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N° 17.233 9-V-2002
Doña XX, en su calidad de Concejala de una Municipalidad se ha dirigido a esta Entidad Fiscalizadora reclamando en contra del actuar de la Alcaldesa de la misma por haber infringido el artículo 79, letra h), inciso segundo de Ley N° 18.695, al no proporcionarle copia de determinados documentos a fin de fiscalizar la gestión del Municipio, solicitando se adopten las medidas tendientes a sancionar dicha transgresión.
Igualmente, indica que, en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, solicitó información al Jefe de la Unidad de Control, quien se limitó a entregarle copia del Dictamen N° 38.518, de 1999 -en el entendido que no correspondería informarle- sin dar respuesta alguna, de modo que, a su entender, se ha infringido el artículo 29, letra d) de Ley N° 18.695, por lo cual solicita se precise si ese funcionario se encuentra en la obligación de dar respuesta a su petición.
La Municipalidad respectiva ha informado, mediante los correspondientes oficios, estimando que su proceder se ha ajustado a derecho.
AI respecto, cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79, letra h) de Ley N° 18.695 -según la modificación introducida por artículo 1°, N° 36, letra d) de Ley N° 19.602 al concejo le corresponderá, citar o pedir información, a través del Alcalde, a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia, añadiendo el inciso segundo que la facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, la que deberá formalizarse por escrito al concejo, y finalmente su inciso tercero que el Alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no mayor de veinte días.
Enseguida, cabe destacar lo preceptuado en el artículo 87 de la misma Ley N° 18.695, que dispone que todo concejal tiene derecho a ser informado plenamente por el Alcalde o quien haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la corporación. Este derecho debe ejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal, debiendo el Alcalde dar respuesta en el plazo máximo de quince días, salvo en casos calificados en que aquél podrá prorrogarse por un tiempo razonable a criterio del concejo.
Así, según se deduce de las normas transcritas, existen distintos mecanismos y procedimientos por los cuales el concejo o un concejal, individualmente considerado, puede ejercer sus funciones fiscalizadoras, respecto del accionar del Alcalde o de otros funcionarios o unidades municipales, según sea el caso.
Antes de la entrada en vigor de Ley N° 19.602, había que distinguir entre las facultades fiscalizadoras radicadas en el concejo como cuerpo colegiado -artículo 79, letra h)- y las del concejal individualmente considerado referido en el artículo 87 de la citada ley. Pues bien, con la dictación- de Ley N° 19.602 y, específicamente, con la incorporación del inciso segundo del artículo 79, letra h) que señala textualmente que “la facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, la que deberá formalizarse por escrito al concejo”, es indudable que existe un nuevo mecanismo por el cual se puede solicitar información al Alcalde, radicada en el concejal -si bien que formalizada a través del concejo- y, a su vez, ha quedado subsistente el mecanismo por el cual un concejal puede solicitar información al Alcalde directamente, sin la intermediación del concejo en virtud de lo preceptuado en el artículo 87 de Ley N° 18.695, pero con las limitaciones que ahí se indica, esto es, que este derecho debe ejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal.
A lo anterior hay que añadir que, en tanto que el inciso primero del artículo 79, letra h) de la ley en comento, trata de un acuerdo del concejo por el cual se solicita la información, el inciso segundo trata de una iniciativa directa de un concejal requiriéndola, precisando que debe formalizarse ante el concejo, el cual la canalizará a través del Alcalde para que, a su vez, la requiera a los organismos o funcionarios municipales. En ambos casos, la obligación correlativa al derecho a ser informados de los concejales, ya sea actuando como cuerpo o un concejal, a través del concejo, se cumple entregando fotocopia de los antecedentes que le fueren requeridos. (Aplica criterio contendido en el Dictamen N° 46.819, de 1999).
En cambio, tratándose de la situación descrita en el artículo 87 de la citada Ley N° 18.695, según ha señalado la jurisprudencia de esta Entidad Superior de Control, la obligación del Alcalde de informar al Concejal respecto de la marcha y funcionamiento de la corporación, debe ejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal situación que debe ser calificada en cada caso, no encontrándose la autoridad edilicia obligada a proporcionar las fotocopias de los antecedentes solicitados.
