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DICTAMEN N° 017329

El plazo de un año para solicitar a esta Contraloría la revisión de los procesos calificatorios del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, constituye un plazo de caducidad, de modo que el transcurso del mismo a contar de la fecha del decreto o resolución que concedió el retiro, extingue el derecho de interponer el recurso señalado en art/36 de la ley 11595. En estos casos no procede aplicar la invalidación del acto administrativo en el plazo de dos años, a que se refiere el art/53 de la ley 19880, porque ésta es una norma general y común, que no tiene por finalidad suplir o derogar los procedimientos administrativos especiales existentes con anterioridad a su entrada en vigencia, como sucede en el proceso de calificación del personal de Carabineros. Además, la invalidación del acto administrativo debe ser resuelta por la misma autoridad que dispuso la medida irregular, a través de la emisión de un nuevo decreto o resolución que ordene dejarla sin efecto, siempre que ella sea procedente y los vicios de ilegalidad o supuestos erróneos que la justifiquen, fueren fehacientemente acreditados.

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N° 17.329 Fecha: 18-IV-2007 Ex funcionario de Carabineros de Chile, solicita la reconsideración del dictamen N° 665, de 2007, que desestimó la reclamación formulada en contra del proceso calificatorio del año 2004, por haberse presentado fuera del plazo señalado en el artículo 32 del DFL. (I) N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior, en relación con el artículo 36 de la Ley N° 11.595. El recurrente, señala, en síntesis, que el criterio sostenido en el dictamen aludido, no se ajustó al artículo 53 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos del Estado, ya que por tratarse de un precepto general, el plazo de dos años que allí se establece, primaría por sobre el término de un año contemplado en el artículo 32 del DFL. (I) N° 2, de 1968, para solicitar la revisión del proceso calificatorio respectivo. Sobre el particular, cabe señalar que el citado artículo 32 del DFL. (I) N° 2, de 1968, dispone que el personal de Carabineros de Chile, para tener derecho al recurso que establece el artículo 36 de la Ley N° 11.595, deberá interponerlo ante la Contraloría General de la República, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha del decreto o resolución que le concede el retiro. Enseguida, el mencionado artículo 36 de la ley N° 11.595, preceptúa que el personal de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros que haya sido llamado a retiro por resolución de las Juntas Calificadoras de Méritos, tendrá derecho a que se modifique el decreto respectivo cuando la resolución de retiro hubiese sido declarada ilegal por la Contraloría General de la República. De las normas citadas, es posible inferir que el término fatal de un año establecido para solicitar a esta Entidad de Control la revisión de los procesos calificatorios en cuestión, constituye un plazo de caducidad, de modo que el transcurso del mismo a contar de la fecha del decreto o resolución que concedió el retiro, extingue el derecho de interponer el recurso establecido en el mencionado artículo 32. Ahora bien, es oportuno hacer presente que la atribución de este Organismo Fiscalizador, para revisar los procedimientos de calificación del personal de Carabineros de Chile en virtud del recurso en comento, es de carácter excepcional, debiéndose dar una aplicación restrictiva, toda vez que su ejercicio por parte del interesado se encuentra acotado, sólo a los casos que contempla el artículo 32 del DFL. (I) N° 2, de 1968, en relación con el artículo 36 de la Ley N° 11.595, esto es, cuando a consecuencia directa o inmediata de la evaluación realizada se ha calificado a un funcionario en Lista N° 4, de Eliminación, o por segunda vez consecutiva en Lista N° 3, de Observación, motivo por el cual procede en favor del funcionario que ha sido incluido en lista de retiro, y siempre que éste haga valer ante esta Entidad de Control, su derecho dentro del plazo fatal de un año contado desde la fecha del decreto o resolución que concede el retiro. Enseguida, y sin perjuicio de lo expuesto, es necesario referirse a la argumentación del recurrente en orden a pretender que en la situación que le afecta, debió aplicarse el plazo de dos años establecido en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, ya citado, por tratarse de una norma general que debió primar por sobre el plazo de un año indicado en el tantas veces citado artículo 32 del D.F.L. (I) N° 2, de 1968. Al respecto, es dable manifestar que la ley N° 19.880, constituye un marco normativo general y común, que en ningún caso tiene por finalidad suplir o derogar los procedimientos administrativos especiales existentes con anterioridad a su entrada en vigencia, como sucede respecto del proceso de calificación del personal de Carabineros de Chile, cuyas disposiciones priman en la materia que regula por sobre las normas generales establecidas en aquella ley. Por consiguiente, en la situación de la especie, el artículo 32 del DFL. (I) N° 2, de 1968, que establece un plazo de un año para solicitar la revisión del proceso de calificación ante la Contraloría General de la República, constituye una disposición especial que debe preferirse en su aplicación por sobre otra norma contenida en la referida Ley N° 19.880, la que, por lo demás, no contempla un recurso como el indicado en el presente análisis. En efecto, el citado artículo 53, que se ubica en el Capítulo IV, de la Ley N° 19.880, Revisión de los Actos Administrativos, Párrafo 1°, Principios Generales, regula la institución de la Invalidación, señalando que la autoridad administrativa podrá de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto, para agregar en sus incisos siguientes que la invalidación podrá ser total o parcial y que el acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario. A su turno, es útil señalar, como lo ha manifestado esta Contraloría General, en sus dictámenes N°s 8.099, de 1973 y 9.883, de 2003, que la invalidación del acto administrativo debe ser resuelta por la misma autoridad que dispuso la medida irregular, a través de la emisión de un nuevo decreto o resolución que ordene dejarla sin efecto, siempre, por cierto, que la invalidación sea procedente y los vicios de ilegalidad o supuestos erróneos que la justifiquen, fueren fehacientemente acreditados. Por lo anterior, y dado que este Organismo de Control carece de competencia para invalidar un acto administrativo en los términos expuestos, no es admisible aplicar el plazo de dos años contemplado en el mencionado artículo 53, para que esta Entidad de Control ejerza una facultad distinta de aquella para la cual se establece dicho término. Además, cabe recordar que la declaración que sobre la legalidad de los procesos calificatorios realice acorde al artículo 36 de la Ley N° 11.595, sólo constituirá el fundamento o causa del acto invalidatorio que en su virtud deberá dictar la autoridad competente. Siendo ello así, no corresponde entender, como pretende el recurrente, que en dicho plazo de dos años pueda plantear la revisión del proceso calificatorio, cuyo término se encuentra expresamente señalado en el artículo 32 del DFL. (I) N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. Por lo tanto, procede desestimar la reclamación contenida en la presentación. Ahora bien, respecto a la aplicación supletoria de la Ley N° 19.880, cabe anotar que conforme con su artículo 1°, en caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, dicha ley de bases se aplicará con carácter subsidiaria. Enseguida, cabe recordar que esa supletoriedad procederá frente a la omisión o falta de regulación de algún aspecto del procedimiento administrativo por parte de la normativa especifica, pero además, como lo ha manifestado esta Contraloría General en su dictamen N° 3.825, de 2005, entre otros, es necesario que la aplicación supletoria sea conciliable con la naturaleza del respectivo procedimiento especial, toda vez que su objetivo es solucionar los vacíos que éste presente, sin que pueda afectar o entorpecer el normal desarrollo de las etapas o mecanismos que dicho procedimiento contempla para el cumplimiento de la finalidad particular que le asigna la ley. En consecuencia, en mérito de lo expuesto, se desestima la presentación del señor XX. Confírmese el dictamen N° 665, de 2007.