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N° 31.559 Fecha: 7-VII-2005
Mediante oficio de la Comisión Investigadora encargada de estudiar y reunir antecedentes sobre la situación que afecta a los trabajadores portuarios del país, a raíz del proceso de transformación y modernización de los terminales portuarios, de la Cámara de Diputados, se remite copia del "Acuerdo Final entre el Gobierno y la Coordinadora Marítimo Portuaria del Puerto de Iquique" y del "Anexo Privado", con el objeto de que emita pronunciamiento sobre la legalidad de dichos documentos y para que se consideren en el marco de la investigación que esta Contraloría General realiza respecto de los beneficios entregados a los ex trabajadores portuarios. Además, se envía copia del documento contable de la Gerencia de Operaciones Sercotec, de 10 de septiembre de 2002, relativo a la ejecución de programas 2000 y 2001, con el mismo objetivo de que se incorpore a la aludida indagación.
Sobre el particular, cabe señalar que el citado Acuerdo Final, de fecha 1 de septiembre de 2000, fue suscrito, por una parte, por el Supremo Gobierno, representado por el Subsecretario de Transportes, por el Intendente Regional de Tarapacá y por el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones; y por la otra, por la Coordinadora Marítimo Portuaria del Puerto de Iquique, representada por las personas que se singularizan en el mismo.
En dicho documento, las partes concuerdan en establecer una Red de Protección Social para un universo de 277 trabajadores portuarios de Iquique, que cumpliendo los requisitos que se establecen para acceder a cada uno de los beneficios y figurando en la nómina confeccionada, queden desplazados del sector a consecuencia de la puesta en marcha del nuevo sistema de operación portuaria.
La aludida Red contempla las siguientes alternativas: 1. pensiones administrativas por gracia; 2. programa de generación de alternativas laborales; y 3. programa de fomento de la microempresa.
También se contemplan otros beneficios, entre ellos, un sistema cuyo objetivo es asegurar el máximo de puestos de labor a los actuales trabajadores; y entrega de becas SENCE para un total de 120 trabajadores eventuales.
En el segundo documento, denominado "Anexo Privado", y que carece de fecha, se deja constancia, entre otros aspectos, que en lo concerniente a 12 trabajadores, en razón de su vulnerabilidad, se flexibilizarán los requisitos de acceso a pensión administrativa por gracia en el año 2001.
Sobre la consulta que se formula en cuanto a la legalidad de dichos documentos, cumple manifestar en primer lugar que en ellos, básicamente se enuncian propósitos y proyectos de la Autoridad encaminados a resolver situaciones de conflicto social. Su origen se encuentra en la dictación de Ley N° 19.542, que estableció normas sobre modernización del sector portuario estatal, cuya implementación dio lugar al desplazamiento de un número importante de trabajadores portuarios, lo que motivó a diferentes personeros de Gobierno a suscribir documentos con los dirigentes gremiales de dichos trabajadores en los que se contemplaba la entrega de diversos beneficios.
Ahora bien, a raíz de la suscripción de dichos acuerdos, se implementaron diversas iniciativas tendientes a concretar lo convenido. En ese sentido se contempló en Ley N° 19.702, de Presupuestos del Sector Público, año 2001, para el Ministerio de Planificación y Cooperación, Fondo de Solidaridad e Inversión Social, un ítem de gastos de "Asistencia y Capacitación a Microempresarios", por la cantidad de $ 1.669.083.000; y en Ley N° 19.774, sobre igual materia para el año 2002, se asignó al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Secretaría y Administración General de Transportes, para gastos en el ítem "Programa Reconversión Sector Portuario", la cantidad de $ 2.800.196.000.
Como consecuencia de lo anterior, se han dictado diversas resoluciones de órganos administrativos destinadas a llevar a cabo dichos programas. Al respecto, cabe mencionar la Resolución N° 153, de 2000, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que aprueba convenio de transferencia de fondos entre el SENCE y el Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC; la Resolución N° 83, de 2000, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS que aprueba convenio suscrito por dicha entidad con SERCOTEC; y la Resolución N° 5, de 2002, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que sanciona convenio suscrito entre la Subsecretaría de Transportes y SERCOTEC.
Finalmente, las actuaciones desarrolladas por los órganos de la Administración para ejecutar las normas emanadas de los referidos instrumentos jurídicos, han sido objeto de fiscalización por parte de esta Contraloría General, conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, y ante la verificación de determinadas situaciones ha iniciado un sumario administrativo para determinar responsabilidades funcionarias y ha formulado dos reparos que han dado lugar a sendos juicios de cuentas, según se informó a la Honorable Cámara de Diputados mediante Oficio N° 3134, de 20 de enero de 2005, cuya copia se adjunta.
En mérito de lo expuesto, se concluye que los aludidos instrumentos, el Acta Final, de 1 de septiembre de 2000, y el Anexo Privado, contienen meras declaraciones de intenciones, y carecen de efectos en derecho. Sin perjuicio de lo anterior, las acciones administrativas concretas destinadas a implementar los beneficios convenidos en cuanto a programas de generación de alternativas laborales para ex trabajadores portuarios, formación de microempresas y otorgamiento de pensiones administrativas por gracia, se encuentran en proceso de fiscalización; ello en virtud de las atribuciones constitucionales y legales de esta Entidad Contralora.
En otro orden de consideraciones, cumple manifestar que, conforme a lo solicitado, la documentación remitida ha sido incorporada al sumario administrativo que se está instruyendo por esta Entidad de Control en relación con la materia reseñada.