Texto completo
N° 18.839 Fecha: 16-IV-2004
Se ha dirigido a esta Contraloría General don XX., ex funcionario del Departamento de Salud Municipal de Alhué, con el objeto de reclamar en contra de los decretos N°s. 5 y 9, de 2003, de ese municipio, mediante el primero de los cuales se le aplica la medida disciplinaria de “término de la relación laboral”, en tanto que por el segundo de ellos se rechaza el recurso de reposición interpuesto por aquél en contra de esa sanción, el cual, según señala, nunca le fue notificado.
Asimismo, el recurrente impugna el oficio N° 8.926, de 2003 -por el cual este Organismo registró con alcance los decretos alcaldicios antes individualizados-, en atención a que, en su concepto, tales actos administrativos debieron ser observados por esta Entidad de Control, atendidas las irregularidades que se habrían presentado en el procedimiento sumarial que fuera instruido en su contra, por lo que solicita que se ordene la reapertura del sumario.
Sobre la materia, es del caso precisar que esta Contraloría General, al estudiar, en su oportunidad la legalidad del procedimiento disciplinario instruido en contra del recurrente, lo estimó ajustado a derecho, razón por la cual, mediante el oficio mencionado, procedió a registrar con alcance los decretos de que se trata.
En ese orden de ideas, es menester precisar que este Ente Fiscalizador en materia de reclamos de medidas disciplinarias, sólo le corresponde velar porque se respeten las normas legales y constitucionales que rigen a los funcionarios públicos, en términos de analizar si la garantía constitucional del debido proceso ha sido debidamente salvaguardada, mediante la correcta aplicación e interpretación de las normas aplicables en la situación que se estudia, de manera que el ejercicio de esa función no convierte a esta Contraloría General en una instancia procesal para que los afectados con esas medidas soliciten dejar sin efecto un acto administrativo dictado por la autoridad competente, sobre la base de la exposición de los mismos hechos que ya han sido investigados en el sumario.
En ese sentido, por tanto, este Órgano de Control no atenderá las alegaciones que se efectúan relativas a los hechos que dieron lugar a la investigación sumaria y que se estimaron debidamente acreditados, en su oportunidad, ni las solicitudes para que cite a declarar a las personas que señala.
Establecido lo anterior, y respecto de la alegación relativa a que la falta de notificación del decreto que rechazó la reposición interpuesta por el interesado, le habría impedido ejercer su derecho a defensa, cumple manifestar que ello no es efectivo toda vez que aun cuando no haya sido notificado formalmente de ese rechazo, como indica, resulta evidente que una vez que tomó conocimiento del referido decreto, ha podido ejercer el presente reclamo ante esta Contraloría General, de modo que la omisión en que se habría incurrido no ha tenido el efecto que se alega, por lo que no puede estimarse un vicio que anule el procedimiento disciplinario de que se trata (aplica criterio contenido en el dictamen N° 55.310, de 2003).
Por otra parte, en relación a la inhabilidad que, a juicio del recurrente, habría afectado a la fiscal designada para investigar los hechos materia del sumario, cabe señalar que la reiterada jurisprudencia de esta Contraloría ha señalado que si bien, de acuerdo con el artículo 127 de la ley N° 18.883 -aplicable en la especie conforme al artículo 4°, inciso primero, de la ley N° 19.378-, el fiscal de un sumario administrativo debe tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario que aparezca involucrado en los hechos, como asimismo, regirse por el mismo cuerpo estatutario de éste, es la propia ley la que, de manera excepcional, establece que si ello no fuere posible, se admitirá que el sumario sea instruido por un funcionario que no tenga dependencia directa con el afectado, y que se rija por el mismo estatuto que él, situación esta última que fue la que precisamente aconteció en el caso que se analiza (aplica dictámenes N°s 30.977, de 1997 y 4.110, de 1998).
En mérito de lo anteriormente expuesto y por haberse encontrado el procedimiento sumarial incoado en contra del señor XX. ajustado a derecho, se desestima la presentación del recurrente, no siendo procedente la reapertura del procedimiento sumarial solicitada.