En la especie, según consta de los antecedentes tenidos a la vista, la concejala recurrente, durante la celebración de una sesión de concejo, solicitó verbalmente a la Alcaldesa, se le proporcionara una copia del presupuesto aprobado para el año 2001 y, posteriormente, en una nueva sesión y en forma escrita, la copia de ese instrumento financiero así como otros documentos, entre otros, los antecedentes de la designación de Alcalde subrogante.
De este modo, es dable manifestar que la información solicitada a la Alcaldesa, no lo ha sido a través del concejo, para que éste como cuerpo colegiado la solicite al Alcalde, como lo exige el citado artículo 79 letra h) en comento. (Aplica criterio contenido en los Dictámenes N°s. 4.231 y 5.236, ambos de 2002).
En consecuencia, las peticiones formuladas por la concejala ocurrente, han debido satisfacerse por la Alcaldesa, proporcionando la información requerida, toda vez que dicen relación con la marcha y funcionamiento de la Corporación. Ahora bien, como en el caso se trataba de la copia del presupuesto aprobado, dado que éste es un acto formal, sólo podía satisfacerse entregando la copia requerida, en el plazo que indica la ley.
Con todo, según consta de los antecedentes tenidos a la vista, por Decreto N° 3.206, de 27 de diciembre de 2000, fue aprobado el presupuesto municipal, remitiéndose copia del mismo a los concejales -incluida la concejala recurrente-. Igualmente, en sesión extraordinaria de 15 de diciembre del año 2000, consta que la Alcaldesa informó al mismo concejo sobre la designación de Alcalde Subrogante.
Así pues, corresponde desestimar este reclamo por no existir infracción a lo dispuesto en el artículo 79, letra h) de Ley N° 18.695, toda vez que, como se ha dicho, no se cumplió, por parte del Concejal, con la formalización de la petición a través del Concejo, ni tampoco se advierte una infracción a lo dispuesto en el artículo 87 de la misma ley.
Por otra parte, respecto de la actuación del Jefe de la Unidad de Control quien, ante una petición de la ocurrente, se habría negado a proporcionar la información requerida por estimar que un concejal debe actuar siempre a través del concejo a fin de solicitarle información, es dable advertir que la materia en consulta se encuentra expresamente regulada en el artículo 29, letra d) de Ley N° 18.695, que a diferencia del artículo 79, letra h) de esa ley, que trata de la información que se solicite respecto de los organismos o funcionarios municipales, en general, precisamente alude a la referida unidad.
En efecto, prescribe el citado artículo 29, letra d) de Ley N° 18.695, que a la unidad encargada del Control le corresponderá, entre otras funciones, colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informa trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario. En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que el formule un concejal.
Ahora bien, el alcance del precepto en cuestión fue analizado en el Dictamen N° 38.518, de 1999, que en relación a la obligación de responder por escrito las consultas o peticiones que individualmente le formule un concejal, concluyó que las unidades de control municipal, deben -en cumplimiento de lo prescrito en ese precepto- dar respuesta a los requerimientos que le formule un concejal, aun cuando esas peticiones no estén relacionadas, en forma directa, con los informes trimestrales anuales del estado de avance del ejercicio presupuestario que están obligadas a elaborar.
Vale decir, en la especie, la recurrente, en ejercicio de la facultad que le confiere el mencionado artículo 29 en su letra d), estaba habilitada para solicitar al Jefe de la Unidad de Control la información que requirió, y éste a su vez, se encontraba en el imperativo de proporcionarle la información requerida.
En consecuencia, la Municipalidad deberá adoptar las medidas que correspondan a fin de que se corrija la situación observada y, en lo sucesivo, se cumplan los mecanismos que prevé la ley, particularmente, lo dispuesto en el artículo 29, letra d) de Ley N° 18.695.