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DICTAMEN N° 026104

acorde dto 99/2000 del ministerio secretaria general de la presidencia, reglamento para la declaracion de intereses de las autoridades y funcionarios de la administracion del estado, dictado conforme art/62 de ley 18575 y para la adecuada aplicacion de las normas contenidas en aquel y en los articulos 59 y siguientes del citado cuerpo legal, contraloria, en uso de sus atribuciones legales, imparte instrucciones referidas a: autoridades y funcionarios obligados y plazo para efectuar la declaracion de intereses; contenido de la misma; publicidad de la declaracion de intereses; obligaciones de las oficinas de personal; actualizacion de las declaraciones y responsabilidad y sanciones

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Texto completo

N° 26.104 18-VII-2000 Con motivo de la entrada en vigencia del Decreto N° 99, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la declaración de intereses de las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, dictado en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 62 de Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y para la adecuada aplicación de las normas contenidas en aquél y en los artículos 59 y siguientes del citado cuerpo legal -incorporados por Ley N° 19.653-, esta Contraloría General, en uso de sus atribuciones legales, ha estimado oportuno impartir las siguientes instrucciones relativas a la materia. 1) AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS OBLIGADOS Y PLAZO PARA EFECTUAR LA DECLARACION DE INTERESES. En primer término, cabe tener en consideración que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la citada Ley N° 18.575, el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Intendentes y Gobernadores, los Secretarios Regionales Ministeriales, los Jefes Superiores de Servicio, los Embajadores, los Consejeros del Consejo de Defensa del Estado, el Contralor General de la República, los oficiales Generales y oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales, deberán presentar una declaración de intereses. Igual obligación recae sobre las demás autoridades y funcionarios de la Administración del Estado que desempeñen labores directivas, profesionales, técnicas o de fiscalizadores, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, sea que se trate de personal de planta o a contrata, siendo necesario precisar, a este respecto, que quienes se encuentran obligados a efectuar la declaración en estudio son todos aquellos servidores que tengan asignado un grado igual o superior al que la planta de personal del servicio de que se trate contemple para los jefes de departamento, aun cuando sus respectivos empleos pertenezcan a una planta distinta de la de estos últimos y cualquiera sea la denominación de ella. En este orden de ideas, es preciso puntualizar que conforme a lo preceptuado en la disposición segunda transitoria de Ley N° 19.653, todos los obligados a efectuar la citada declaración que se encontraban en servicio a la fecha de publicación del aludido Decreto N° 99, de 2000, vale decir, al 28 de junio del presente año, deben cumplir con dicha exigencia en el plazo de sesenta días contado desde la indicada data, término que expira, por ende, el 27 de agosto del año en curso. Por otra parte, es útil señalar que la declaración voluntaria de intereses y de patrimonio que formularon determinadas autoridades con anterioridad a la entrada en vigencia del indicado Decreto N° 99, de 2000, no es útil para los efectos de entender cumplida la obligación en estudio, puesto que aquél ha establecido requisitos específicos, a los cuales, obviamente, las mencionadas declaraciones no han podido ajustarse. Además, es forzoso agregar que aquéllas emanaron de un acto voluntario de tales servidores, ya que, como se indicara, la declaración de intereses de que trata Ley N° 18.575, sólo resulta exigible a partir del referido texto reglamentario. De lo expresado se sigue que quienes realizaron la declaración de intereses y de patrimonio con anterioridad a la mencionada fecha se encuentran, también, en el imperativo de realizarla dentro del plazo de sesenta días contado desde la vigencia del indicado decreto y conforme a las disposiciones de ese cuerpo normativo. Sin perjuicio de lo anterior, cabe manifestar que, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 59 de Ley N° 18.575, quienes sean designados a partir del 29 de junio de 2000, en los cargos o funciones a que esa disposición se refiere, deberán presentar la declaración de que se trata dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de asunción del cargo. Enseguida, resulta menester advertir que, tal como lo establece el inciso final de ese precepto legal, la obligación de presentar declaración de intereses rige independientemente de la declaración de patrimonio que leyes especiales impongan a determinadas autoridades o funcionarios. 