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N° 30.295 Fecha: 1-VII-2008
Se ha dirigido a esta Contraloría General don Oliver Erick Elmes Orellana, ex funcionario del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, reclamando en contra de la decisión de la autoridad administrativa en orden a no renovar su contrato, circunstancia que, en su opinión, obedece a una persecución funcionaria en su contra.
Sobre el particular, corresponde señalar que según consta en los registros de este órgano Contralor, el recurrente servía un empleo a contrata en el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, la que se renovó en sucesivas oportunidades, apareciendo que la última prórroga se efectuó mediante la resolución exenta N° 1.417, de 2007, de la Dirección del citado establecimiento hospitalario, por el período comprendido entre el 1° de julio y hasta el 30 de septiembre de 2007.
Puntualizado lo anterior, cabe anotar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3°, letra c), de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, las designaciones a contrata, carácter que revestía el empleo servido por el peticionario, constituyen empleos esencialmente transitorios que se consultan en la dotación de una institución.
A mayor abundamiento, es útil indicar que el artículo 10 de la citada ley N° 18.834, establece que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre do cada año y que quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.
Así entonces, la vigencia temporal de esta clase de desempeño se determina por la jefatura superior del servicio en el respectivo instrumento de nombramiento, vale decir, aquélla está supeditada al tiempo fijado en la resolución de designación, con la limitante que, según lo dispuesto por el último precepto legal, no puede exceder del 31 de diciembre de cada año.
Luego, conviene precisar que acorde al artículo 147, letra f), del mencionado Estatuto Administrativo, una de las causales de término de funciones de los empleados corresponde al vencimiento del período legal por el cual se han designado y que, según el artículo 153, del citado cuerpo normativo, el cumplimiento de ese plazo, produce el inmediato cese de las labores.
De conformidad a lo expuesto, cabe concluir que el término de la contratación del señor Elmes Orellana tuvo lugar por mandato expreso de la ley, y que no existe obligación legal para la autoridad administrativa de reintegrar a los servidores que se desempeñan en tal carácter; una vez vencido el plazo de su designación.
En las condiciones anotadas, esta Contraloría General cumple con desestimar la petición efectuada por el señor Elmes Orellana.