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N° 30.733 Fecha: 14-VIII-2000
El Fondo Nacional de Salud, ha enviado para su toma de razón las resoluciones indicadas, las que disponen la aplicación de las medidas disciplinarias de multa, censura y destitución, respectivamente, a los funcionarios de esa entidad que en cada caso se señalan.
Por su parte, doña R.E.C.C., funcionaria administrativa de ese servicio, se ha dirigido a esta Contraloría General, manifestando que, a su juicio, en el proceso sumarial que le afecta -como consecuencia del cual se le aplicara la medida de destitución- habrían existido vicios de legalidad, ya que, por una parte, se habría vulnerado el principio del debido proceso y, por otra, el sumario de que se trata se habría tramitado fuera de los plazos legales.
Agrega que, en atención a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo -modificado por el artículo 5, N° 8, de la ley N° 19.653-, no se le puede aplicar la medida disciplinaria de destitución, puesto que esta sanción sólo sería procedente en los casos que ese precepto contempla, entre los que no puede entenderse comprendida su situación.
Sobre el particular, cabe anotar, en primer término, que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que los cargos imputados a la recurrente en el sumario de la especie, que rolan a fojas 1.116 del respectivo expediente, se encuentran debidamente acreditados y que, además, ellos dicen relación con las irregularidades detectadas en el otorgamiento de credenciales de salud en la sucursal en que la señora R.E. C.C. cumplía con sus labores.
Precisado lo anterior, resulta útil hacer presente que, del examen de los mencionados antecedentes, ha podido verificarse que a fojas 1.134 y siguientes, la peticionaria presentó sus descargos, los que fueron desestimados por no aportar elementos de convicción que pudieran desvirtuar los hechos irregulares imputados, disponiéndose, en definitiva, la aplicación de la medida disciplinaria de destitución a su respecto, conforme a lo establecido en el artículo 116, letra d), de la ley N° 18.834.
Dicha consideración, unida a la circunstancia de que la ocurrente interpusiera recurso de reposición en contra de la medida disciplinaria que le fuera impuesta, de que tuviera en su oportunidad conocimiento del respectivo expediente sumarial, y de que, según se desprende del examen practicado, en el procedimiento se cumplieran los demás requisitos relacionados con el debido proceso, permiten descartar la existencia de vulneraciones a dicho principio en esta situación.
Además, es menester señalar que, conforme lo prescrito en el articulo 138 de la ley N° 18.834, sólo los vicios de procedimiento que incidan en trámites que tengan una incidencia decisiva en los resultados del sumario, afectarán la legalidad de la resolución que aplique la medida disciplinaria, supuesto que no concurre en la situación en estudio, por cuanto, del examen de los autos sumariales, no se advierte la existencia de vicios de esa índole y que, por ende, pudieran incidir en la legalidad de la resolución sancionatoria.
En cuanto al hecho de que en el proceso en cuestión se habrían excedido los plazos que el artículo 129 de la ley N° 18.834 otorga al fiscal para efectuar la investigación pertinente, es necesario manifestar que, tal como se precisó a través del dictamen N° 25.749, de 1998, de esta Contraloría General, los plazos que el ordenamiento jurídico fija para que los órganos de la Administración -o sus agentes- desarrollen sus cometidos dentro del ámbito de su competencia para satisfacer el bien común, como ocurre en la especie, no son fatales.
Sobre el particular, resulta forzoso destacar que, además, el ordenamiento jurídico no dispone que la inobservancia del término que nos ocupa produzca un determinado efecto, de modo que su incumplimiento no afecta a la validez de la actuación del fiscal instructor.
Por otra parte, cabe manifestar que, tal como lo señala la ocurrente en su presentación, la modificación introducida por la ley N° 19.653, al artículo 119 de la ley N° 18.834, determina que la medida disciplinaria de destitución sólo es procedente respecto de las situaciones previstas expresamente en ese precepto, pues la enumeración contenida en éste ha pasado a ser taxativa, indicando los únicos casos en que procede la sanción indicada.