2) CONTENIDO DE LA DECLARACION. Al respecto, es necesario tener presente que el artículo 60 de la indicada Ley N° 18.575, dispone que la declaración de intereses deberá contener la individualización de las actividades profesionales y económicas en que participe la autoridad o el funcionario. En armonía con el citado precepto legal, el Decreto N° 99, de 2000, establece que la declaración de intereses deberá presentarse en un formulario, señalando las menciones y especificaciones mínimas del mismo en relación con cada una de las actividades que son objeto de declaración. Sobre este aspecto, cabe destacar que, como lo dispone el inciso final del artículo 14 del aludido Decreto N° 99, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en cumplimiento de sus funciones de asesoría y coordinación, facilitará un formulario tipo a todos los organismos de la Administración del Estado, añadiendo que los órganos autónomos cuyas autoridades y funcionarios estén obligados a efectuar la declaración en comento, podrán solicitar a dicha Secretaría de Estado el mismo formulario tipo. Con todo cabe hacer presente que la falta del respectivo formulario en un determinado servicio o entidad, no exime a los obligados a efectuar la declaración de dicha exigencia, ni de la responsabilidad administrativa que su incumplimiento pueda generar, ya que la referida declaración puede efectuarse en otro formulario, en la medida, por cierto, que se cumpla con las exigencias que a su respecto prevé el ordenamiento jurídico vigente. a) Actividades Profesionales. Conforme a lo prescrito en el artículo 3° del aludido reglamento, se entiende por actividad profesional el ejercicio o desempeño por parte de la autoridad o funcionario, de toda profesión u oficio, sea o no remunerado, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la contratación y la persona, natural o jurídica, a quien se presten esos servicios, caso en el cual, según lo ordenado por la letra c) del artículo 14 de ese texto normativo, debe especificarse el tipo de actividad; la naturaleza de la contratación; la individualización de la persona natural o jurídica a quien se presten los servicios o para quien se desarrolle la actividad; la remuneración o la circunstancia de no haberla y la antigüedad del vínculo. Al respecto, cabe anotar que, en todo caso, la declaración en estudio no comprende las actividades profesionales que tienen el carácter de ocasionales o accidentales. Por su parte, atendido que, conforme lo dispuesto en el artículo 4° de ese texto, se reputarán también actividades profesionales las colaboraciones o aportes que los llamados a confeccionar la declaración realicen respecto de corporaciones, fundaciones, asociaciones gremiales u otras personas jurídicas sin fines de lucro, cuando se trate de aportes o colaboraciones frecuentes -esto es, las efectuadas en más de tres ocasiones durante el año calendario anterior a la fecha en que debe confeccionarse la declaración o su actualización-, que sean realizados en razón o con predominio de sus conocimientos, aptitudes o experiencia profesional, la letra d), del artículo 14, prescribe a este respecto, que corresponde consignar en la declaración, la naturaleza de la colaboración o aporte y la forma que asume, sea ésta material, inmaterial o pecuniaria; el vínculo en virtud del que se efectúan; la individualización de la persona jurídica o entidad para quien se realicen; el tipo de institución de que se trate; la frecuencia con que se efectúan, y la antigüedad del vínculo. b) Actividades Económicas. En lo referente a las actividades económicas ese mismo texto, en su artículo 5°, establece que éstas comprenden el ejercicio o desarrollo por parte de la autoridad o funcionario, de toda industria, comercio u otra actividad que produzca o pueda producir renta o beneficios económicos, incluyendo toda participación en personas jurídicas con o sin fines de lucro, por lo que debe constar en la declaración, tal como lo