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N° 23.827 28-VI-2001
Se ha dirigido a esta Contraloría General el Directorio Nacional del Colegio de Profesores de Chile AG., solicitando la reconsideración del Dictamen N° 6.081 de 2000, en lo que dice relación con la exclusión del beneficio contemplado en Ley N° 19.648, de los profesionales de la educación contratados para cumplir funciones en reemplazo de titulares.
Al respecto, dable es precisar que el referido dictamen concluyó -en lo que interesa-, fundamentado, entre otros, en la historia fidedigna del establecimiento de Ley N° 19.648, que únicamente tienen derecho al beneficio de la titularidad aquellos profesionales de la educación que fueron contratados para cumplir funciones transitorias, las cuales mediante este mecanismo, a través de la renovación año a año, se han transformado en funciones permanentes, sin que el Municipio convocara a concurso para proveer los cargos que se encontraban vacantes en su dotación y que eran servidos por éstos. Estimar lo contrario -señala el citado pronunciamiento-, pugnaría con elementales principios de equidad y sería contrario a toda lógica, vulnerando por esta vía el sistema de nombramiento, contemplado en Ley N° 19.070.
Los recurrentes argumentan, que contrario a lo aseverado por este Organismo de Control, la historia fidedigna del establecimiento de Ley N° 19.648, demuestra que la discriminación entre los diversos tipos de contratas sólo se planteó con ocasión del veto aditivo formulado por el Presidente de la República y que, al ser rechazado unánimemente por el Congreso, implicaría que el beneficio de la titularidad alcanza a todos los profesionales de la educación que se encontraban en calidad de contratados, incluidos aquéllos que lo hacían en reemplazo de titulares.
Sobre el particular, cabe señalar que efectuado un nuevo análisis acucioso, cabal y completo de la historia de Ley N° 19.648, esta Contraloría General ratifica en todas sus partes lo concluido en el Dictamen N° 6.081 de 2000.
En efecto, para arribar a la conclusión antedicha se estudió la génesis de su establecimiento que, debida a una moción de parlamentarios de la Cámara de Diputados, comenzó planteando la idea de que para regularizar la situación existente en algunos Municipios , a los docentes que se encontraran en calidad de contratados “desempeñando funciones docentes en forma permanente y periódica, como si en realidad tuvieran la calidad de titulares” , se les concedería el citado beneficio condicionándolo sólo a quienes laboraran “en reemplazo de las horas vacantes en cualquiera de los niveles de enseñanza pre-básica y media” los que debían presentarse a un concurso interno que se resolvería considerando la experiencia, el perfeccionamiento y el desempeño profesional de los profesores.
En el debate de la iniciativa legal aludida, participaron representantes del propio Colegio de Profesores, haciendo presente que los profesionales de la educación “hablan de contratos a plazo fijo, en contraposición a los de plazo indefinido a que se refiere el Código del Trabajo, porque por regla general, aquéllos vencen el 28 de febrero de cada año. Igualmente, señalaron que no siempre les son renovados desde el uno de marzo siguiente, sino que a partir del primer día laboral del año escolar respectivo”.
Afirmando, a continuación, “que la situación en comento responde, por una parte, a la falta de cumplimiento oportuno de las normas que obligan a los Municipios a convocar a los concursos públicos para llenar las vacantes que se van produciendo en sus respectivas plantas docentes;…”.
Al discutirse y votarse en general el proyecto, en Sesión de 1 de septiembre de 1998, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, expresó que después de escuchar las explicaciones de los patrocinantes de la moción acerca de los antecedentes, fundamentos, objetivos y contenidos del proyecto, procedió a brindarle su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes, en atención a que existen “docentes que llevan años en calidad de contratados sin poder acceder a la calidad de titulares, porque los Municipios no llaman a concurso para proveer nuevos cargos. Se trata de una irregularidad que cada día va en aumento, a la cual es necesario poner término”.
Se agregó que, por las mismas razones que el Código del Trabajo protege a los trabajadores afectos a él, ... “la normativa especial de docentes debería brindar igual protección a aquellos profesores incorporados a las dotaciones municipales respectivas en calidad de contratados, después de un tiempo determinado”.
