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N° 25.464 Fecha: 12-VII-2000
Se ha dirigido a esta Contraloría General la Directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, con el fin de requerir un pronunciamiento que determine la procedencia del cobro de derechos por concepto de repavimentación de la acera y calzada de la calle que enfrenta el Museo Histórico Nacional, toda vez que la Municipalidad de Santiago ha cobrado a esa entidad los derechos mencionados derivados de los trabajos de extensión de la Línea 5, realizados por la Empresa Metro S.A., en la Plaza de Armas de esta ciudad.
Mediante oficio ord, N° 191, ing. 7417/99, la Municipalidad de Santiago ha informado al respecto, precisando que el cobro efectuado responde a la repavimentación de la calzada y acera indicada, de acuerdo con las normas contenidas en la Ley N° 11.150, que hacen recaer dicho costo en los propietarios de los bienes que enfrentan dicha parte de la vía pública.
En relación con la materia, cumple hacer presente que la Ley N° 11.150, que fija el texto refundido y coordinado de las disposiciones legales sobre Pavimentación de Santiago, modificada por el Decreto Ley N° 3544, de 1980, constituye un cuerpo jurídico especial que rige lo concerniente a la pavimentación y repavimentación de las calzadas y aceras de las vías ubicadas en el radio urbano de la ciudad de Santiago, estableciendo una contribución por tal concepto, que grava a los propietarios de los predios urbanos de Santiago, que se encuentren en la situación que ese cuerpo legal contempla, la que está plenamente vigente, como se expresara en los dictámenes N°s 13.188, de 1995 y 32.205, de 1998.
En lo que ahora interesa destacar, los artículos 3° y siguientes de la ley citada, disponen que los propietarios de los referidos inmuebles deberán pagar, en la proporción que establece el artículo 2° del mismo cuerpo legal, por vía de contribución, por los trabajos de esa naturaleza que se ejecuten -pavimentación y repavimentación de calzadas y/o aceras, en los casos previstos en la norma- cada vez que lo decrete la Municipalidad de Santiago.
Ahora bien, en el caso que se consulta, se trata de la repavimentación del espacio que enfrenta el Museo Histórico Nacional, ubicado en la Plaza de Armas de esta ciudad, el cual sufriera daños como consecuencia de los trabajos de extensión de la Línea 5 del Metro, situación absolutamente ajena a esa entidad cultural.
En efecto, de los antecedentes adjuntos se infiere que el museo mencionado -dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el que, a su vez, depende del Ministerio de Educación Pública- no ha ordenado ni ha tenido participación alguna en la decisión de efectuar los trabajos que obligaran a ejecutar dicha repavimentación.
Por otra parte, la referida Dirección no es propietaria del bien en que funciona el museo, toda vez que se trata de un inmueble fiscal, conocido como "Real Audiencia" o "Palacio de la Intendencia", destinado por Decreto Exento N° 3, de 1987, de la Secretaría Regional Metropolitana de Bienes Nacionales al Ministerio de Educación - Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, para el Museo Histórico Nacional, de suerte, entonces, que no le resulta aplicable el gravamen que contemplan las normas de los artículos 2° y siguientes de la Ley N° 11.150, antes citada, referidas a los propietarios de los bienes inmuebles contiguos a las calzadas o aceras donde se ejecuten esas obras.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe anotar que por dictamen N° 28.462, de 1985, esta Contraloría General tuvo ocasión de precisar que, por las razones que señala, si bien la Dirección General de Metro -actual Empresa Metro S.A.- estaba exenta del pago de derechos municipales de edificación respecto de la ampliación de la Línea 2 -lo que se ha reiterado por dictamen N° 4.777, de 1993, en relación con la construcción de la Línea 5- así como del pago de derechos por permisos de ocupación de bienes nacionales de uso público y de inspección de trabajos de pavimentación -en los casos que menciona- se encuentra afecta, en cambio, a lo expresado en el artículo 19 de la citada Ley N° 11.150, respecto de las obras de reposición de pavimentos.
Previene esa disposición que los permisos que se soliciten para romper las calzadas o aceras de las calles pavimentadas, antes o después de la vigencia de esta ley, serán dados por la Dirección de Pavimentación -hoy, la Municipalidad de Santiago- oficina que ejecutará las reparaciones del pavimento con cargo a los depósitos que, para tal efecto, hayan efectuado los peticionarios, de acuerdo con el reglamento que se dicte para este objeto.
En estas condiciones y atendidas las consideraciones expuestas, cabe concluir que corresponde a la Empresa Metro S.A. contribuir al financiamiento de la repavimentación de las calzadas y aceras dañadas con ocasión de la construcción de la extensión de la Línea 2, sin que la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos deba pagar derechos por ese concepto.