ordena la letra e) del citado artículo 14, el tipo de actividad y la forma en que se realiza; y para el caso que éstas asuman el carácter de una participación en personas jurídicas con o sin fines de lucro, la naturaleza de la participación; la naturaleza y entidad de lo aportado, indicando capital, trabajo y montos, según corresponda; la individualización de la sociedad o asociación en que se participe y la actividad que ésta desarrolle; la circunstancia de intervenir o no en su administración y el carácter de la intervención, y la antigüedad del vínculo. c) Aspectos generales sobre ambos tipos de actividades. Por otra parte, cabe manifestar que, de acuerdo a lo prescrito en la letra a) del artículo 6° del texto reglamentario, tratándose de servicios a personas jurídicas con fines de lucro o de participaciones en éstas, se deberá indicar el nombre y tipo de la sociedad o asociación; su actividad; la antigüedad de la relación o participación; la calidad o naturaleza de ésta, sea que se participe o no en la administración; y la naturaleza y entidad de lo aportado, indicando capital, trabajo y montos, según corresponda. En este mismo sentido, agrega ese precepto en su letra b), que tratándose de servicios a personas jurídicas sin fines de lucro o de participaciones en éstas, se deberá señalar el nombre y tipo de organización; la antigüedad de la relación y la calidad o naturaleza de ésta. Por último, es dable anotar que la declaración de intereses debe contener la individualización completa del funcionario o autoridad declarante, especificando el cargo y función que desempeña y el organismo de la Administración u órgano del Estado en que lo hace ; la indicación de la fecha y lugar en que se otorga; la declaración de que los datos y antecedentes que se proporcionan son veraces y exactos y la individualización del ministro de fe que autentifica el documento. d) Afiliación a partidos políticos. Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario hacer presente que el artículo 19, N° 15, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, contienen normas explícitas sobre limitaciones a la publicidad de la afiliación a partidos políticos, por lo cual la declaración de intereses no debe referirse a esta materia. 3) PUBLICIDAD DE LA DECLARACION DE INTERESES. De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de Ley N° 18.575, la declaración de intereses será pública y se presentará en tres ejemplares, que serán autentificados al momento de su recepción por el ministro de fe del organismo a que pertenezca el declarante o, en su defecto, ante notario. Uno de ellos será remitido a la Contraloría General de la República o a la Contraloría Regional, según corresponda, para su custodia, archivo y consulta, otro se depositará en la oficina de personal del órgano u organismo que los reciba y otro se devolverá al interesado. Sobre el particular, corresponde manifestar que oportunamente esta Contraloría General adoptará las medidas necesarias destinadas a permitir la consulta de las declaraciones de que se trata. Ahora bien, en relación con la declaración de intereses y de patrimonio aludidas en el párrafo tercero de la página dos de estas instrucciones, es dable precisar que ellas no revisten el carácter de públicas, ya que emanaron de un acto voluntario de las autoridades y funcionarios que las efectuaron. 4) OBLIGACIONES DE LAS OFICINAS DE PERSONAL. Al respecto, es menester tener en consideración que el artículo 16 del aludido Decreto N° 99, de 2000, establece que será responsabilidad del jefe de personal de los órganos u organismos de la Administración del Estado, o del funcionario que haga sus veces, confeccionar y mantener actualizada una lista con la o las autoridades y funcionarios de su repartición que deben efectuar la declaración de intereses con indicación del nombre, apellido, cargo y grado, así como también el proporcionar a los obligados el formulario para la declaración de intereses y remitir a la Contraloría General de la República o Contraloría Regional, según corresponda, un ejemplar de cada declaración, dentro del plazo de diez días contado desde su recepción. Lo anterior debe entenderse complementado con lo dispuesto en el artículo 17 del aludido texto reglamentario, el cual -en armonía con lo establecido en el artículo 10° de Ley N° 18.575-, prescribe que corresponderá al Jefe Superior del Servicio, en uso de sus facultades propias y en cumplimiento de las funciones de dirección y control, adoptar las medidas conducentes a lograr el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de intereses por parte de los obligados a efectuarla, así como velar por que se establezcan a este respecto, procedimientos de información y difusión oportunos y adecuados. 