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N° 21.504 Fecha: 9-V-2006
Ex funcionario de Gendarmería de Chile, se ha dirigido a esta Contraloría General solicitando un pronunciamiento que determine si le asiste el derecho para ser reincorporado a esa repartición de la que fue alejado tras aplicársele la medida disciplinaria de destitución, al término de un sumario administrativo ordenado instruir por la Resolución Exenta N° 1.051, de 2001, de la Dirección Regional Metropolitana de dicha institución.
Funda su petición en la resolución emitida el 28 de febrero de 2002, por la Jueza Titular del Juzgado de Letras de Colina respecto de la causa criminal Rol N° 13.9484, que ordena archivar sus antecedentes en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal, por no constituir ilícito alguno los hechos puestos en conocimiento de ese Tribunal, circunstancia ésta que fue certificada por el Secretario Titular del Juzgado, el 2 de octubre del mismo año, todo ello, según consta en la copia de ambos documentos que adjunta a su presentación.
Sobre el particular, cabe anotar que en los registros que obran en poder de esta Entidad Fiscalizadora aparece que mediante la Resolución N° 833, de 2004, de Gendarmería de Chile, se aplicó al recurrente la medida disciplinaria de destitución al término de un sumario administrativo ordenado instruir en su contra, documento que fue tomado razón por este Organismo el 15 de diciembre de ese año, por ajustarse a derecho.
En relación con la materia, es útil recordar que el inciso primero del artículo 120 del DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, luego de establecer el principio básico de independencia de la responsabilidad administrativa en relación con la civil y penal, preceptúa que si la medida disciplinaria de destitución se aplica como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido el funcionario absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, éste tiene derecho a ser reincorporado al servicio en el mismo cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución o en otro de igual jerarquía, agregando que, en este caso, conservará todos sus derechos y beneficios legales y previsionales, como si hubiere estado en actividad.
Precisado lo anterior, cabe manifestar que del examen practicado a la documentación atinente a la situación del interesado, especialmente en la Resolución N° 833, de 2004, ya citada, se ha podido verificar que la medida de destitución no le fue impuesta como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito, sino que por la responsabilidad administrativa que le asistiera en la agresión física al actual Vigilante 2°, causándole lesiones cortopunzantes en la zona abdominal con una botella quebrada, todo ello producto de una discusión sostenida con la víctima en el transcurso de una convivencia realizada el 20 de junio de 2001 en el domicilio del vigilante 2° don JJ. Además, por proporcionar antecedentes falsos a la Fiscalía Administrativa al tratar de ocultar reiteradamente la verdad de los sucesos, con el agravante de haber cambiado su firma al momento de su notificación.
Como puede advertirse, en este caso no concurren los supuestos esenciales que exige la norma estatutaria reseñada para dar lugar al beneficio que pretende el recurrente, considerando que la sanción administrativa de que fue objeto tuvo por fundamento el juicio de reproche que en el ámbito funcionario merecían los hechos indagados y acreditados en el proceso sumarial pertinente, en cuanto ellos configuran por sí mismos graves faltas administrativas independientemente de la connotación delictual que a la vez pudieran revestir.
Por otra parte, la resolución judicial que el peticionario ha acompañado en esta ocasión y que textualmente señala: "Atendido lo dispuesto en el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal y no constituyendo ilícito alguno los hechos puestos en conocimiento de este Tribunal, archívense los antecedentes", tampoco lo beneficia para los efectos que le interesan, toda vez que no concierne a la efectiva participación que le incumbe en las graves infracciones a sus deberes funcionarios, que a su vez fueran materia de los cargos imputados en su contra en el proceso administrativo, y que la autoridad administrativa ponderó para destituirlo de su empleo, en ejercicio de su potestad disciplinaria.
En consecuencia, atendido lo expuesto y considerando la naturaleza excepcional de la situación prevista en el inciso primero del artículo 120 del Estatuto Administrativo, este Organismo de Control debe concluir que no asiste al ocurrente el derecho para ser reincorporado al empleo que desempeñaba en Gendarmería de Chile antes de cesar en sus funciones como consecuencia de la referida medida disciplinaria, tal como lo ha solicitado en esta presentación.