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N° 17.920 Fecha: 14-V-2002
Ex funcionaria del Instituto Traumatológico, solicita a esta Contraloría General un pronunciamiento en relación con la resolución N° 76, de 2001, de dicho organismo, que declaró vacante su cargo por salud incompatible, acto administrativo que ese servicio dictó fundado en el artículo 145 de la ley N° 18.834
Expresa la peticionaria que con anterioridad a la adopción de esa medida, debido a su precario estado de salud, había iniciado los trámites para obtener su jubilación por invalidez y que la Comisión Médica de la Región Metropolitana N° 4 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, pronunciándose al respecto, determinó que desde el 24 de noviembre de 2000, se encontraba afectada por una invalidez transitoria total.
Agrega, que con motivo de esta incapacidad se le otorgó su jubilación, pero no el beneficio que contempla el artículo 146 de la mencionada ley N° 18.834, que por esa misma razón le correspondía.
Al respecto, cabe tener presente que según los antecedentes que se han tenido a la vista, por la aludida resolución N° 76, de 12 de abril de 2001, el Instituto Traumatológico dispuso la vacancia del cargo que servía la peticionaria, en razón de haber hecho uso de licencias por un lapso superior a seis meses en los dos últimos años, acto administrativo que fue notificado a la ocurrente, el 23 de mayo de 2001, como se desprende del oficio N° 473, de ese mismo año, del citado Instituto.
Enseguida, es dable considerar que por dictamen N° 413.0607/2001, de 19 de abril de 2001, la referida Comisión Médica declaró que desde el 24 de noviembre de 2000, la señora AP, se encontraba afectada por una invalidez transitoria total, pronunciamiento que quedó ejecutoriado el 19 de mayo de 2001.
De lo expuesto se colige, entonces, que el aludido dictamen se perfeccionó y produjo todos sus efectos, a partir del 19 de mayo de 2001, esto es, en una época anterior a aquella en que la referida resolución N° 76, de 2001, del Instituto Traumatológico, fue notificada a la afectada, lo que ocurrió el 23 de mayo de 2001.
Precisado lo anterior, y en lo relativo a la petición específica de la interesada, cabe expresar que el Estatuto Administrativo, aprobado por la señalada ley N° 18.834, después de disponer en su artículo 144 que la declaración de vacancia procede, entre otras causales, por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, establece en su artículo 145 que: "El Jefe Superior del Servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses, en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable".
Como puede advertirse, no obstante la facultad privativa que asiste al Jefe Superior del Servicio para declarar vacante el cargo, si se dan las circunstancias señaladas en el precepto recién transcrito, tal prerrogativa se encuentra sujeta a la condición de que no medie declaración de salud irrecuperable, como establece el artículo 145 de la citada ley 18.834.
En relación con este punto, cabe tener en consideración que en el caso de los funcionarios públicos, afectos al Estatuto Administrativo y afiliados al régimen del decreto ley N° 3.500, de 1980, cuya salud ha sido declarada irrecuperable por la competente Comisión Médica de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, es suficiente la sola emisión del pronunciamiento de esa comisión, notificado en la forma que establece la respectiva normativa, para que el empleado tenga derecho a la licencia de seis meses, con el pago íntegro de sus remuneraciones, que contempla el artículo 146 de la aludida ley N° 18.834.
Ello, por cuanto de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 30, del decreto N° 57, de 1990, de Previsión Social, que aprobó el Reglamento del decreto ley N° 3.500, de 1980, cuando se trate de un primer dictamen ejecutoriado que aprueba una invalidez total o parcial, de un funcionario afecto a la ley N° 18.834, la Comisión Médica deberá notificarlo al empleador, quien a su vez comunicará a la Administradora de Fondos de Pensiones a la cual el interesado se encuentra afiliado, la fecha en que vencerá el beneficio a que se refiere la letra a) del artículo 31 de ese reglamento -el contemplado en el artículo 146 del aludido Estatuto Administrativo- a partir de la cual deberá pagarse la respectiva pensión de invalidez.
Ahora bien, teniendo en consideración que la declaración de invalidez que afectó a la interesada estaba surtiendo plenos efectos, a contar del 19 de mayo de 2001, la notificación de la resolución que disponía la vacancia de su cargo por salud incompatible, efectuada con posterioridad a esa fecha, no pudo producir efecto, atendido que en los términos del artículo 145 del Estatuto Administrativo, la existencia de una declaración de salud irrecuperable, impide al Jefe del Servicio ejercer la facultad para declarar vacante el cargo de la afectada, por salud incompatible.
Atendido lo anterior, el Instituto Traumatológico deberá dejar sin efecto la indicada resolución N° 76, de 2001, procediendo, al mismo tiempo, a efectuar pago de los seis meses de remuneraciones a que tiene derecho la señora AP por mandato del artículo 146 de la ley N° 18.834.