5) ACTUALIZACION DE LA DECLARACION DE INTERESES. Tal como lo prescribe el artículo 61 de Ley N° 18.575, la declaración de intereses deberá actualizarse cada cuatro años y cada vez que ocurra algún hecho relevante que la modifique. Sobre el particular, cabe manifestar que, en conformidad con lo ordenado por el artículo 20 del Decreto N° 99, de 2000, el mismo procedimiento que ese texto señala para la confección de la declaración de intereses se utilizará cada vez que ella deba ser actualizada. 6) RESPONSABILIDAD Y SANCIONES. Al respecto, es dable señalar, en primer término, que, conforme lo señala el artículo 67 de Ley N° 18.575, la no presentación oportuna de la declaración de intereses será sancionada con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, aplicables a la autoridad o funcionario infractor, impuesta administrativamente, por resolución del jefe superior del servicio o de quien haga sus veces. Además, indica ese precepto que transcurridos treinta días desde que la declaración fuere exigible, se presumirá incumplimiento del infractor. Precisa esa disposición que si eI infractor fuere el jefe de servicio, la impondrá el superior jerárquico que corresponda o, en su defecto, el Ministro a cargo de la Secretaría de Estado mediante la cual el servicio se relaciona con el Presidente de la República. Sin perjuicio de ello, el infractor dispone del plazo fatal de diez días, contado desde la notificación de la resolución de multa, para presentar la declaración omitida. En el evento que así lo haga, la multa se rebajará a la mitad, y en caso contrario, procederá la medida disciplinaria de destitución que será aplicada por la autoridad llamada a extender el nombramiento. Enseguida, resulta necesario manifestar que la norma legal en comento, establece que el incumplimiento de la obligación de actualizar la declaración de intereses se sancionará, con multa de cinco a quince unidades tributarias mensuales, conforme al procedimiento ya reseñado. Además, el artículo 68 del mismo cuerpo legal prescribe que la inclusión de datos relevantes inexactos y la omisión inexcusable de la información relevante requerida por la ley en la declaración de intereses se sancionarán administrativamente con la medida disciplinaria de destitución. En armonía con lo anterior, el artículo 26 del citado Decreto N° 99, de 2000, determina que por datos o información relevante se entenderán aquellos antecedentes cuya inexactitud u omisión produzcan una errónea o falsa apreciación del contenido y alcance de las actividades profesionales y económicas que ejerza el funcionario o autoridad, ocultando o desvirtuando la naturaleza del vínculo o relación que dichas actividades conllevan. En relación con lo expresado, cabe anotar que el artículo 70 de la aludida Ley N° 18.575, expresa que las resoluciones que impongan las multas indicadas, serán reclamables ante la Corte de Apelaciones con jurisdicción en el lugar en que debió presentarse la declaración. Por otra parte, cumple esta Contraloría General con advertir que, según lo ordenado en el inciso final del citado artículo 67, el jefe de personal o quien, en razón de sus funciones, debió haber advertido oportunamente la omisión de una declaración o de su renovación y no lo hizo, incurrirá en responsabilidad administrativa. Ello, guarda directa relación con lo prescrito en el artículo 63 de Ley N° 18.575, según el cual compete a las reparticiones encargadas del control interno de los órganos u organismos de la Administración del Estado, velar por la observancia de esta preceptiva, sin perjuicio de las atribuciones de esta Entidad Fiscalizadora. Finalmente, es dable consignar que la vulneración de la normativa en estudio hará incurrir en responsabilidad y traerá consigo las sanciones que la ley determina al efecto y que, en todo caso, la responsabilidad administrativa se debe hacer efectiva conforme a las normas estatutarias que rijan a la entidad en que se produjere la infracción. En todo caso, cabe precisar que, tratándose de autoridades que estén sometidas a un régimen de responsabilidad especial, debe estarse a las normas constitucionales y legales que correspondan.