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DICTAMEN N° 020109

Según los artículos 1 de la ley 19070 y 7, 8 y 9 del DFL 2/98 Educación, los educadores de párvulos que laboran en el primer nivel de transición en establecimientos subvencionados, no se rigen por la citada ley 19070, pues esta última sólo se aplica a los que ejercen labores en el segundo nivel de transición. Conforme a los artículos 20 y siguientes del Estatuto Docente, un municipio puede alterar las especificaciones contenidas en el decreto de designación respecto de un docente, siempre que la nueva destinación corresponda a funciones y a un nivel o modalidad de enseñanza análogas a las servidas por el afectado. Así, no se produce menoscabo respecto de los educadores de párvulos que se desempeñan en el segundo nivel de transición en establecimientos educacionales dependientes de los municipios y menos aún cuando el sostenedor de esos planteles educativos no puede "trasladar" a esos profesionales desde el segundo al primer nivel de transición -pasando a regirse por el Código del Trabajo-, sin cumplir con los procedimientos establecidos en la citada ley 19070. Esto, porque esos servidores están afectos al Estatuto Docente por lo que cualquier cambio en su vínculo laboral debe hacerse conforme a dicho estatuto. En el evento que se apruebe proyecto de ley para mejorar la calidad de la educación, a las educadoras de párvulos que se encuentran en el primer nivel de transición pertenecientes a algunos de los establecimientos educacionales regidos por el dfl 2/98, se les aplicaría la ley 19070. Los profesionales de la educación que ejercen funciones en establecimientos administrados por corporaciones creadas por los municipios o en corporaciones privadas, no son servidores públicos, por lo que corresponde a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales que los rigen.

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N° 20.109 Fecha: 8-V-2007 La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, se ha dirigido a esta Contraloría General, haciendo presente que el dictamen N° 5.620, de 2007, de esta Entidad Fiscalizadora, puede tener efectos adversos para las educadoras de párvulos que se desempeñan en el primer nivel de transición en establecimientos educacionales subvencionados, mencionando, entre ellos, el hecho de que los sostenedores trasladen a esas profesionales desde el segundo al primer nivel de transición en cualquier tiempo, las que, en tal evento, pasarían a regirse por las normas del Código del Trabajo y sin cumplirse los procedimientos que permiten excluir a ese personal docente de la aplicación del Estatuto que les es propio. Solicita, además, que este Órgano de Control emita un pronunciamiento de carácter general respecto de la legislación aplicable a las educadoras de párvulos. Al respecto, cabe señalar que en el aludido dictamen N° 5.620, de 2007, se informó que, atendido lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 19.070, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL. N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, se encuentran afectos a ese ordenamiento, entre otros profesionales de la educación, aquellos que prestan servicios en el nivel prebásico de establecimientos que gozan de subvención conforme a lo dispuesto en DFL. N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación. En este sentido, expresa dicho dictamen, que del análisis de las disposiciones del aludido DFL. N° 2, de 1998, tales como los artículos 7°, 8° y 9°, se desprende que sólo pueden impetrar el beneficio de la subvención educacional los establecimientos que imparten enseñanza básica y media, como asimismo los de "enseñanza prebásica del segundo nivel de transición." En estas condiciones, esta Contraloría General concluyó en el aludido dictamen N° 5.620, de 2007, que las educadoras de párvulos que se desempeñan el primer nivel de transición de establecimientos educacionales subvencionados, no se rigen por las disposiciones de la ley N° 19.070, por cuanto, este cuerpo de normas resulta aplicable sólo al personal que ejerce sus labores en la enseñanza que confiere derecho a percibir aquel beneficio, lo que no ocurre tratándose del referido nivel de transición. Expuesto lo anterior, es necesario manifestar que, según lo previsto en los artículos 20 y siguientes de dicha ley N° 19.070, el ingreso de los referidos profesionales a la carrera docente del sector municipal, se realizará mediante la incorporación a su dotación docente, según un procedimiento en el cual tiene intervención el Departamento Provincial de Educación correspondiente, el cual contempla la aprobación de un "Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal". Por su parte, el artículo 29 del referido texto legal, prescribe, en lo pertinente, que los aludidos profesionales serán "designados" para el desempeño de sus funciones mediante la dictación de un decreto alcaldicio, documento que debe contener las especificaciones que indica ese precepto, tales como, tipo de funciones, nivel o modalidad de enseñanza, cuando corresponda, y calidad de la designación. Como es dable apreciar, el aludido estatuto establece, pormenorizadamente, las condiciones y requisitos para el ingreso de un profesional a un empleo docente en establecimientos educacionales que son administrados directamente por una municipalidad y, además, la obligación de estas entidades de consignar, entre las menciones del decreto respectivo, las funciones que debe cumplir el profesional de que se trate y las otras estipulaciones de la relación laboral que exige el mencionado artículo 29. Enseguida, resulta