, por su denominación y naturaleza, implican labores de carácter resolutivo, decisorio o ejecutivo, que es lo que ocurre tratándose del empleo de jefe de unidades, ello, porque las referidas tareas corresponden a cargos que forman parte de la organización estable del servicio, esto es, empleos de planta, y no a aquellos que se consultan en calidad de transitorios. (Aplica dictamen N° 28.167, de 1993).
Enseguida, en cuanto a la impugnación que ha hecho la Entidad recurrente respecto del llamado a concurso público realizado por el servicio, cabe hacer presente que no procede que esta Contraloría General revise genéricamente dicho concurso, toda vez que únicamente le corresponde intervenir frente a los reclamos que, de conformidad al artículo 154 de la Ley N° 18.834, efectúen los servidores que se consideren afectados por él, sea personalmente o representados por una asociación gremial, invocando para ello las causales específicas que pudieren significar alguna infracción legal o reglamentaria en el respectivo llamado a concurso. (Aplica dictámenes N°s 6.562, de 2002 y 20.800, de 2003).
Además, es útil precisar que las asociaciones gremiales de empleados sólo cuentan con atribuciones para representar a sus asociados en el evento que ellos requieran expresamente su intervención, solicitud que debe constar en las presentaciones que las referidas agrupaciones formulen a este Organismo de Fiscalización, debiendo tener presente, además, que éste informará dichos reclamos sólo si se refieren a situaciones específicas que afecten a funcionarios determinados, en caso de que ellos aludan a asuntos en que se haya producido una resolución denegatoria en relación a un derecho que les correspondía, se haya omitido o dilatado una decisión por parte de la autoridad habiéndola requerido el interesado, o bien, cuando se reclamen vicios de ilegalidad que afecten los derechos que el Estatuto Administrativo confiere a los empleados públicos, en los términos de su artículo 154.
En consecuencia, habida consideración a lo expresado en el cuerpo del presente oficio, esta Entidad de Control, por una parte, acoge el reclamo interpuesto por la Asociación de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, en orden a que dicho Servicio deberá proceder a dejar sin efecto los nombramiento de funcionarios a contrata en cargos de jefaturas, por no ajustarse a derecho, y por la otra, se abstiene de emitir un pronunciamiento acerca de la legalidad del llamado a concurso público realizado por la Institución, toda vez que no puede proceder a revisar previa y genéricamente un llamado a concurso, sin que exista reclamo de un interesado directamente afectado por él, y sin perjuicio que, en todo caso, este Organismo Fiscalizador se pronunciará acerca de la juridicidad del referido certamen, al momento de someterse al cumplimiento del trámite de toma de razón el o los actos administrativos que ordenen las designaciones producto del mismo.
Es cuanto procede informar al respecto.