Lo anterior se infiere, no sólo del claro tenor literal de la citada norma legal, sino que, también, de la historia fidedigna del establecimiento de la ley N° 19.653 -fundamentalmente de los informes evacuados por las comisiones respectivas tanto del Senado, como de la Cámara de Diputados-, en los que consta que, a indicación del ejecutivo, se incorporó esta modificación al texto estatutario, a fin de "dar a las causales que se enumeran el carácter de taxativas", con lo cual la aplicación de la medida disciplinaria de destitución "sólo procederá cuando haya causa legal expresa".
Ahora bien, a lo señalado es menester añadir que, del mismo antecedente legislativo mencionado en el párrafo anterior, consta que la mención contenida en el artículo 119 de la ley N° 18.834, en orden a que dicha medida será procedente "cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de la probidad administrativa", tiene por objeto describir una conducta reprochable que admite diversas modalidades de ejecución, las que, en todo caso, deben poseer la calidad de graves para poder ser castigadas con la medida de destitución.
En este sentido, cabe destacar que atendido que las actuaciones de un funcionario que impliquen una vulneración del referido principio de probidad son múltiples, la aludida medida disciplinaria puede ser aplicada por la comisión de distintas faltas que afecten el señalado principio, siempre, por cierto, que ellas signifiquen una transgresión grave del mismo.
Confirma tal criterio lo prescrito en el artículo 64 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ya que en dicho precepto se dispone que contravienen "especialmente" el principio de probidad las conductas que indica, quedando demostrado, por lo tanto, que el legislador no ha limitado a un número determinado las actuaciones funcionarias que vulneran el mismo, sino que, por el contrario, se ha preocupado de dejar claramente establecido cuales conductas no pueden dejar de ser consideradas como una transgresión del referido principio.
Al respecto, es útil anotar que el N° 8 del artículo 64 de la aludida ley N° 18.575, señala expresamente que afecta el principio en examen la contravención de los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos con grave entorpecimiento del servicio, que es, precisamente, lo que ha acontecido en la situación que nos ocupa.
En efecto, en el caso en estudio, el desempeño poco acucioso de sus tareas por parte de la ocurrente, permitió el otorgamiento improcedente de credenciales de beneficiario del Fondo Nacional de Salud, con su consiguiente uso indebido en perjuicio de esa institución, de manera tal que, no obstante la modificación experimentada por el citado artículo 119 de la ley N° 18.834, resulta válidamente aplicable en la especie la medida disciplinaria de destitución, por cuanto su actuación ha importado una vulneración grave del principio de probidad, lo que, por expreso mandato de ese precepto legal, permite aplicar la medida disciplinaria de destitución.
En consecuencia, atendidas las consideraciones precedentes, resulta forzoso para esta Contraloría General desestimar la presentación de la señora R.E.C.C, toda vez que, como se indicara, en la tramitación del procedimiento sumarial de que se trata no se han configurado irregularidades que ameriten la invalidación de las resoluciones impugnadas y, por ende, ha procedido a tomar razón de la resolución N° 146, de 2000, del Fondo Nacional de Salud, que dispone la aplicación de la medida disciplinaria de destitución a su respecto, haciendo presente que, en todo caso, esta sanción administrativa se encuentra contemplada en la letra d) del artículo 116 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y no como se indica en el N° 1 de la parte dispositiva de la referida resolución.
Asimismo, por ajustarse al mérito de autos, esta Entidad Fiscalizadora ha tomado razón de las resoluciones N°s. 144 y 145, ambas del año en curso, que afinan el proceso sumarial adjunto en relación con doña M.S.B. y don A.C.A., imponiéndoles a dichos servidores las sanciones de multa y de censura, respectivamente, las que se encuentran establecidas en las letras b) y a) del aludido artículo 116, y no como se expresa en los N°s. 1 de la parte dispositiva de los indicados actos administrativos.
Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón de las resoluciones N°s. 144, 145 y 146, de 2000, del Fondo Nacional de Salud.