A raíz de lo expuesto, la idea original del proyecto fue modificada, redactándose un texto substitutivo que se transformó en el actual artículo único de Ley N° 19.648, el cual fue debatido latamente, destacándose la intervención del diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, y autor, entre otros, del proyecto de ley, señor Valenzuela, quien, en la Sesión 35, de 10 de septiembre de 1998, manifestó que la situación laboral que se estaba tratando de regularizar no era transitoria, experimental, optativa, especial ni de reemplazo de nadie, “porque pertenecen en definitiva a la planta docente”.
Asimismo, el citado diputado señaló que la gran cantidad de profesores incorporados a los Municipios lo han hecho en calidad de contratados, porque no se ha cumplido con el requisito de llamar a concurso establecido en el artículo 28 del Estatuto Docente, como consecuencia de esa irregularidad, y de no poseer la calidad de profesor titular, “se ha producido una calidad híbrida de profesor que no es titular ni tampoco contratado, en los términos definidos en el artículo 25… ”, siendo, en consecuencia la idea matriz del proyecto regularizar “la situación de los profesores contratados en forma defectuosa”.
Además, es oportuno destacar que al debatirse en el Senado la iniciativa de la Cámara de Diputados, se sostuvo que “en los hechos los docentes beneficiados por la iniciativa están cumpliendo labores de tipo permanente, situación que se refleja en el tiempo de contrata exigido, tres años continuos o cuatro discontinuos”.
A dicho texto, el Presidente de la República formuló dos observaciones, una de carácter formal y, la segunda, para agregar tres nuevos artículos.
Las observaciones referidas, condicionaban el acceso al beneficio de la titularidad a los que poseyeran título de profesor o de educador; negándola a aquéllos que aún ostentando esta calidad estuvieren desempeñando labores de carácter transitorio, optativo o de reemplazo, a quienes no tuvieren salud compatible con el cargo, que tuvieren salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de sus funciones de acuerdo a las normas de Ley N° 18.883, que experimentaren la pérdida de alguno de los requisitos de incorporación a la dotación docente; que estuvieren calificados en lista 3; ampliándolo a los profesionales de la educación titulares que hubieren sido objeto de contrataciones por el aumento de las horas de trabajo, como consecuencia de la incorporación del respectivo establecimiento al régimen de jornada escolar completa diurna, limitando la ampliación a que el aumento de horas no fuera para el desempeño de labores de carácter transitorio, optativo o de reemplazo, sin que fuera exigible en este último caso el mínimo de 20 horas cronológicas de trabajo semanal, correspondiendo la disposición de la titularidad exclusivamente al empleador.
Estas observaciones fueron primero discutidas en el seno de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados -sesión 7°, de 20 de octubre de 1999- en que por la unanimidad de sus nueve integrantes se “estimó que las observaciones restringían injustificadamente el beneficio que se quería conceder, hasta el extremo de que, nadie podría acceder a él. Asimismo, consideró que no se creaban nuevos cargos toda vez que éstos ya existían y sólo se buscaba corregir la situación desmedrada en que se encuentran, a veces, por más de diez años, numerosos profesores que no obstante realizar igual labor que los titulares no gozan de su misma condición”.
En la misma sesión, uno de los promotores de la iniciativa legal, el diputado señor Ulloa, señaló, a propósito del veto presidencial, que el proyecto de ley nació en la discusión de la modificación a Ley N° 19.070, siendo la razón por la cual llegó a trámite legislativo, ya que se había llegado a la convicción de que ningún Municipio estaba llamando a concurso saltándose con ello la ley.
En este mismo orden de ideas, el aludido parlamentario agregó que el tema que se quería solucionar era que había profesionales de la educación que llevaban “tres o cuatro años cumpliendo funciones con contrato a plazo fijo,...”.
El diputado señor Martínez al referirse a los docentes a contrata, expresó que ... “ la ley define como docentes a contrata a quienes desempeñan labores transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares, lo que no sucede en este caso, por cuanto si estas personas desempeñan esas labores por tres años o más y en forma continuada, no es posible hablar de una función transitoria o experimental, ni mucho menos de reemplazo de titulares, porque salvo que sea un caso de salud grave, los docentes no pueden ausentarse de sus labores”.
