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N° 29.903 Fecha: 10-VIII-2001
Mediante presentación de diputado se efectúan diversos cuestionamientos en relación con la pesca de investigación que se indica, correspondiendo a esta Contraloría General, en el ámbito de su competencia, pronunciarse sólo en cuanto las alegaciones que se efectúan inciden en la legalidad del documento denominado Términos Técnicos de Referencia, Programa "Certificación de los Desembarques", elaborado por el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), el que, a juicio del recurrente, ha permitido que el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), a través de los convenios que indica, entregue a entidades privadas facultades fiscalizadoras que competen a ese Servicio.
Al respecto se requirió informe a la Subsecretaría de Pesca, al Servicio Nacional de Pesca y al Instituto de Fomento Pesquero, quienes los han emitido a través de sus oficios N°s. 876 y 951, de 2001, 150091600, y 620, ambos de 2000, respectivamente. Los dos primeros oficios aludidos fueron recibidos por esta Contraloría General el 8 y 21 de junio del año en curso.
Tales entidades han expresado, en lo que interesa y en síntesis, que la pesquería del jurel presenta un brusco descenso de capturas desde el año 1997, motivo por el cual la autoridad ha adoptado una serie de medidas tendientes a precisar las razones de la crisis a fin de evitar su colapso definitivo. Entre esas medidas se destaca el seguimiento de la evolución del recurso a través de la pesca de investigación.
Se añade, además, que la labor de investigación requiere de dos condiciones esenciales a fin de cumplir con los objetivos perseguidos por la autoridad. Por una parte, que se lleve a cabo bajo condiciones reales de operación destinadas a prospectar con la mayor aproximación posible el estado real del recurso en un momento determinado, y por la otra, que cuente con un acucioso control y registro de información sobre las capturas realizadas.
Ahora bien, respecto de la pesca de investigación es útil tener presente, en primer término, que acorde con lo preceptuado en el Párrafo 3° del Título VII, de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura -artículos 98 al 102-, para realizar dicha pesca se requiere contar con una autorización otorgada por la Subsecretaría de Pesca, previa solicitud acompañada de un proyecto técnico, cumpliendo las exigencias que establece el decreto N° 461, de 1995, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Asimismo, debe anotarse, en lo que interesa, que el artículo 102 de la referida ley de pesca expresa que las naves autorizadas para participar en una pesca de investigación deben admitir a bordo al o a los profesionales que fije la misma Subsecretaría de acuerdo con la importancia del proyecto, como asimismo entregar los datos recopilados y enviar los resultados de la investigación dentro de los plazos y de acuerdo con la metodología del proyecto.
En ese contexto, la Subsecretaría de Pesca otorgó al Instituto de Fomento Pesquero una autorización para efectuar una pesca de investigación en el marco del proyecto denominado "Pesca de Investigación del Jurel entre la III y X Regiones"-, cuyo objeto principal consiste en caracterizar la distribución y estructura de tallas de jurel y sus agregaciones en esas Regiones.
La respectiva resolución dispuso, en lo pertinente, que los titulares de las naves autorizadas para realizar la referida pesca deben realizar la pesca con sujeción a los diseños operativos determinados por IFOP, aceptar a bordo a lo menos dos técnicos muestreadores que designará el IFOP como también a los funcionarios que designará el Servicio Nacional de Pesca, y dar todas las facilidades para que éstos puedan recopilar y transmitir la información necesaria para el cumplimiento del plan de trabajo durante el periodo de la pesca de investigación. Asimismo, se debe permitir el ingreso de los técnicos muestreadores designados por IFOP a los puntos de descarga y plantas de proceso, sin perjuicio de los fiscalizadores que designe el Sernapesca.
Se señaló, además, en la misma resolución, que esos armadores se obligan a informar y documentar las capturas efectivas y su destino conforme a las normas reglamentarias vigentes y conforme a las exigencias que establezca IFOP para fines de investigación, desembarcar en los puertos y en los horarios que determine el Sernapesca y dar cumplimiento a los procedimientos de control que establezca este Servicio.
Finalmente, se expresa en esa autorización que el Servicio Nacional de Pesca deberá adoptar las medidas y efectuar los controles que sea necesario para lograr un efectivo cumplimiento de las disposiciones de esa resolución.
Ahora bien, para llevar a cabo la pesca de investigación autorizada, el Instituto de Fomento Pesquero celebró con empresas privadas dos tipos de contratos. Unos, destinados a contar con las naves que le permitan realizar la indicada pesca de investigación, y otros, para implementar y disponer de una red de unidades móviles que certifiquen la composición y los volúmenes de todos los desembarques que efectúen esas naves durante el desarrollo de la pesca autorizada.
Estos últimos convenios que son aquellos en que incide el reclamo que se analiza fueron suscritos entre el Instituto de Fomento Pesquero y determinadas empresas privadas, ciñéndose al documento denominado Términos Técnicos de Referencia, Programa "Certificación de los Desembarques", confeccionado, como se ha señalado, por el Servicio Nacional de Pesca.