útil precisar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la ley en estudio, los profesionales de la educación que tengan la calidad de titulares, tendrán derecho a la estabilidad en "las horas y funciones establecidas en los decretos de designación" a menos que deban cesar en ellas por alguna de las causales de expiración de funciones indicadas en ese cuerpo normativo. En mérito de lo señalado, cabe anotar, en armonía con lo expresado en el dictamen N° 4.048, de 1993, de esta Entidad Fiscalizadora, que conforme a las referidas normas sobre fijación y adecuación de las dotaciones docentes, una municipalidad puede alterar las especificaciones contenidas en el decreto de designación respecto de un docente, siempre que la nueva destinación corresponda a funciones y a un nivel o modalidad de enseñanza análogas a las que servía el afectado. En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto y las disposiciones legales citadas, esta Contraloría General no advierte que el dictamen N° 5.620, de 2007, pueda ocasionar los efectos adversos a que se alude en la presentación del epígrafe, respecto de las educadoras de párvulos que se desempeñan en el segundo nivel de transición en establecimientos educacionales dependientes de las municipalidades, menos aún, que en virtud de lo en él informado, el sostenedor de esos planteles educativos pueda "trasladar" a esas profesionales del segundo al primer nivel de transición, sin cumplirse con los procedimientos establecidos en la citada ley N° 19.070 y por consiguiente, pasen a regirse por las normas del Código del Trabajo, ya que, tal como se anotó, dichos servidores se encuentran afectos a ese texto estatutario, por lo que cualquier cambio en su vínculo laboral debe hacerse conforme a las disposiciones de la indicada ley N° 19.070. Además, es dable señalar que el pronunciamiento contenido en el dictamen N° 5.620, de 2007, en cuanto a que los educadores que cumplen funciones en el primer nivel de transición de educación pre-básica no se encuentran regidos por la ley N° 19.070, se ve corroborado por las normas que contempla el proyecto de ley que establece una subvención preferencial para niños y niñas socio-económicamente vulnerables, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado (Boletín N° 4030-04), destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de alumnos prioritarios de los establecimientos educacionales subvencionados, que estén cursando, en lo que importa, el primero o segundo nivel de transición de educación parvularia. Por consiguiente, en relación con lo antes expresado, esta Contraloría General estima que, a contar de la fecha en que entre en vigencia ese proyecto de ley y que permitirá que alguno de los establecimientos educacionales regidos por el citado DFL. N° 2, de 1998, puedan tener derecho a subvención, las educadoras de párvulos que se desempeñen en el primer nivel de transición pertenecientes a esos planteles, se regirán por las normas de la ley N° 19.070, toda vez que desde aquella data dichas profesionales ejercerán sus labores en la enseñanza subvencionada: Ahora, en relación con lo solicitado por la Comisión ocurrente, en cuanto a que este órgano de Control emita un pronunciamiento de carácter general acerca de la legislación aplicable a las profesionales de que se trata, es forzoso tener presente, previamente, que según lo establecido en los artículos 1 ° y 6° de la ley N° 10.336, y en armonía con lo expresado en el oficio N° 24.217, de 1991, de este órgano de Control, su competencia le permite pronunciarse sólo respecto de las situaciones que afectan la relación laboral de los profesionales de la educación que cumplen funciones en los establecimientos educacionales que dependen directamente de los departamentos de administración educacional de cada municipalidad y que integran la respectiva dotación docente, ya que ellos tienen el carácter de funcionarios públicos. Asimismo, es útil señalar que, conforme con lo ordenado por el artículo 78 ley N° 19.070, las relaciones laborales entre los profesionales de la educación y los empleadores educacionales del sector particular, serán de derecho privado y se regirán por el Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias en todo aquello que no esté expresamente establecido en el Título IV de esa ley. En este orden de ideas, es preciso considerar que los profesionales de la educación que ejercen sus funciones en establecimientos administrados por las corporaciones creadas por los municipios o en corporaciones educacionales privadas, no tienen la condición de funcionarios públicos. En estas circunstancias, se debe reiterar lo expresado por la jurisprudencia administrativa contenida en el aludido oficio N° 24.217, de 1991 y en los dictámenes N°s. 21.721, de 1991 y 2.658, de 1992, entre otros, en el sentido que corresponde a la Dirección del Trabajo ejercer la fiscalización respecto del cumplimiento de las normas laborales que rigen a los profesionales que ejercen la docencia en escuelas o liceos cuyos sostenedores son personas naturales o entidades de naturaleza privada. Atendido lo precedentemente anotado, es forzoso señalar que esta Entidad Fiscalizadora sólo tiene competencia para pronunciarse respecto de las situaciones relativas al vínculo laboral de los profesionales de la educación que trabajan en planteles educativos que dependen de los mencionados departamentos municipales de administración educacional. En consecuencia, no resulta procedente que esta Contraloría General emita un pronunciamiento de carácter general respecto de la legislación aplicable a las educadoras de párvulos.