Finalmente, el señor Gutiérrez, otro de los autores del proyecto, manifestó, en la sesión de 20 de octubre de 1999, que “ ...el proyecto que otorga la titularidad a los profesores a contrata se debe única y exclusivamente al incumplimiento de la ley por parte de las Municipalidades, concretamente de los Alcaldes”. Agrega que “la Ley N° 19.070, Estatuto Docente, establece que se debe llamar a concurso para llenar los cargos vacantes de profesores en cada uno de los establecimientos municipales. Eso no se hace. Los señores Alcaldes burlan la ley, no la acatan, no la cumplen, no llaman a concurso , no respetan tampoco el 20 por ciento de margen que otorga el Estatuto Docente para tener profesores a contrata,...”.
En segundo trámite constitucional, al discutirse en el Senado las observaciones del Ejecutivo, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en sesión de 4 de noviembre de 1999, rechazó las mismas, fundamentando su voto, el senador, señor Diez, principalmente, “en la circunstancia de haber planteado su inconstitucionalidad con ocasión de la discusión del proyecto original en el seno de esta Comisión, al tenor de Ley N° 19.526, de reforma constitucional sobre administración comunal, que modificó ; el artículo 110 de la Carta Fundamental, reservando la materia que aborda el proyecto a los Municipios. En este entendido, su regulación mediante el veto de que se trata estaría contrariando dicha normativa, razón por la cual concurre a la votación con un voto de rechazo”.
De esta manera queda demostrado, con meridiana claridad que la idea de los legisladores no era que todos los profesionales de la educación se incorporaran automáticamente al beneficio de la titularidad, sino que debía efectuarse una discriminación entre ellos, con el fin de que sólo las contrataciones para funciones transitorias que se habían prolongado en el tiempo a través de sucesivas renovaciones, transformando a quienes los servían en trabajadores sujetos a un sistema de plazo fijo permanente, pudieran ser beneficiarios de esta excepcionalísima alteración a las normas que rigen el nombramiento en calidad de titular de los docentes.
A este respecto, es menester puntualizar que no puede perderse de vista, que las contrataciones son esencialmente transitorias, vale decir, se caracterizan porque se llevan a cabo en un lapso breve de tiempo, dependiendo su duración de la propia naturaleza de las funciones a desarrollar bajo tales modalidades.
En este caso y del contexto de la historia de la ley, fluye que siempre se tuvo en vista la idea de normalizar una situación anómala, la que sólo podía producirse respecto de quienes, habiendo sido contratados, esto es, sin haber participado en un concurso junto a sus pares -único mecanismo que permite la designación en calidad de titular-, se hubieren desempeñado cumpliendo labores durante un lapso prolongado de tiempo, no pudiéndose en propiedad hablar de una función transitoria, experimental, optativa, ni mucho menos de reemplazo de titulares.
En este orden de ideas, es menester recordar que por la propia naturaleza de la contratación, estos docentes carecen de estabilidad laboral, tanto en la cantidad de horas que sirven, como en las funciones indicadas en los respectivos decretos de designación o nombramiento, siendo, por ende, improcedente, por esta vía, asignar el desarrollo de funciones permanentes o por plazo indefinido.
Asimismo, cabe señalar que cada nombramiento en calidad de contratado constituye una designación independiente, por lo que las condiciones establecidas, tienen supeditada su duración y vigencia al plazo de vencimiento del mismo.
Finalmente, y en lo que dice relación con las contrataciones de reemplazo, útil resulta consignar que no sólo el profesional de la educación que efectúa el reemplazo del titular está sujeto a la condicionante del regreso de aquél, porque sus labores finalizan, por el sólo ministerio de la ley al reasumir el titular del cargo, sino que, además, se sobredimensionaría la dotación al incluir en ella a dos personas para cumplir un mismo número de horas cronológicas, lo que implicaría que si se le considerara como beneficiario de la franquicia en examen, el reemplazante no tendría funciones que desempeñar.
Por consiguiente, en mérito de lo expuesto, es necesario concluir que el beneficio de la titularidad previsto en Ley N° 19.648, alcanza únicamente a los profesionales de la educación contratados para cumplir funciones transitorias, cuya prolongación en el tiempo se contrapuso con la eventualidad propia de los empleos a contrata.
Ratifica el Dictamen N° 6.081, de 2000.