Saltar al contenido
c.criterio/Sobre Criterio
Volver al buscador
DICTAMEN N° 020101

los dictamenes, al interpretar la ley, fijan su verdadero sentido y alcance, de modo que tienen efecto retroactivo, y la norma interpretada ha tenido siempre el sentido acordado, produciendose sus efectos desde la fecha de vigencia de la disposicion interpretada. no obstante, la jurisprudencia basada en esa primera interpretacion subsiste mientras permanezca invariable, pues si nuevos estudios o antecedentes autorizan una modificacion interpretativa, ella producira un cambio de jurisprudencia, y en resguardo del principio de seguridad juridica, el nuevo criterio solo produce efectos para el futuro, sin afectar las situaciones acaecidas durante la vigencia de la doctrina que ha sido sustituida por el nuevo pronunciamiento, sin desmedro que si este se origino en la reclamacion de uno o mas interesados, son estos los primeros afectados por el cambio. la reliquidacion de los abonos de tiempo por gracia reconocidos a un exonerado politico, regiran a contar de la fecha de inicio de su pension no contributiva, hasta alcanzar 36 meses, y desde el 1/9/98, conforme la modificacion introducida por ley 19582 a ley 19234, hasta 54 meses. asimismo, respecto al reajuste del 10 por ciento de la rejubilacion que, a juicio del recurrente, le corresponderia desde el 1/5/79, si bien es cierto que los derechos accesorios o derivados del beneficio basico, jubilacion o rejubilacion, son imprescriptibles, ello no obsta a la prescripcion de las sumas devengadas, que no fueron impetradas oportunamente, acorde art/2515 del codigo civil. finalmente, y sin desmedro de lo anterior, de los antecedentes presentados fluye que al calcularse la pension del interesado en 1979, se incluyo el reajuste del 10 por ciento reclamado

Ver documento oficial

Texto completo

N° 20.101 Fecha: 05-VI-2000 Beneficiario de abono de tiempo de afiliación y de pensión no contributiva, obtenidos por gracia en su condición de exonerado político, conforme a lo dispuesto en la ley N° 19.234, solicita de esta Contraloría General la reconsideración del dictamen N° 6.235, del año en curso, por cuanto estima que los abonos de tiempo que se reconocieron en su favor en el dictamen N° 36.757, de 1999, deben regir a contar del 1 de octubre de 1993 y no desde la fecha que indica el pronunciamiento impugnado. Además reitera su solicitud de pago del reajuste de un 10% de su pensión desde el 1 de mayo de 1979. Al respecto, cabe expresar, que por el citado dictamen N° 36.757, esta Entidad de Control dejó establecido que, para los efectos de reliquidar la pensión de rejubilación que el ocurrente había obtenido en 1976, debía considerarse acorde con la ley N° 19.234, la totalidad del tiempo computable que registraba en su vida laboral, incluido el anterior a la primera jubilación que obtuvo en octubre de 1965. Posteriormente, el señor HRL solicitó la revisión de la rejubilación que obtuvo en 1976 y del número de años de abono resultante del mayor cómputo de tiempo reconocido, pero este Organismo de Control, mediante el referido dictamen N° 6.235, no dio lugar a esa revisión, por encontrarse vencido el plazo que para este efecto otorga el artículo 123 del DFL. N° 338, de 1960, informándole, además, que en la medida que el citado dictamen N° 36.757, cambió la jurisprudencia, rige a partir de la fecha de su emisión, esto es, desde el 4 de octubre de 1999. Ahora bien, en lo que concierne a los planteamientos del interesado respecto de los efectos del cambio de jurisprudencia, esta Entidad de Control cumple con precisar, desde luego, que, en general, sus dictámenes, al interpretar la ley, fijan su verdadero sentido y alcance, de modo que, en principio, tienen efecto retroactivo, entendiéndose que la norma interpretada ha tenido siempre el sentido que le ha acordado y, por lo mismo, sus efectos deben producirse desde la fecha de vigencia de la disposición que se interpreta. Sin embargo, la jurisprudencia basada en esa primera interpretación solamente puede subsistir mientras ésta permanezca invariable, ya que si nuevos estudios o antecedentes autorizan una modificación interpretativa, ella debe producir necesariamente un cambio de jurisprudencia, y en esta situación, en resguardo del principio de seguridad jurídica, el nuevo criterio sólo produce efectos para el futuro, sin afectar las situaciones acaecidas durante la vigencia de la doctrina que ha sido sustituida por el nuevo pronunciamiento, sin perjuicio de que si éste se ha originado en la reclamación de uno o más interesados, deban ser los reclamantes los primeros afectados por el cambio. Todo ello, de conformidad con lo resuelto, entre otros, en los dictámenes N°s. 72.479 de 1976 y 37.360, de 1994. Por lo mismo, en la especie, no obstante que la emisión del dictamen N° 36.757, de 1999, ha implicado un cambio de la jurisprudencia sustentada primitivamente en el dictamen N°36.037, de 1996 -que fue reconsiderado a petición del propio interesado- y aún cuando aquél rige desde su emisión, lo cierto es que su doctrina no puede dejar de aplicarse al mismo interesado, toda vez que dicho cambio jurisprudencial se produjo por efecto de su reclamación y es a él, precisamente, a quien debe favorecer en primer término. Además, y por las mismas consideraciones, en este acto se reconsidera el oficio N° 6.235, del año en curso, haciéndose presente que la reliquidación de los abonos que corresponden al recurrente, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes N°s. 19.234 y 19.582, deben regir, a contar de la fecha de inicio de su pensión no contributiva, hasta alcanzar 36 meses, y desde el 1 de septiembre de 1998, en conformidad con la modificación introducida por la última ley citada, hasta 54 meses. Desde otro punto de vista, en lo que atañe al reajuste de un 10% de la rejubilación que, a juicio del interesado le correspondería desde el 1 de mayo de 1979, la Contraloría General debe hacer presente que si bien es válido el planteamiento que hace en cuanto a que los derechos accesorios o derivados del beneficio básico jubilación o rejubilación- como es el reajuste que reclama, son siempre imprescriptibles, ello, no obsta, sin embargo, a la prescripción de las sumas devengadas, que no fueron impetradas oportunamente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil, como lo han señalado, entre otros, los dictámenes N°s. 29.711, de 1967 y 31.227, de 1999, motivo por el cual se reconsidera también, en lo pertinente, el señalado dictamen N° 6.235, de 2000. Con todo, y no obstante lo expresado en el párrafo precedente, debe señalarse que del examen de los antecedentes que existen en este Organismo de Control, se ha podido verificar que a contar del 1 de mayo de 1979, mediante la resolución N° A 89, de ese año, del Ministerio de Hacienda, se fijó la pensión del interesado en la suma de $13.625, 84 mensuales, correspondiendo dicho monto a 26/30 avos del sueldo base del grado 9° de la Escala Única de Sueldos de esa época, incrementado con 26% de bienios, y en ese valor se incluyó el reajuste del 10% que solicita en esta oportunidad, de modo que en la actualidad ese porcentaje no se le adeuda.