Dicho documento, en lo que interesa al presente reclamo, contiene los parámetros técnicos y de procedimiento que permiten a las empresas postular como organismo certificador, elaborar sus propuestas y presentar sus condiciones económicas; dispone que una vez seleccionadas las empresas por Sernapesca, ellas deben suscribir el contrato correspondiente con el Instituto de Fomento Pesquero; señala que su objetivo es disponer de los recursos humanos y materiales para el monitoreo de naves pesqueras y certificación de la composición y volúmenes de desembarque; indica que las empresas deben disponer, con dedicación exclusiva, unidades móviles, sistemas de comunicación celular y personal idóneo para cumplir el objetivo del programa; previene que el personal tendrá una dependencia técnica directa de Sernapesca y su vinculación con la respectiva empresa será sólo contractual, y establece que los procedimientos de coordinación, selección de áreas, estrategias de monitoreo y el programa de trabajo serán desarrollados y proporcionados también por el Sernapesca.
A lo anterior, y en cuanto incide directamente en el cuestionamiento que se formula por el ocurrente, es necesario destacar, especialmente, lo previsto en el N° 1 del documento que se analiza, en que se dispone que "el Programa de Certificación es un programa de externalización donde una instancia técnica recopila, procesa e informa los antecedentes técnicos necesarios para que el Servicio Nacional de Pesca desarrolle el monitoreo, control y vigilancia de las naves pesqueras. La tarea específica de la unidad externa está destinada a detectar las recaladas de naves pesqueras, verificar la composición de especies en el desembarque y certificar los volúmenes desembarcados".
Asimismo, también debe destacarse lo expresado en ese mismo N° 1, al señalar que "el desarrollo de esta función externa no implica una delegación de la función fiscalizadora que mantiene el Servicio Nacional de Pesca".
Precisado lo anterior, es dable advertir, en primer término, que los convenios a que se refiere la consulta de la suma, son contratos de prestación de servicios que han sido celebrados entre entidades de derecho privado, en los cuales intervienen, por una parte, el titular de una autorización de pesca de investigación Instituto de Fomento Pesquero, y por la otra, determinadas empresas que prestan al primero servicios de certificación.
De este modo, las tareas que deben desarrollar las empresas contratadas, como son las de detectar las recaladas de naves pesqueras, verificar la composición de especies en el desembarque, certificar los volúmenes desembarcados y entregar dicha información al IFOP y al Sernapesca, son obligaciones que tienen su fuente en un contrato de naturaleza privada que el Instituto celebra para cumplir con el objeto de la autorización que solicitó.
En ese contexto, la elaboración por parte del Sernapesca del documento cuestionado tiene por finalidad fijar las condiciones a las cuales debe someterse el titular de la autorización de pesca de investigación IFOP en lo que respecta a la obtención de la información que se genera en el desarrollo de la misma.
Tales exigencias se justifican jurídicamente si se tiene presente que, acorde con los informes proporcionados con motivo de la presentación del rubro, la pesca de investigación de que se trata interesa fundamental y principalmente a la autoridad pesquera a los efectos de que, en base a los resultados obtenidos, adopte las medidas que correspondan en resguardo de la pesquería del jurel.
En otros términos, los datos que se obtengan de la pesca de investigación aludida constituyen el fundamento de hecho que justificará la adopción de las medidas que disponga la autoridad competente, a fin de evitar el colapso de la pesquería del jurel, medidas cuya fiscalización compete al Sernapesca.
Ahora bien, tanto el artículo 122 de la ley de pesca como el artículo 25 del decreto con fuerza de ley N° 5, de 1983, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, entregan al Servicio Nacional de Pesca la obligación de velar por la debida aplicación de las normas legales y reglamentarias sobre pesca.
En ese sentido, la autorización otorgada al IFOP constituye, desde luego, aplicación de la normativa legal y reglamentaria relativa a la pesca de investigación, de lo que se sigue, por tanto, que el documento elaborado por el Sernapesca ha tenido por objeto precisamente velar porque los resultados de la investigación cuyo responsable es el Instituto aludido sean el producto de una información obtenida con las exigencias impuestas por la autoridad, que es la principal interesada en la exactitud de la misma.
Lo anterior en ningún caso puede estimarse como una limitación ni como una delegación de las facultades fiscalizadoras que el Sernapesca ejerce respecto de los armadores y naves autorizadas para participar en la pesca de investigación de que se trata, y así ha quedado expresamente establecido en el acto administrativo pertinente, en el documento cuestionado y en los contratos que celebró el IFOP con las empresas certificadoras.
En consecuencia, y en mérito de lo expresado, el documento cuestionado en la especie tiene por finalidad velar por la exactitud de la información que se origina en la pesca de investigación aludida, lo que resulta jurídicamente procedente si se considera que esa información permitirá a la autoridad adoptar las medidas adecuadas para la protección de la pesquería del jurel, todo lo cual se enmarca dentro de las atribuciones del Servicio Nacional de Pesca para velar por la debida aplicación de las normas legales y reglamentarias sobre pesca de investigación.